Cesar Ivan Hernandez Rosas

Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
845/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Cesar Ivan Hernandez Rosas
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de la Región Judicial Centro, Con Sede En la Ciudad de Puebla (Rosa Aurora Espejel Prado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1728/2022, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite los autos originales del expediente en que se actúa y testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-79/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Ángel Rivera Monsalvo, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia del quejoso César Iván Hernández Rosas y el diverso adhesivo promovido por César Sánchez Icazbalceta, autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del tercero interesado Juan Rodríguez Barragán, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, que en sus puntos resolutivos señala: "(.) PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por César Sánchez Icazbalceta, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el tercero interesado Juan Rodríguez Barragán. (.)" Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; y dentro de los noventa días siguientes al haber transcurrido dicho término. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la suspensión provisional como la definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista al tercero interesado; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la superioridad.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-3471/2021, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto de Circuito, mediante el cual comunica que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del recurso de queja 139/2021 de su índice, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso César Iván Hernández Rosas, en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Intégrese a sus autos, el escrito signado por el quejoso César Iván Hernández Rosas; y, visto su contenido, téngase a la mencionada parte procesal, interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo 845/2021, por el cual se desechó la demanda que dio origen al sumario constitucional en que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que se desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, mediante oficio a la Superioridad. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso César Iván Hernández Rosas, atento a su contenido, se acuerda: Téngase al quejoso presentando escrito aclaratorio, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno; y, manifiesta bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "PRIMERO.- (.) De lo anterior se desprende que el estado procesal que actualmente impera sobre la carpeta judicial administrativa 1022/2021-PUEBLA (sic) es la ETAPA INTERMEDIA, misma que esta próxima a celebrarse. (.) SEGUNDO.- Ahora bien, por cuando hace a la prevención requerida respecto a cuál es la materia o de qué trató la audiencia llevada a cabo el día doce de agosto del año dos mil veintiuno y de la cual el quejoso se duele respecto de la omisión de citarlo para su celebración, resulta pertinente referir que la misma fue solicitada por el defensor particular del acusado para efecto de que se ventilara una audiencia incidental acerca sobre la nulidad de actos ejecutados en CONTRAVENCIÓN de las FORMALIDADES, según se desprende del contenido del auto de fecha NUEVE de AGOSTO del año DOS MIL VEINTIUNO signado por la responsable de nombre ROSA AURORA ESPEJEL PRADO jueza de control de la región judicial centro que me fue proporcionado por mi asesor jurídico una vez que tuvo conocimiento de la presente prevención, siendo IMPORTANTE destacar a su Señoría que es de explorado derecho que LOS ACTOS EJECUTADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PODRÁN SER DECLARADOS NULOS, SALVO QUE EL DEFECTO HAYA SIDO SANEADO, CONVALIDADO o incluso REPUESTO, sin embargo y de forma desatinada, la responsable saneo, perfeccionó y solapó el improcedente incidente de nulidad planteado sobre actos de investigación consistentes en: (.)" Por lo que al respecto se provee: DESECHAMIENTO. En primer término, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional en su carácter de víctima dentro de la causa penal 1022/2021-PUEBLA y, tanto del escrito inicial de demanda, como del escrito aclaratorio recibido en esta data, se entiende que el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo es: La omisión de notificarle la fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental señalada dentro de los autos de la carpeta administrativa 1022/2021-PUEBLA del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Regional Centro en el Estado de Puebla. De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado en la presente vía constitucional, es la falta de notificación al quejoso del auto por el cual se citó al desahogo de la audiencia incidental a celebrarse el doce de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 1022/2021-PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Regional Centro en el Estado de Puebla. Por lo que respecto al acto reclamado por el quejoso, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie también se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocados, modificados o nulificados; de modo que aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas, a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior acontece en la especie, pues en relación con el acto reclamado, consistente en la falta de notificación al quejoso del auto por el cual se citó al desahogo de la audiencia incidental a celebrarse el doce de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 1022/2021-PUEBLA, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Regional Centro en el Estado de Puebla, éste es susceptible de ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificación contemplado en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente dispone lo siguiente: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el incidente no especificado sobre declaración de nulidad de actuaciones resulta procedente en contra de las notificaciones hechas indebidamente. De lo que se determina que, el peticionario de amparo debió agotar el referido incidente no especificado previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de acudir a esta vía de amparo. Además, se insiste que el acto que por esta vía se reclama debió ser combatido a través del incidente antes referido, tomando en cuenta que el acto reclamado no se trata de alguno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, el inconforme es parte dentro del expediente del que deriva el acto reclamado -ofendido o víctima-, tal como lo manifiesta en el escrito de demanda de amparo que se analiza y, por consiguiente, no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento. Al respecto, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, resultan aplicables al caso las siguientes jurisprudencias: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Bajo ese contexto, puede concluirse que el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente no especificado de nulidad de notificaciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no haberlo hecho, no respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que respecto del acto acabado de estudiar se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, procede desechar la presente demanda de amparo, por ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado precisado. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Miguel Ángel Rivera Monsalvo, y Jesús Torres Cancino, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Jesús Torres Cancino, es titular del usuario "Jestorcan_75", el cual se encuentra vigente; se concede al antes mencionado, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente, y se ordena que se le realicen las notificaciones vía electrónica a través del mismo usuario. Signifíquese a la parte autorizada para consultar el expediente electrónico que, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberá informar a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (DGTI) a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal, para los efectos precisados en dicho artículo. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional...

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