Cesar Lino Cisneros Ibarra
Expediente 590/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cesar Lino Cisneros Ibarra
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 18606 (y anexo) signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 73/2021 (orden 333/2021) del índice de este juzgado Federal, por el cual se le solicitó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara al quejoso César Lino Cisneros Ibarra, el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin que sea necesario acusar el recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sistema automáticamente genera dicho acuse. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. RADICACIÓN Y FORMACIÓN. Agréguese presentes autos el oficio III-2281/2021, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite copias certificadas del juicio de amparo directo D-60/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por César Lino Cisneros Ibarra, quien se ostenta con el carácter de Defensor Particular de Eraclio Solís Zafra. Fórmese expediente y regístrese con el número 590/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. Toda vez que de dichas constancias se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, determinó: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se admite el presente juicio de garantías promovido por CÉSAR LINO CISNEROS IBARRA, defensor particular de ERACLIO SOLÍS ZAFRA, por cuanto hace a los actos reclamados a los Magistrados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla y Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. SEGUNDO. Se desecha el presente juicio constitucional promovido por CÉSAR LINO CISNEROS IBARRA, defensor particular de ERACLIO SOLÍS ZAFRA, por cuanto hace al acto reclamado al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del proceso 425/2015. TERCERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo formulada por CÉSAR LINO CISNEROS IBARRA, defensor particular de ERACLIO SOLÍS ZAFRA, única y exclusivamente en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Comisión de Vigilancia, Disciplina y Selección, así como Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, ambas pertenecientes a dicho Tribunal, en su carácter de autoridades ordenadoras." INCOMPETENCIA. Respecto de los actos que el peticionario de amparo le atribuye al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a la Comisión de Vigilancia, Disciplina, Selección, así como a la Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, ambas pertenecientes a dicho Tribunal, consistentes en: "3.- DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE RECLAMA.- LA TOMA DE PROTESTA QUE LE FUERA TOMADA AL CIUDADANO, JOSÉ REFUGIO ALEJANDRO LEÓN FLORES, TAMBIÉN CONOCIDO COMO ALEJANDRO LEÓN FLORES, EN VIRTUD QUE ESTE CIUDADANO, HASTA EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, NO CUBRÍA LOS REQUISITOS LEGALES QUE SE CONTIENEN, EN EL ARTÍCULO 171 (CIENTO SETENTA Y UNO) DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PUES NO CONTABA CON LOS DOCUMENTOS (sic) EFICIENTES Y SUFICIENTES, PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD ACADÉMICA EN LA CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO, RESULTANDO ALTAMENTE SUSPICAZ QUE TODA LA ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL NO LO HAYA PERCIBIDO. 4).- DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, DISCIPLINA Y SELECCIÓN; Y DE LA DIVERSA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN; DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE RECLAMA; LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, EMITIDO AL CIUDADANO JOSÉ REFUGIO ALEJANDRO LEÓN FLORES TAMBIÉN CONOCIDO COMO ALEJANDRO LEÓN FLORES, POR HABER SIDO EXPEDIDO SIN OBSERVAR LAS FORMALIDADES CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, Y COMO CONSECUENCIA DE ESA INOBSERVANCIA, HABER PROVOCADO QUE UN CIUDADANO, SIN LA PREPARACIÓN ACADÉMICA ADECUADA (sic), DE MANERA ILEGAL FUNGIERA COMO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, EN PERJUICIO DE MI DEFENSO, ERACLIO SOLÍS ZAFRA, VIOLENTANDO LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO LEAL EN EL QUE SE SUSTENTA EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO." El suscrito juzgador Federal, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE MATERIA, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados que le atribuye a las autoridades responsables Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a la Comisión de Vigilancia, Disciplina, Selección, así como a la Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, ambas pertenecientes a dicho Tribunal. En principio, debe señalarse que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento (entre ellos el juicio de amparo), es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, cuenta habida que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Ello, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, pues se erige como una sub garantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, esto es, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De esa manera, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina diversos tipos de competencias para los Jueces de Distrito, entre las que destacan: a) Competencia por territorio. b) Competencia por materia. c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar. Sobre este contexto, conviene recordar que la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En ese aspecto, debe señalarse que del contenido de lo dispuesto en los artículos 51 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Y, a fin de advertir lo anterior (naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable), se debe atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado que se estima transgresor de garantías individuales, el cual debe ser considerado en sí mismo y objetivamente analizado, por lo que el carácter formal de la autoridad responsable (administrativo, laboral, civil, penal), no siempre es relevante para establecer la competencia por materia. Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante: i) el análisis de las prestaciones reclamadas; ii) de los hechos narrados; iii) de las pruebas aportadas; y, iv) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional competente, pues admitir una posición contraria implicaría prejuzgar y hacer uso de una facultad que no le ha sido otorgada por la ley al órgano declinante. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, del contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. En el caso particular, el promovente de amparo reclama al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, la toma de protesta que le fuera tomada al ciudadano, José Refugio Alejandro León Flores, también conocido como Alejandro León Flores; y, a Comisión de Vigilancia, Disciplina, Selección, así como a la Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la expedición del nombramiento para desempeñar el cargo de Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, emitido al ciudadano José Refugio Alejandro León Flores también conocido como Alejandro León Flores, por haber sido expedido sin observar las formalidades contenidas en la ley orgánica del tribunal superior de justicia del estado de puebla; lo que significa que los citados actos no son de naturaleza penal, ya que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues es formal y materialmente administrativo, en razón, a la naturaleza de los actos y autoridades señaladas como responsables. Máxime, que de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 147, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, el órgano encargado de investigar y conocer las quejas o denuncias por responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, así como de las irregularidades de las que tenga conocimiento -entre otras funciones-, como acontece con las invocadas por el quejoso como acto reclamado, es el Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría. De igual forma, corresponde al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, revisar de oficio y, en su caso, hacer la previa declaración de lesividad, cuando se trate de designación y adscripción a las categorías de la carrera judicial; de ahí, que se encuentre facultado para para investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, excepto a los magistrados y a los consejeros, quienes serán sancionados por el Pleno. Por tanto, resulta inconcuso, que la toma de protesta al Juez de Primera Instancia, atribuida por el quejoso al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como la expedición del nombramiento para desempeñar el cargo de Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, son actos administrativos, este tribunal considera que la competencia por materia para conocer del juicio de amparo de que se trata, se surte a favor de un Juzgado de Distrito especializado en Materia Administrativa en el Estado de Puebla. En consecuencia, se estima que el conocimiento del presente asunto corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en Turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable por las razones que informa la Jurisprudencia 52, del Pleno del más Alto Tribunal del País, contable en la página 67, tomo VII, Conflictos Competenciales Primera Parte-SCJN, Segunda Sección- Común, Materia Civil, Apéndice de 2011, octava época, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISIÓN, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización." Así, por las razones y fundamentos expuestos, es que se estima que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para conocer de este juicio de amparo indirecto; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, EN TURNO, para conocer del presente asunto. Por lo que, se ordena remitir de inmediato, copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, radicado con el número D-60/2021, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en el Estado de Puebla, que se encuentre en turno; y, se le solicita respetuosamente, se sirva acusar recibo, e informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional; toda vez que el domicilio que indica en su escrito de demanda, se encuentra fuera de la zona conurbada de este órgano constitucional, así como de los municipios conurbados al mismo. De igual forma, por cuanto hace a las cuentas de correo electrónico proporcionados, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse estos únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentarse promociones a través de los mismos ni realizarse notificaciones por esos medios, al no estar contemplados para dichos fines en la ley de la materia. No obstante, a fin de no irrogar perjuicio alguno a la parte promovente, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo; 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya, en el domicilio ubicado en calle Joaquín Amaro, Manzana diecinueve, lote cuatro, de la colonia Revolución del Municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México; b) Busque al promovente César Lino Cisneros Ibarra, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -Juicio de Amparo 590/2021; d) Notifique el presente auto al referido promovente; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído; y, f) Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Elena Cisneros Meneses, Daniela Sánchez Pérez, Delfino Vizcaino Vidal, David García Pedraza, Salvador Arellano López, Clementina Ibarra Salamanca, Eduardo Antonio Cisneros Ibarra y Antonio Cisneros Meneses, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR SU JUICIO EN LÍNEA. ( Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa; y por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; así como al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
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