Cesar Lievano Grijalva (Apoderado)

Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
547/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Cesar Lievano Grijalva (Apoderado)

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 547/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por César Liévano Grijalva, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración de Ricardo Forcelledo Cabrera; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, César Liévano Grijalva, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración de Ricardo Forcelledo Cabrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Gobernador del Estado de Puebla y otras autoridades. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación, admisión y suspensión del plano ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por acuerdo dictado el seis de mayo del año en curso, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 427/2021; asimismo, admitió a trámite el asunto, concedió la suspensión de plano al quejoso por cuanto a los actos reclamados, requirió los informes de la suspensión y justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Determinación de incompetencia. Mediante resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Titular de dicho órgano de control constitucional se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio "por conocimiento previo" de este juzgado Federal de un antecedente del que derivaron los actos ahora reclamados -juicio de amparo 83/2021 de este índice-; ello, de conformidad con los artículos 29, 45, fracción II, y 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Cuarto. Auto de radicación, competencia, admisión y cita para audiencia ante este juzgado Federal. Por acuerdo dictado el diez de junio del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla acordó lo siguiente: ( Registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 547/2021; ( Aceptó la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; ( Admitió a trámite el asunto -sin incidente de suspensión-, dio vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, ( Fijó las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que César Liévano Grijalva, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración de Ricardo Forcelledo Cabrera, reclama: 1. La orden de molestarlo en su domicilio, en su persona y a su familia para pedir su presencia cada veinte minutos y tomarle fotografías sin mandato judicial que les sirva de fundamento. 2. Su ejecución. Tercero. Exclusión de autoridades de la litis. Mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno -dictado dentro del juicio de amparo 427/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, se tuvo por inexistente a la autoridad que se denominó como 2. Elementos de Seguridad Pública en el Estado de Puebla; por tanto, la referida autoridad se excluye de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el promovente atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Gobernador del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 59 a 62. 2 2. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla -por conducto de su representante-. Niega. 75. 3 3. Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital. Niega. 91 y 92. Tabla Única. En ese sentido, este juzgador considera que no está demostrada la existencia de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consistente en la orden de molestar al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera en su domicilio, en su persona y a su familia para pedir su presencia cada veinte minutos y tomarle fotografías sin mandato judicial que les sirva de fundamento, así como su ejecución. Se explica. Del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de las probanzas desahogadas en autos, en especial de la remitidas en apoyo al informe justificado de la jueza responsable, consistentes en copia certificada de los registros escritos de la causa penal 1447/2020/PUEBLA y en la audiencia contenida en el disco versátil digital (DVD), las que, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes datos: 1. En audiencia oral de uno de mayo del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 83/2021 del índice de este juzgado, la jueza de control realizó lo siguiente: 1.1 Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal de origen, en la que se atendió la solicitud de revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, se mantuvo subsistente dicha medida, al considerar que el resto de los motivos seguían vigentes y eran suficientes por sí solos para ese efecto. 1.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de trece de enero del año en curso, luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso. 1.3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada. 1.4. En ese sentido, impuso al quejoso las medidas cautelares siguientes: i) el resguardo de domicilio; y, ii) la exhibición de los dos pasaportes tanto mexicano como español, con la finalidad de que el quejoso no salga del país; por lo que otorgó el termino de tres días para que, por conducto de su defensor particular, exhibiera dichos pasaportes. 1.5. Asimismo, ordenó girar oficio a la Dirección de Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal del Estado, para que en el término de cuarenta y ocho horas le informaran a dicha autoridad responsable, si el domicilio proporcionado por la defensa particular del aquí quejoso era localizable y si se encontraba en condiciones óptimas para el resguardo domiciliario; por lo que, ordenó que el citado quejoso permaneciera en calidad de depósito en el Centro Penitenciario de Puebla hasta en tanto y cuanto la Unidad de Medidas Cautelares informara a la autoridad responsable lo concerniente a dicho domicilio. 2. En auto dictado el tres de mayo de dos mil veintiuno, la jueza tuvo al Jefe del Departamento de Medidas Cautelares Región I dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de uno de mayo de dos mil veintiuno; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las dieciséis horas del tres de mayo pasado para que tuviera verificativo una diversa audiencia de revisión de medidas cautelares. 3. En audiencia oral de tres de mayo de la presenta anualidad, ordenó a la unidad administrativa correspondiente realizar las gestiones necesarias para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, informara si el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla había sido modificado y resultaba viable para el resguardo domiciliario impuesto como medida cautelar. 4. En auto dictado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la jueza tuvo al Encargado del despacho de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de tres de mayo del actual; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las veinte horas del cuatro de mayo pasado para que tuviera verificativo una audiencia de revisión de medida cautelar. 5. En audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mi veintiuno, la jueza confirmó la viabilidad de la imposición de medida cautelar consistente en resguardo domiciliario, el cual tendría lugar en el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla, por todo el tiempo que durara el procedimiento y únicamente por cuanto a la causa penal de origen; por lo que ordenó a la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal Estatal que, de acuerdo sus facultades, procediera a su debida supervisión y vigilancia, designando, para tal fin, a un elemento de la policía procesal, quien debería estar afueras del domicilio las veinticuatro horas, sin que implicara solicitar al imputado su presencia cada veinte minutos para tomarle fotografía. En ese tenor, el promovente alega que las autoridades responsables, derivado de la imposición del resguardo de domicilio como medida cautelar, han ordenado molestar al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera en su domicilio, en su persona y a su familia para pedir su presencia cada veinte minutos y tomarle fotografías sin mandato judicial que les sirva de fundamento; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre tal aseveración. En efecto, la documental ofrecida por el promovente no es idónea para acreditar la existencia de los actos reclamados, sino, en todo caso, lo que en ella se contiene, es decir, que César Liévano Grijalva es apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración del quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera. Y, respecto a la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana que ofreció, debe decirse que la primera por su propia naturaleza es inconducente para demostrar algún hecho, pues consiste en todo lo actuado en el presente juicio de amparo, siendo que se debió demostrar con pruebas en concreto la existencia de los actos que combate; y, la segunda, ningún beneficio reporta al quejoso, pues como ya se dijo, las citadas autoridades responsables rindieron sus informes justificados negando la existencia de los actos reclamados, por lo que, no opera presunción legal alguna; y la presunción humana deriva de los hechos objetivos probados, los que en el caso resultan insuficientes para acreditar que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables realizaron los actos combatidos. En ese sentido, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria para controvertir los informes respectivos; esto es, acreditar, primero que otra cuestión, la existencia de los actos combatidos. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirma, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y el acto reclamado. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Sexto. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su apoderado legal César Liévano Grijalva, quien tiene concedido el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente en auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno -dictado dentro del juicio de amparo 427/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, en términos del considerando tercero. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera -por conducto de su apoderado legal- contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, y por los motivos allí expuestos. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, por conducto de su apoderado legal César Liévano Grijalva; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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