Celestino Zamora Zavala
Expediente 364/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 364/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Celestino Zamora Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que esta potestad federal tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta por *********, en favor de *********, sin que hayan hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Vistas las constancias levantadas por el actuario de la adscripción, se desprende que se entrevistó con el quejoso directo ***********, quien manifestó que no es su deseo ratificar la demanda presentada en su favor por ************En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias dictadas en el auto de radicación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y sistema respectivo.
- Principal
Vista la comparecencia que antecede por la cual ******, promueve demanda de amparo en representación de ******, en contra de los actos de la Agencia del Ministerio Público, especializada en homicidios y Policía Ministerial, ambas con sede en Salvatierra, Agencias del Ministerio Público, tanto de Yuriria, como Uriangato, así como la Policía Ministerial de dichos municipios, todos del estado de Guanajuato; de quienes reclama la incomunicación del quejoso directo, así como cualquier acto último prohibido por el artículo 22 Constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo; se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 364/2018. Ahora bien, de la comparecencia de cuenta emerge que los actos reclamados destacados se hacen consistir en la incomunicación y cualquier acto último prohibido por el artículo 22 Constitucional en perjuicio de ******; con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cesen los referidos actos a que se encuentra sujeto, así como para que no se le apliquen los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra Carta Magna, por lo cual queda en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables y deben informar éstas, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio. Ahora bien, si los actos reclamados se tratan de la privación de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165, se concede también la SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: En caso de que la privación de libertad del quejoso sea por autoridades administrativas distintas al ministerio público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora lo pongan de inmediato a disposición del ministerio público, o bien, en caso de que la detención no tenga relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que el quejoso sea puesto en libertad (artículo 164). Además de lo anterior, y a fin de cumplir cabalmente con los dispositivos en cita, se precisa que si la detención deriva de una orden emitida por el Ministerio Público y se encuentra a su disposición, la medida cautelar tendrá como efecto que el fiscal, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, debe consignar al directo quejoso ante el juez penal correspondiente, o ponerlo en libertad (artículo 165, primer párrafo). En el entendido de que si la detención fue por flagrancia y se encuentra a disposición del ministerio público, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición (artículo 165, segundo párrafo). En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concederá para el efecto de que, de inmediato, sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez respectivo (artículo 165, tercer párrafo). Se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación, con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que ******, persona que compareció a presentar la demanda de amparo, manifestó que el quejoso directo fue detenido en Yuriria, Guanajuato, y señaló como autoridades responsables a la Agencia del Ministerio Público, especializada en homicidios y Policía Ministerial, ambas con sede en Salvatierra, Agencias del Ministerio Público, tanto de Yuriria, como Uriangato, así como la Policía Ministerial de dichos municipios, todos del estado de Guanajuato; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado a efecto de que se constituya en dichas instalaciones en busca del quejoso directo y una vez encontrándolo lo requiera para que, en ese momento, o dentro del término de tres días, manifieste si es su deseo o no ratificar la demanda de amparo por comparecencia presentada a su favor, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas adoptadas, lo anterior de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia; de igual forma, dé fe del estado físico del mismo. En caso de no encontrarse ya internado en esos lugares, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladado y a qué autoridad fue puesto a disposición, y proceda a su búsqueda para los efectos precisados en los lugares donde puedan estar y que se ubiquen en esta ciudad. Lo anterior, sin perjuicio de que se constituya en los principales centros de reclusión de esta ciudad, así como de Salvatierra, Uriangato y Yuriria, Guanajuato. Hará saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de las Procuradurías tanto General de la República como del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa de MIL DÍAS, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Con apoyo al artículo 107, fracción XV de la Carta Magna, dese la intervención que legalmente corresponda a la Representación Social de la Federación de la adscripción. En tales condiciones, este juzgado se reserva proveer respecto de la admisión de la demanda hasta en tanto el quejoso, la ratifique, o bien, por conducto de su representante, de conformidad con el artículo 15 de la ley de la materia. Por otra parte, se tiene como domicilio procesal del compareciente el ubicado en las listas que se fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional, y como autorizado en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Guadalupe Martínez Contreras, por tener inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. El artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria y que las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; en esa medida, prevéngaseles para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se hará la publicación de la sentencia respectiva con la supresión de datos sensibles.Vista la comparecencia que antecede por la cual *******, promueve demanda de amparo en representación de *******, en contra de los actos de la Agencia del Ministerio Público, especializada en homicidios y Policía Ministerial, ambas con sede en Salvatierra, Agencias del Ministerio Público, tanto de Yuriria, como Uriangato, así como la Policía Ministerial de dichos municipios, todos del estado de Guanajuato; de quienes reclama la incomunicación del quejoso directo, así como cualquier acto último prohibido por el artículo 22 Constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo; se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 364/2018.
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