Cesar Lopez Trujillo
Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cesar Lopez Trujillo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-693/2021 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, en atención a que el quejoso Cesar López Trujillo, no se inconformó a través del recurso de reclamación, respecto del acuerdo de dieciocho de febrero del presente año, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión que hizo valer, remite los autos originales del juicio de amparo 11/2021. En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 y mediante oficio a la superioridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio III-366/2021 de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional desecho el recurso de revisión interpuesto por el quejoso César López Trujillo, en contra del auto de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo 11/2021. De lo anterior queda enterada la suscrita autoridad Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso César López Trujillo; y, en atención a su contenido, téngase a la citada parte inconforme interponiendo recurso de revisión en contra del auto de desechamiento de trece de enero de dos mil veintiuno; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con el expediente en el que se actúa, toda vez que no hay más partes a notificar. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA - DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020-Y CÚMPLASE.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID-19, mediante Acuerdo General 8/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal implementó -entre otras cuestiones no menos importantes- un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, en el que se privilegió la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. Esquema de trabajo que se estableció durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Uno de los puntos que se acordaron consistió en el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se hubieren tramitado mediante juicio "en línea", derivado del implemento -como eje rector- de la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, considerando que durante la etapa de contingencia se podría actualizar el mayor número de contagios por COVID-19 y, a la vez, el aseguramiento de la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, en términos de las disposiciones del capítulo III de dicho acuerdo plenario. Asimismo, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 10/2020 de veinticinco de mayo de dos mil veinte, decidió ampliar el plazo de vigencia del citado acuerdo 8/2020 al quince de junio de dos mil veinte, a fin de garantizar la continuidad y mejor funcionamiento del esquema de trabajo implementado y, así, mantener la impartición de justicia a nivel federal dentro de los esquemas efectuados frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, en atención a la continuada prolongación del período de contingencia sanitaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020, a través del cual -entre otras cuestiones no menos trascendentes- fortaleció el nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector la adopción de medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, pero dando paso a una segunda etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala, como la nueva posibilidad de recibir asuntos presentados por medios electrónicos. Esquema renovado que se estableció durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, que entró en vigor a partir del primer día de dicho período, tal como se desprende de su artículo primero transitorio. Así mismo, el veinticinco de junio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 15/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid 19, en relación con el periodo de vigencia, en donde en el punto único de dicho Acuerdo, artículo 1. Esquema de contingencia se señaló que con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se amplió el período de vigencia al quince de julio de dos mil veinte; que entró en vigor al siguiente día de su aprobación; esto es, el veintiséis de junio de dos mil veinte. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid-19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se emitió el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del mismo del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que mediante circular CAP/3/2020, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, se establece que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos con las salvedades de los asuntos que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Ahora, de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el doce de enero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 11/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado; y, en su oportunidad, intégrese al expediente para que surta los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. En primer término, debe precisarse que del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la N Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla: -La resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 792/2017/JES/E, por la que, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso. En la especie, el suscrito Juez Federal advierte, que respecto del acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Entonces, si el acto reclamado a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo, consiste en la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 792/2017/JES/E, por la que, desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso, Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En ese sentido, el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece lo siguiente: "Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación." En efecto, del análisis del citado artículo, se aprecia que el recurso de revocación resulta procedente en contra de las determinaciones no apelables, es decir, las que no prevea el artículo 273 del citado ordenamiento legal que, a saber, son los siguientes: "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos de falta de elementos para procesar; III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional; VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." Atento a lo anterior, se concluye que, en contra del auto que aquí se combate, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Lo anterior es así, ya que al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la causa penal de origen, al ser sentenciado, lo que implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escuche en juicio y, en razón de ello, está en aptitud de interponer el medio de impugnación referido en contra del auto que hoy reclama. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esas consideraciones, el promovente se encontraba obligado a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de revocación que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, al no haberlo hecho no respeto el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que, respecto del acto sometido a estudio, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no haber agotado el procesado aquí promovente el aludido medio de defensa (recurso de revocación), no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado, y por consiguiente, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se insiste, el acto aquí reclamado debió ser impugnado a través del recurso de revocación antes referido, tomando en cuenta que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos u orden de arresto. En consecuencia, en el caso es dable afirmar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones personales, el que señala en su escrito inicial de demanda. Sin que haya lugar tener como diverso medio de notificación, el correo electrónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo no lo prevé para tal efecto. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Baudelio Amador Castro y Alberto Amador Rojas, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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