Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a CLAUDIA ELIZABETH SOLORIO CÁRDENAS, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por oficio presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias relativas al convenio celebrado por las partes el veintidós de ese mismo mes y año, dentro del juicio laboral número 838/2019. Así, en auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por parte de la responsable. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable. "La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice los tramites que sean necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada que tiene residencia en esta ciudad, dentro del plazo a que se refiere el numeral conforme al cual la Junta responsable substancia el procedimiento de origen (873 de la Ley Federal del Trabajo); y, En caso de no desahogarse la audiencia programada a las trece horas del dieciocho de octubre del año actual, la junta responsable deberá proveer en agendarla dentro del término que para tal efecto establece el aludido artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." - La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 838/2019, tuvo por exhibido el convenio celebrado por las partes, lo aprobó y sancionó, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado y al no existir materia sobre la cual fallar, ordenó el archivo definitivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo Bajo tales circunstancias, se estima innecesario analizar si la responsable cumplió o no con el fallo protector, toda vez que si los efectos de la sentencia de amparo vinculaban a la junta laboral responsable, para que realizara los trámites necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada en el litigio laboral 838/2019 y agendara fecha para la audiencia en el término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, si en la especie se acreditó que en el juicio de donde emana el acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de conceder la tutela constitucional, dado que, con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por exhibido el convenio celebrado por las partes en dicho juicio, lo aprobó y sancionó, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado y al no existir materia sobre la cual fallar, ordenó el archivo definitivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido; de ahí que, resulte estéril realizar el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por tanto, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, al no subsistir el acto reclamado contra el que se hizo valer y existir una imposibilidad legal para cumplirla, en términos del artículo 196, segundo párrafo de Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 2ª./J.2/2008, localizable en la página 431, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Asimismo, se encuentra orientación en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, contenido en la Tesis XVII.1o.C.T.8 K (10a.), localizable en la página 1527, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "QUEJA SIN MATERIA. ASÍ DEBE DECLARARSE LA INTERPUESTA CONTRA EL DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL EXISTIR CONVENIO ENTRE LAS PARTES QUE DIO POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN. Si la recurrente se duele del indebido desechamiento del incidente de inejecución de sentencia por parte del Juez Federal y si éste posteriormente a esa resolución, en términos del numeral 105 de la Ley de Amparo determinó la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector ante la existencia de un convenio celebrado entre las partes que da por concluido el juicio de origen, es evidente que el recurso que tiene por objeto determinar a quién corresponde calificar la procedencia del incidente de inejecución queda sin materia, en tanto que dejó de existir el presupuesto para hacer tal calificativa, al resultar excusable el posible incumplimiento de la autoridad responsable de la ejecutoria de amparo." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de veintisiete de septiembre del año en curso, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. SE DA CUENTA CON OFICIO Asimismo, agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa que el veintidós de noviembre del año en curso, compareció la aquí quejosa Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas y la parte demandada del juicio de origen Laboratorios Senosian, sociedad anónima de capital variable, para celebrar un acuerdo conciliatorio, mismo que se tuvo por cumplido ante la autoridad responsable y ordenó el archivo definitivo del expediente natural de donde deriva el acto reclamado, asimismo, remitió las constancias con las cuales lo acredita VISTA A LAS PARTES. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo conducente en el asunto en que se actúa. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído de manera personal a la parte quejosa y a la autoridad responsable por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 644/2021, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. LEONEL LÓPEZ PÉREZ, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 644/2021, promovido por Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario a la misma, ambos con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente . A lo anterior, EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ acuerda: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Ahora bien, de autos se advierte que en el presente juicio se reclama dentro del expediente juicio ordinario laboral 838/2019 se reclaman los siguientes actos: a) Omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial; y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; y, b) Omisión de emplazar a la parte demandada dentro de dicho procedimiento laboral. Dada la naturaleza de los actos reclamados y el sentido en que resolverá el presente asunto, no se advierte que en la especie sea procedente reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y, b) Actuario adscrito a la Junta citada, con sede en esta ciudad EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que la responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, por conducto de la Auxiliar en Funciones de Presidenta por Ministerio de Ley, adjuntó a su informe de ley, recibidas mediante auto de trece de septiembre del año en curso, mismas que el Actuario adscrito a la citada junta se adhirió, las cuales obran glosadas en el expediente en que se actúa. Documentales anteriores que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los alegatos que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por perdido el derecho a las partes para formular alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 644/2021, promovido por Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario a la misma, ambos con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitido el seis siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por razón de turno, Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas, por conducto de su apoderado José Luis Nieto Millán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario a la misma, ambos con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1°,8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos omisivos de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, de manera que el conocimiento del caso se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables dentro del juicio ordinario laboral 838/2019, en la presente instancia constitucional, consisten en: a) Omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial; y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; y, b) Omisión de emplazar a los demandados que tienen su domicilio en esta ciudad, dentro de dicho procedimiento laboral. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables se desprende que son ciertos los actos reclamados. Lo anterior, se corrobora con las constancias que la junta responsable remitió junto con su informe justificado; a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Conceptos de violación. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mato 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación aducidos en el escrito inicial, son esencialmente fundados, por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues ". la justicia tardía es una forma de injusticia.". En el caso, se desprende que la aquí quejosa presentó su demanda ante la Oficialía de Partes Común de la Junta Especial Número 7 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, Michoacán; luego, mediante acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve la citada junta se declaró incompetente y ordenó remitir la demanda a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, tuvo por recibida la demanda laboral en comento y la registró juicio ordinario laboral 838/2019, ordenando emplazar a la parte demandada y señaló las doce horas del doce de febrero de dos mil veinte fecha para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia inicial. Luego, la junta responsable ha señalado diversas fechas para el desahogo de la audiencia inicial sin que a la fecha se llevara a cabo por la falta de emplazamiento de la parte demandada Ixchel Ruíz Pérez, José Ruíz Velasco González y Eduardo Villamontes Sánchez y/o en contra de quien resulte responsable de la fuente de trabajo que se ubica en calle Patamba, sin número a un lado del número 48 y frente al número 37 en la Colonia Lomas de Guayangareo. De igual forma se observa en autos que la junta responsable el catorce de junio de dos mil veintiuno, señaló las trece horas del dieciocho de octubre del año actual, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Tales circunstancias patentizan que las responsables inobservaron lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues de las constancias remitidas por las responsables se desprende que, al menos desde el tres de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que recibió la demanda laboral la junta responsable, hasta el momento en que se emite la presente determinación, no ha celebrado la audiencia inicial; dado que en principio se fijaron diversas fechas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que no obraban los emplazamientos de los demandados siguientes: ? Ixchel Ruíz Pérez, José Ruíz Velasco González y Eduardo Villamontes Sánchez y/o en contra de quien resulte responsable de la fuente de trabajo que se ubica en calle Patamba, sin número a un lado del número 48 y frente al número 37 en la Colonia Lomas de Guayangareo, en esta ciudad. De igual forma, el catorce de junio del año actual, la junta responsable señaló como fecha para la audiencia inicial las trece horas del dieciocho de octubre del año actual, esto es, fuera del término de quince días previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo1. No pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. 1 Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley". Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia de contenido literal siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis 294/2018. Entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Mónica Jaimes Gaona". Sin embargo, a la fecha en que esto se resuelve, ya ha transcurrido en demasía el propio término fijado por nuestro Máximo Tribunal; por tanto, era necesario que la autoridad señalada como responsable realizara el pronunciamiento relativo al señalamiento de la fecha y hora de la audiencia inicial en el controvertido de origen, dentro del plazo legal. Apuntado lo anterior, en el presente asunto, desde el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en que se tuvo por recibida la demanda inicial de la aquí quejosa no se ha verificado el emplazamiento de los demandados que tienen residencia en esta ciudad y se señaló una fecha lejana para que tenga verificativo dicha audiencia; por lo que a la fecha en que se actúa, han transcurrido aproximadamente más de dos años; término que excede en demasía el referido por el Máximo Tribunal del país para efecto de que se realice el pronunciamiento atinente. No pasa por alto que, con motivo del brote de la enfermedad COVID-19, se han suspendido plazos y términos en diversos órganos jurisdiccionales en toda la República Mexicana; sin embargo, dicha situación no justificaría la omisión en que incurren las responsables, toda vez que existen diversos mecanismos para laborar a fin de salvaguardar la integridad del personal, pues resulta un hecho notorio que incluso las responsables rindieron el informe justificado que les fue requerido. Consecuentemente, lo procedente es otorgar a la quejosa Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: ? La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice los tramites que sean necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demanda que tiene residencia en esta ciudad, dentro del plazo a que se refiere el numeral conforme al cual la Junta responsable substancia el procedimiento de origen (873 de la Ley Federal del Trabajo); y, ? En caso de no desahogarse la audiencia programada a las trece horas del dieciocho de octubre del año actual, la junta responsable deberá proveer en agendarla dentro del término que para tal efecto establece el aludido artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Lo anterior, a fin de restituir a la parte amparista en el goce de sus derechos humanos transgredidos, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Elizabeth Solorio Cárdenas, en contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y al actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, en base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. ESPERANZA FUENTES REYES

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. REMITEN INFORMES JUSTIFICADOS. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que lo suscriben rinden informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable Auxiliar en funciones de Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, envía como sustento de su informe justificado, misma que hace suya la actuaria adscrita a dicha junta; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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