CESAR LAZOS JIMENEZ y Otros.
Expediente 249/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Benito Beristain Navarro
- ARMANDO BELLO MIRON y Otros.
- BENITO BERISTAIN NAVARRO y Otros.
- Cesar Lazos Jimenez
- CESAR LAZOS JIMENEZ y Otros.
- JORGE MARTINEZ GUILLERMO y Otros.
- Ricardo Baltazar Bello Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Intégrense a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Pública Adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, en atención a su contenido, téngasele comunicando que decretó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000213/2021, iniciada por los hechos de tortura y malos tratos denunciados por los quejosos Benito Beristaín Navarro, Armando Bello Mirón, Omar Montalvo Mirón, Ricardo Baltazar Bello Santos, Manuel Hernández López, Joseph Cristian Jiménez Criollo, Jorge Martínez Guillermo y Jorge Martínez Guillermo, en su demanda de amparo. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte: 1. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos 1. Benito Beristaín Navarro, 5. Manuel Hernández López, 6. Joseph Cristian Jiménez Criollo y 8. Misael Rivera Aguilar, sin que se haya hecho valer. 2. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo respecto del quejoso 7. Jorge Martínez Guillermo, sin que se haya hecho valer. 3. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que han quedado firmes los autos de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que por un lado se tuvo por no presentada la demanda de amparo y, por otro, se desechó la misma, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Dígase al quejoso 3. Omar Montalvo Mirón que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el documento original que exhibió en su escrito recibido en este juzgado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno -registro 5474 de 2021-, consistente en un recibo con número de folio 180736 de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por concepto de pago de una infracción al bando de policía y gobierno (oponerse y riña); con el apercibimiento de no hacerlo, dicho documento será destruido. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso 3. Omar Montalvo Mirón; por lista al resto de los quejosos; por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA OMAR MONTALVO MIRON EL ACUERDO DE 23 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte: 1. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos 1. Benito Beristaín Navarro, 5. Manuel Hernández López, 6. Joseph Cristian Jiménez Criollo y 8. Misael Rivera Aguilar, sin que se haya hecho valer. 2. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo respecto del quejoso 7. Jorge Martínez Guillermo, sin que se haya hecho valer. 3. Que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que han quedado firmes los autos de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que por un lado se tuvo por no presentada la demanda de amparo y, por otro, se desechó la misma, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Dígase al quejoso 3. Omar Montalvo Mirón que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para recuperar y recoger el documento original que exhibió en su escrito recibido en este juzgado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno -registro 5474 de 2021-, consistente en un recibo con número de folio 180736 de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por concepto de pago de una infracción al bando de policía y gobierno (oponerse y riña); con el apercibimiento de no hacerlo, dicho documento será destruido. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso 3. Omar Montalvo Mirón; por lista al resto de los quejosos; por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días otorgado mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para los directos quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos, a fin de que manifestaran, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado o que servían de fundamento a los conceptos de violación de la demanda de amparo. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en el referido auto; y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace a dichos quejosos. No sobra decir que, en caso de haber sido desahogada la prevención de mérito, en la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que respecto de la acción constitucional promovida en nombre de los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos, en la que se reclamó al Director de Seguridad Pública del Municipio de Tehuacán, Puebla su incomunicación, desaparición forzada y detención, se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, hubiera sido procedente desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: ( Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; ( Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, ( Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Sentado lo anterior, en primer lugar conviene señalar que de las constancias remitidas mediante oficio 84/2021 -registro 5033 del año 2021- por Guillermo Cacho Fernández, Juez Calificar del Tercer Turno de la ciudad de Tehuacán, Puebla, se colige que, contrario a lo manifestado en el escrito de demanda, a la fecha de su presentación, los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos no se encontraban incomunicados. Ciertamente, la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales se presentó de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a la primera hora con diez minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno -tal como se desprende de la boleta de turno-; y, de las copias certificadas de las radicaciones de los procedimientos administrativos 1004, 1009 y 1003, respectivamente, se advierte que los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos fueron puestos a disposición de dicho juez calificador a las dieciocho horas con diez minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y en el mismo acto se les proporcionó a cada uno el derecho a realizar una llamada telefónica; en el caso del primer quejoso señalado a su amigo Emilio Orozco López; por cuanto al segundo quejoso a su suegro Emilio Orozco López; y, respecto del tercer quejoso a su familiar Verónica Sánchez Rosales, con números de teléfono 2381706557 y 2381803245 -respectivamente-; asimismo, se hizo constar que los referidos quejosos no quisieron una defensa pública y que no fueron objeto de ningún tipo de lesión o maltrato por parte de las autoridades involucradas en su detención; diligencias que fueron firmadas al calce por los mismos demandantes constitucionales. Lo último, se corrobora con las copias certificadas de las constancias de las lecturas de derechos a los referidos detenidos, de las que se desprende que se respetó el derecho de cada uno de hacer del conocimiento de los hechos de su detención y el lugar de custodia en que se hallaban a las dieciocho horas con doce minutos, a las dieciocho horas con catorce minutos y a las dieciocho horas con once del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno -respectivamente- a sus referidos contactos de confianza; constancias que fueron signadas al calce por los aludidos demandantes constitucionales. Además, mediante comparecencia de veinticinco de marzo del año en curso, llevada a cabo con el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, los quejosos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos manifestaron: ( Que no estuvieron incomunicados en su detención y que a la fecha de la referida diligencia no se encontraban en ese estado. ( Que al momento de presentarse ante esta autoridad federal se encontraban en libertad y que no habían sido objeto de malos tratos físicos ni psicológicos. Entonces, no se advierte la existencia de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que los promoventes 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos señalan como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales. En efecto, se desprende que la privación de la libertad que manifiestan haber sufrido los promoventes, fue derivada de un proceso administrativo instruido en su contra, por lo que no se trató de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, contemplados por el mencionado artículo 22 constitucional. Además, en el caso en particular, si bien los aludidos quejosos directos se encontraron detenidos por algunas horas en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, esto no quiere decir que estuvieran incomunicados o tuvieran impedimento legal alguno para firmar la demanda de amparo que se analiza, pues alguna persona o abogado pudo accesar y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encontraban incomunicados. Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que los mencionados directos quejosos no fueron víctimas de ningún acto de los citados en el precepto 22 constitucional. Además, se reitera, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso); y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional. Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de los quejosos directos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos, porque no se advierte que sufrieran algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que los quejosos estuvieran imposibilitados para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se desprende en ese sentido; por lo que, no existía razón que les impidiera promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal. En consecuencia, de haberse tenido por presentada, hubiera procedido desechar de plano la demanda de amparo respecto de los quejoss directos 2. Armando Bello Mirón, 3. Omar Montalvo Mirón y 4. Ricardo Baltazar Bello Santos por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Orienta esta determinación, la tesis aislada VI.2o.C.242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO. NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o. de la Ley de Amparo."
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