Claudia Lombera Gómez
Expediente 3/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Lombera Gómez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. DEVUELVE ASUNTO POR NO ACEPTAR COMPETENCIA. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, en el que se inserta el auto de catorce de los corrientes, y se remite el cuaderno de amparo número 6/2019, del índice de dicho juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Solís Rumbo, quien se ostenta apoderado de la quejosa Claudia Lombera Gómez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En ese tenor, del referido auto que se inserta en el oficio con el que se da cuenta, se desprende que el Secretario encargado del despacho del órgano jurisdiccional residente en Uruapan, Michoacán determinó no aceptar la competencia para conocer del libelo que le dio origen al presente asunto, sustentándose medularmente en lo siguiente. Además de los proveídos de veinticinco de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, la quejosa también reclama tanto la falta de notificación de tales acuerdos, como la omisión del juez responsable de tomar en consideración los argumentos vertidos por la propia promovente, en torno a que sus menores hijas vivían con ella y fueron arrebatadas por su padre; Que las omisiones referidas en último lugar no tienen ejecución material; Por tanto, si se considera que la demanda de amparo constituye un todo y debe ser interpretada en su integridad, entonces, resulta factible concluir que, en la especie, se actualiza el tercer supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de amparo; consecuentemente, el conocimiento del asunto le corresponde al órgano jurisdiccional ante el que se presentó el libelo inicial. Sin embargo, el suscrito juzgador, de manera respetuosa, no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, por las razones que se expresan a continuación. Como ya se precisó por ambos órganos de control constitucional, del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden diferentes reglas para establecer la competencia, a saber: Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; Ahora, al declinar la competencia, este órgano jurisdiccional sostuvo toralmente que: "Además, de las manifestaciones realizadas, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo, se obtiene que el juicio del que derivan los actos reclamados se tramita en la ciudad de Lázaro Cárdenas; que la única autoridad responsable, tiene su domicilio en esa misma ciudad; y, que actualmente las menores viven en la mencionada ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que allá realizan todas sus actividades cotidianas. También se obtiene que la quejosa Claudia Lombera Gómez, tiene su domicilio en la calle Fresa, lote 8, manzana 3, colonia Taxistas; y, el señalado tercero interesado Omar Alid González Orozco, el ubicado en la calle Juan de Dios Arias número 272, colonia Pié de Casa, ambos en la referida ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esto permite concluir que los efectos y consecuencias de las actuaciones necesariamente se verificarán en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; porque ambos contendientes viven allá, en dicho sitio las menores realizan sus actividades, porque la autoridad tiene su residencia en ese mismo lugar y porque no se advierte que alguno de los actos pudiera materializarse en esta ciudad capital o por lo menos dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Máxime, si se considera que la guardia y custodia se ejerce en la ciudad referida en multiplicidad de ocasiones y que la orden de restricción impide que la madre se acerque a las menores que tienen su residencia en dicho municipio en donde tienen todas sus actividades; aunado al hecho de que la falta de notificación que se reclama tendrá efectos positivos por estar íntimamente relacionada con las determinaciones reclamadas, de modo que sus efectos necesariamente se trasladarían al lugar en que se tramita el juicio de origen. Lo anterior, permite establecer que, en la especie, respecto de los actos reclamados, se actualiza la primera regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate de ejecutar, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan; tal conclusión se debe toralmente al hecho de que la ejecución del acto se materializa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, acorde con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del mismo año, que establece: "XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda ni la suspensión del acto reclamado, por no actualizarse alguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en turno, que se considera competente legal, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias que integran el cuaderno en que se actúa; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada." Luego, no pasa inadvertido que, en efecto, la quejosa Claudia Lombera Gómez señaló como actos combatidos los siguientes; La falta de notificación personal de los autos de veinticinco de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, dictados en el expediente 90/2018, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; a través de los cuales, respectivamente, se estableció que Omar Alid González Orozco ejercería provisionalmente la guardia y custodia de sus menores hijas Jatziry y Jazmín, ambas de apellidos González Lombera; y, se emitió una orden de restricción respecto de la aquí quejosa, para acudir a la residencia habitual, lugar de estudios o donde cotidianamente salgan a pasear las menores; y, La omisión del juez responsable de tomar en cuenta los argumentos de la quejosa los argumentos vertidos por la propia promovente, en torno a que sus menores hijas vivían con ella y fueron arrebatadas por su padre; Sin embargo, aun cuando la peticionaria del amparo señaló como actos reclamados destacados las anteriores omisiones; la realidad es que la precisada en segundo lugar, no puede considerarse propiamente como un acto reclamado; porque, en todo caso, se trata de un vicio atribuido al proveído mediante el cual se estableció la guardia y custodia de las menores menores hijas Jatziry y Jazmín, ambas de apellidos González Lombera, en favor de Omar Alid González Orozco. Pero, aun si se considerara como un reclamo destacado, se plantea no como una omisión simple y llana, sino que atendiendo al contenido de la demanda, necesariamente tendría que entenderse como un acto negativo con efectos positivos, debido a que dicha omisión se habría traducido o materializado en la determinación de la guarda y custodia provisional de las menores involucradas en la contienda natural; es decir, que la omisión atribuida al juzgador natural habría dado génesis a la decisión adoptada por el juez señalado como responsable, pues se indica que tal determinación se emitió en ese sentido específico con motivo, entre otras cosas, por la omisión de tomar en cuenta las alegaciones de la quejosa, lo que constituye un efecto positivo atribuido a dicha omisión. Por lo tocante a la diversa omisión de notificar de manera personal los autos de veinticinco de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, dictados en el expediente del que emanan los actos reclamados; también se estima que tales omisiones son de naturaleza negativa con efectos positivos. Se considera así, porque, de igual forma, del análisis integral de la demanda se obtiene que la falta de notificación personal aducida de los proveídos de veinticinco de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, se tradujo en que se hiciera nugatorio el derecho de la actora, aquí quejosa, para impugnar las determinaciones contenidas en tales acuerdos; tan es así, que la propia quejosa aduce que como efecto de dichas omisiones se le colocó en estado de indefensión En ese sentido, de acuerdo con el planteamiento formulado por la peticionaria del amparo, tales omisiones generaron la pérdida de su derecho a impugnar los proveídos, también señalados como reclamados en el presente juicio, lo que a su vez provocó que se ejecutaran las determinaciones ahí contenidas; esto es, que actualmente su contraparte ejerza la guarda y custodia de sus menores hijas, así como el hecho de que se encuentre impedida para acercarse a dichas infantes virtud a las orden de restricción emitida en su contra. De modo que, válidamente puede concluirse que a éstas se les atribuyen efectos positivos que implicarían una ejecución, puesto que no se combaten de forma aislada, sino que generaron el efecto directo e inmediato de que se emitieran en un sentido determinado las diversas resoluciones reclamadas, así como la pérdida del derecho procesal de la aquí quejosa a impugnarlas, permitiendo a su vez su ejecución; de manera que los efectos positivos de las omisiones reclamadas impactaron directamente en el proceso de origen, el cual se tramita en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que aunado a que las resoluciones reclamadas también tuvieron ejecución en dicha ciudad, respetuosamente se insiste en que la competencia legal para conocer del asunto corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente la siguiente tesis: "Época: Sexta Época Registro: 813526 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Informes Informe 1960 Materia(s): Común Tesis: Página: 32 AMPARO. SUS EFECTOS EN RELACION CON LA NATURALEZA POSITIVA O NEGATIVA Y MODO DE EXPRESAR LOS ACTOS RECLAMADOS. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, "la sentencia que lo conceda tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija". Ahora bien, el artículo 16 constitucional otorga la garantía de que todo mandamiento de autoridad competente, además de constar por escrito, funde y motive la causa legal del procedimiento. De ahí que consagre desde el punto de vista del que se ocupa esta sentencia por un lado, una garantía definidamente formal, como lo es la consistente en la expresión de los motivos y fundamentos legales del acto, y por otro lado, una garantía material, como lo es la consistente en la existencia real de los motivos del acto y en la vigencia y aplicabilidad de las leyes invocadas (a reserva de que dichos motivos se comprueben por la propia autoridad, si su acto llega a impugnarse). En consecuencia, serán diferentes los efectos del amparo según que la garantía violada sea la formal o la material. Pero en cada caso es indispensable distinguir, además, si el acto violatorio de garantías es de carácter positivo o negativo, y, asimismo, distinguir dicho carácter o naturaleza intrínseca del acto como positivo o negativo, del simple sentido en que se exprese, adoptando una forma positiva o negativa. Esta última diferencia resulta imprescindible, porque la Ley solo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. Así, el acto será de carácter o naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva, esto es, en una abstención en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la ley conceda para que ingrese al patrimonio jurídico de los ciudadanos una vez emitido el acto de la autoridad; en tanto que será de naturaleza o de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la autoridad responsable pretende, equivocada o maliciosamente que es lo que la ley ordena, redundando el acto en la imposición de una carga o en la privación de un derecho que ya figura en el patrimonio jurídico del quejoso. Para darse a conocer el acto de naturaleza o carácter positivo o negativo será diferente, por tanto, que se use una forma de expresión a su vez negativa o positiva; pues el acto de la autoridad bien puede consistir en negarse a derogar una prohibición injustificada y en tal caso, aunque expresado en forma negativa, su naturaleza es positiva, puesto que entraña la privación del ejercicio de algún derecho; o bien, en hipótesis contraria, puede expresarse positivamente mediante un mandato imperativo, pero será de naturaleza negativa si el mandato impone a la autoridad una conducta omisiva o de abstención. Así, entonces cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenado o prohibiendo, para definir la naturaleza o carácter negativa de su acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso algo que en derecho le corresponde; o, para definir su carácter positivo, si el acto redunda en imponer al quejoso alguna carga a la que no se está obligado, o en privarlo ilegal o ilícitamente de algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Hechas estas aclaraciones, resulta, en cuanto a las garantías que otorga el artículo 16 constitucional que la violación de la forma tiene carácter o naturaleza negativa, puesto que consiste en la abstención de expresar los motivos y fundamentos del acto; en tanto que la violación de la materia tiene carácter o naturaleza positiva, puesto que consiste en la actuación de la autoridad con redundancia en imponerle al quejoso una carga que no le corresponde o con redundancia en privarlo de algo que figura en su patrimonio jurídico. Por ello es que le efecto del amparo, en el primer caso, consistirá en obligar a que se respete la garantía formal, y, en consecuencia, en dejar expedito el ejercicio de sus atribuciones la autoridad, para que posteriormente o bien ésta omita el propio acto en el sentido en que lo estima procedente, pero ya conforme a la ley aplicable y según sean los motivos que la determinan para actuar, o bien, si el acto no fue probado por petición del quejoso, se abstenga de dictarlo, si dicha autoridad estima que así procede legalmente. En el segundo caso, es decir, por violación de la garantía material, a su vez pueden distinguirse dos situaciones: a) que el acto carezca de motivos, si así se desprende del informe de la autoridad, o que ésta no llegue a comprobar la existencia de los que invocara; b) que el acto carezca de todo apoyo legal y así también se desprenda del informe de la autoridad, o bien, que en forma equivocada o maliciosa, casos en los que es presumible la ausencia de todo apoyo legal, se hayan invocado como sus fundamentos, disposiciones inaplicables. En cualquiera de estas situaciones, si el acto tuvo por redundancia imponer carga no correspondiente al quejoso, o privar a éste de un derecho existente en su patrimonio jurídico, el efecto del amparo, al deber restituirse al quejoso en el pleno goce de las garantías violadas conforme al artículo 80 de la ley de la materia, será restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, liberándolo de la carga impuesta o no impidiendo de el ejercicio o el disfrute del derecho existente en su patrimonio jurídico. En la especie, según ya se examinó al principio de este considerando, la autoridad expresó pero no demostró la existencia de los motivos que determinaron el acto que le fue reclamado. En consecuencia, consistiendo éste en una conducta comisiva a cuya virtud se le impusieron determinadas cargas al quejoso, el efecto del amparo debe ser el que se le restituya en el goce de las garantías violadas, y por tanto, que se le libere de las cargas en cuestión, puesto que de plano queda inexistente el acto omitido por la autoridad responsable. Se confirma la sentencia recurrida y se concede el amparo solicitado. Amparo 4738/57. "Telas Nuevas de Calidad", S. A. 26 de octubre de 1960. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XL, Tercera Parte, página 26, tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS." El énfasis es añadido. Cabe señalar que un criterio similar sobre el tema de que un acto negativo como la falta de emplazamiento a un juicio puede tener efectos positivos que deben atenderse para fijar la competencia legal, sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2017 de su índice, sustentado entre los Juzgados de Distrito Segundo y Sexto, ambos en el Estado de Michoacán. Lo anterior, aunado al hecho de que la quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las determinaciones de decretar la guardia y custodia de sus menores hijas a favor del aquí señalado como tercero interesado, y de emitir diversas órdenes de restricción; que todas las consecuencias generadas con motivo de los actos negativos (con efectos positivos), se trasladen e impacten directa y necesariamente en proceso -que se tramita en el Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas-; y, que no exista algún indicio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, permiten insistir en que la competencia para conocer de la demanda de garantías se surte en favor de la Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan; por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que determine lo que en derecho corresponda, previa copia que del oficio de cuenta se agregue al cuaderno de antecedentes que obra en este juzgado. Comuníquese lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, así como a la parte promovente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de enero de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA LEGAL. Visto el escrito de demanda promovido por Víctor Hugo Solís Rumbo, quien se ostenta apoderado de la quejosa Claudia Lombera Gómez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; en principio, es necesario destacar que la competencia legal se considera como aquella facultad de que goza el juez en lo particular para ejercer su jurisdicción, es decir, la capacidad para conocer de determinados asuntos atendiendo a la materia, a la cuantía, o bien, al territorio. Luego, la competencia por territorio se establece por el ámbito geográfico donde el juzgador ejerce su jurisdicción. Así, en la especie, se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del libelo de cuenta por razón de territorio, pues los actos de afectación material que reclama la parte promovente tuvo, tiene o tendrá ejecución en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del dispositivo transcrito se desprende, que existen tres hipótesis para determinar qué Juzgado de Distrito es el competente para conocer de un asunto en particular, a saber: a) Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; c) El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; Ahora, en el caso, Víctor Hugo Solís Rumbo, quien se ostenta apoderado la quejosa Claudia Lombera Gómez, señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a quien le reclama sustancialmente lo que sigue: a) Los acuerdos de veinticinco de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho; a través de los cuales se decretó la guardia y custodia provisional de las menores Jatziry y Jazmín, ambas de apellidos González Lombera, en favor del tercero interesado Omar Alid González Orozco; y, se emitió una orden de restricción a la aquí quejosa para acudir a la residencia habitual, lugar de estudios o donde cotidianamente salgan a pasear las menores Jatziry y Jazmín, ambas de apellidos González Lombera; b) Así como la falta de notificación de tales proveídos. Además, de las manifestaciones realizadas, bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo, se obtiene que el juicio del que derivan los actos reclamados se tramita en la ciudad de Lázaro Cárdenas; que la única autoridad responsable, tiene su domicilio en esa misma ciudad; y, que actualmente las menores viven en la mencionada ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que allá realizan todas sus actividades cotidianas. También se obtiene que la quejosa Claudia Lombera Gómez, tiene su domicilio en la calle Fresa, lote 8, manzana 3, colonia Taxistas; y, el señalado tercero interesado Omar Alid González Orozco, el ubicado en la calle Juan de Dios Arias número 272, colonia Pié de Casa, ambos en la referida ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esto permite concluir que los efectos y consecuencias de las actuaciones necesariamente se verificarán en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán; porque ambos contendientes viven allá, en dicho sitio las menores realizan sus actividades, porque la autoridad tiene su residencia en ese mismo lugar y porque no se advierte que alguno de los actos pudiera materializarse en esta ciudad capital o por lo menos dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Máxime, si se considera que la guardia y custodia se ejerce en la ciudad referida en multiplicidad de ocasiones y que la orden de restricción impide que la madre se acerque a las menores que tienen su residencia en dicho municipio en donde tienen todas sus actividades; aunado al hecho de que la falta de notificación que se reclama tendrá efectos positivos por estar íntimamente relacionada con las determinaciones reclamadas, de modo que sus efectos necesariamente se trasladarían al lugar en que se tramita el juicio de origen. Lo anterior, permite establecer que, en la especie, respecto de los actos reclamados, se actualiza la primera regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate de ejecutar, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan; tal conclusión se debe toralmente al hecho de que la ejecución del acto se materializa en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, acorde con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del mismo año, que establece: "XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." En consecuencia, sin proveer sobre la admisión de la demanda ni la suspensión del acto reclamado, por no actualizarse alguno de los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, al Juez de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, en turno, que se considera competente legal, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las copias que integran el cuaderno en que se actúa; con la atenta súplica de acusar el recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Tiene aplicación sobre el particular, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente. "Época: Octava Época Registro: 206983 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Civil Tesis: 3a. XC/91 Página: 37 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA QUE CONDENA A LA ENTREGA DE LA CUSTODIA DE MENORES. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR EN QUE TAL ENTREGA DEBE EFECTUARSE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclama la ejecución de la sentencia que se ordena a la entrega de la custodia de menores, debe considerarse competente al Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción aquélla se tenga que efectuar, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo. Competencia civil 17/91. Suscitada entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco y Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot". Asimismo, por su contenido, se invoca la diversa tesis del rubro y texto siguiente. "Época: Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen: 199-204, Cuarta Parte Página: 12. Materia: Común. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un juez de Distrito, pero los actos reclamados deban ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Competencia 182/82. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Tabasco y Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 de julio de 1985. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta". Los criterios jurisprudenciales que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Sin que haya lugar a tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales en los estrados de este Juzgado de Distrito, dado que dicha circunstancia no la prevé ni la ley de la materia, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente por disposición expresa de su numeral 2°; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la ley en aplicación, a Yareli Sánchez Figueroa, Miguel Eduardo Campos de la Cruz y Cristian Andrés Bustos Maciel. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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