Celia Mata Murillo

Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
161/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Celia Mata Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el magistrado supernumerario de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en atención a la solicitud formulada por el cual solicita copia certificada de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; en consecuencia remítase la copia certificada aludida.

  2. Principal

    Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó negar la protección constitucional en el presente juicio; por tanto, la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no solo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." ? Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó?? su archivo- puesto que se negó la protección de la justicia federal solicitada y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión y, en su caso, de su violación y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. ? Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. ? Escrito registrado con el número 8003. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del tercero interesado por el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones; en ese orden, desde este momento se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario **** Asimismo, se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31, fracción III, de la ley de la materia. En el entendido de que la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, dado que el promovente del amparo no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que menciona en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el registro en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación.

  3. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Celaya, Guanajuato, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 161/2021, promovido por **************, por su propio derecho; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este Juzgado el mismo día, ****************; demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. 1.- De la Autoridad Ordenadora Magistrado que integra la Quinta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; se reclama la resolución que recayó en el Toca de Apelación Penal ***************, misma que confirma el Auto de Vinculación a Proceso, emitido en mi contra por el hecho que la Ley señala como delito de FRAUDE PROCESAL, el cual fue pronunciado con fecha 27 de enero de 2021. 2. De la Autoridad Ejecutora C. Juez de Control de oralidad en materia Penal, con sede y base en Salvatierra, Guanajuato, se reclama que, en cumplimiento a la resolución de la ordenadora, continúe substanciando el proceso penal que se sigue en mi contra, identificado bajo el número de causa **************." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 161/2021-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y del agente del Ministerio Público adscrito a la Sala y juzgado responsable que intervinieron en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por conducto de las responsables, lo cual así se realizó (fojas 34, 120 a 134, 179 y 180). Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada tiene ejecución material en la ciudad de Salvatierra, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: 1. La resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal **************, que confirma el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa ***************, en audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal ************* índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, por el hecho considerado por la ley como delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. 2. La ejecución de la resolución reclamada Las autoridades señaladas como responsables son: 1. Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. 2. Juez de control oral en Materia Penal de la Tercera Región del estado, sede y base en Salvatierra, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El magistrado supernumerario de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (foja 29); y el juez de control Oral en Materia Penal de la 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. Tercera Región del estado, con sede y base en Salvatierra (foja 24), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañaron las responsables a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso, así como copia certificada de las constancias que integran el toca de apelación ************ de las que se advierte la resolución reclamada; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentales y de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en 3 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: 1. En audiencia de seis de noviembre de dos mil veinte (como se advierte del audio y video), dio inicio la audiencia inicial en la causa penal ***************, instruida en contra de ****************, por lo que una vez que se le hicieron saber sus derechos, se le concedió el uso de la voz a la agente del Ministerio Público quien solicitó permiso al juzgador para formular imputación a la citada indiciada ************ el cual se le concedió, por lo que le hizo del conocimiento la investigación preliminar que esa representación social sigue en su contra en relación a los hechos consistentes en que el nueve de agosto de dos mil trece, compareció al Juzgado de Salvatierra, Guanajuato, a deducir derechos hereditarios dentro del expediente ************** a bienes de ***************, teniendo pleno conocimiento de la existencia de un primer juicio intestamentario número ************ radicado también en un Juzgado de Salvatierra, donde fue reconocida como heredera junto con sus hermanos ******************, todos de apellidos ***************, omitiendo informar dentro del juicio *************** a la autoridad judicial de la existencia del primer juicio número **************, lo cual trajo como consecuencia que la indiciada fuera nombrada única y heredera universal dentro del expediente ***************, para luego solicitar que dicha resolución causara estado y se turnara a un notario público para el efecto de realizar donación de dos bienes inmuebles ubicados en Salvatierra, Guanajuato, a favor de terceras personas; hechos que, adujo la fiscal, encuadran en el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal previsto y sancionado por el artículo 266 del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato; teniendo una intervención a título doloso y autor, pues tenía pleno conocimiento de un juicio sucesorio anterior, pero omitió informarlo para obtener una resolución a su favor en diverso juicio (hasta las nueve horas con treinta minutos y treinta y ocho segundos de la videograbación). 2. Una vez narrado lo anterior por la fiscal, el juez responsable le concedió el uso de la voz al asesor jurídico, al ofendido **************, a la defensa publica de la imputada, así como a esta, a lo que manifestaron que no se precisa aclaración alguna; asimismo, el juez de igual forma le informó a la indiciada, entre otras cosas, que en ese momento tenía la oportunidad de dar contestación a la imputación que se les realizó, y que tiene derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestó (después de hablar con su abogada), que no deseaba declarar porque no hizo nada (nueve horas con treinta y dos minutos y cuarenta y un segundos de la videograbación), por lo que el juez responsable preguntó a la agente del Ministerio Público que si tenía otra petición. 3. A las nueve horas con treinta y tres minutos de la videograbación del seis de noviembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público solicitó permiso para pedir la vinculación a proceso de la imputada, por lo que el juez del conocimiento se dirigió a la defensa y hacia la imputada para preguntarles que si era su deseo que se resuelva su vinculación a proceso en esa audiencia o acogerse al plazo de las setenta y dos horas para que se resuelva su situación jurídica o si solicita la ampliación de dicho plazo a ciento cuarenta y cuatro horas para que se resuelva su situación jurídica, derecho que puede ejercer en este momento o después de escuchar la petición del Ministerio Público de vinculación a proceso, a lo que manifestó que quiere escuchar lo que diga el ministerio público; en ese sentido, se concedió el uso de la voz al fiscal para que anunciara los datos de prueba. 4. A las nueve horas con treinta y cuatro minutos y doce segundos de la videograbación la agente del Ministerio Público comenzó a narrar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación (Denuncia de ***************; entrevistas de ***************** de apellidos *************; copias certificadas de la sentencia emitida en el juicio ordinario civil sobre nulidad absoluta de juicio concluido (***************), que promovió *************, en contra de *************; copias del expediente ************** relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de **************, que promovieronlos hermanos ************; copias de la sentenciaemitida en el expediente ************, juicio intestamentario a bienes de ************** que denunciaron **********; copias certificadas del juicio ************** (antes **********); entrevistas de la inculpada; entrevista de ************* (hija de la inculpada); entrevista de ************; con los cuales estimó que se acreditaba el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal previsto y sancionado por el artículo 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, pues la inculpada falseó datos que provocaron una resolución judicial, en razón de que cuando presentó su promoción dentro del juicio sucesorio intestamentario ************ (actualmente *************), en la cual dedujo derechos hereditarios (nueve de agosto de dos mil trece), ya tenía conocimiento del primer juicio *********** relativo a la sucesión intestamentaria a bienes de su madre ************* en el cual ya se habían declarado únicos y universales herederos aella y a sus hermanos; por lo que omitió informar aljuez de la existencia de primer juicio, lo que provocóque el juez dentro del juicio *********** la nombrara única y universal heredera, pues falseó datos que provocaron tal resolución (hasta las diez horas con cincuenta y dos minutos y cincuenta segundos de la videograbación). 5. Después se le concedió el uso de la voz al asesor jurídico de las víctimas, quien señaló unirse a la petición de la fiscal y realizó diversos alegatos (hasta las diez horas con cincuenta y siete minutos). 6. Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, el juez responsable les hizo del conocimiento a la imputada el derecho que tiene de que su situación jurídica se resuelva en esa audiencia o si deseaban ampliar el término constitucional, por lo que la imputada señaló que se resolviera de una vez, por lo que se dio el uso de la voz a la defensa, quien pidió, que previo a pronunciarse a la solicitud de vinculación formulada por la fiscal, se decretara un receso de diez minutos, el cual se concedió. 7. A las once horas con doce minutos y treinta y siete segundos de la videograbación, la defensora pública de la imputada dio contestación a la solicitud de vinculación a proceso solicitado por la fiscal, por lo que expuso las razones por las cuales consideró no debía vincularse a la imputada, dado que no se acredita una conducta típica, como es alterar, simular y falsear un acto que provocara una resolución judicial (hasta las once horas con cincuenta y seis minutos y cinco segundos de la videograbación). Posteriormente se le dio el uso de la voz a la fiscal quien refutó lo expuesto por la defensa, por lo que solicitó se dictara auto de vinculación a proceso en contra de la imputada (once horas con cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos hasta las doce horas con siete minutos y cincuenta segundos de la videograbación). De igual forma se le dio el uso de la voz al asesor jurídico de las víctimas quien refirió que no le asiste razón a la defensa (doce horas con siete minutos y cincuenta y dos segundos hasta las doce horas con once minutos y cuarenta y un segundos). 8. A partir de las doce horas con dieciocho minutos y cuarenta y tres segundos el juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica de la imputada, exponiendo, entre otras cosas, su competencia, que hubo imputación, que se otorgó el derecho a la imputada de declarar, y que con los datos de prueba anunciados se llega a establecer que la imputada tenía conocimiento del juicio sucesorio intestamentario **********, promovido por ella y su hermanos a bienes de ************ **************, siendo que omitió informar tal circunstancia al comparecer al diverso juicio sucesorio ***********, por lo que hubo una falsedad ideológica, es faltar a la verdad, pues si bien manifestó hechos verdaderos omitió otros de los cuales ya tenía conocimiento, por lo que ello configura el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal, que tipifica el artículo 266, en relación con los artículos 9 y 13 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cometido en agravio de la administración de justicia y en perjuicio de *************, todos de apellidos **********, pues con la conducta de la imputada se actualiza la conducta de falsear documentos para provocar una resolución judicial, pues tenía conocimiento previo de que ya había instado junto con sus hermanos en el Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, la sucesión a bienes de su progenitora ************ el cual se radicócon el número ************, no obstante ello, observó en un edicto del periódico Sol del Bajío, que se estaban denunciando los bienes de su progenitora por parte de terceras personas, tuvo conocimiento que se estaba tramitando el expediente ********** ante el Juzgado Segundo Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, al cual compareció a través de un escrito presentado el nueve de agosto de dos mil trece, omitiendo manifestaciones en dicho escrito, por lo que existe una falsedad ideológica, toda vez que en ese escrito se hicieron manifestaciones que son verdad, pero se omitió decir la verdad del antecedente existente, de que ya existía un anterior juicio a bienes de su progenitora, lo cual no puso del conocimiento del Juzgado Segundo Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, por lo que a las trece horas con veinticinco minutos decretó auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, por el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal. De igual manera refirió el juez responsable, que no se impone ninguna medida cautelar, por así haberlo pedido la fiscal, y se fijó como cierre de la investigación el plazo de dos meses. 9. En contra de tal determinación, la defensora de la imputada, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien por resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, confirmó el auto de vinculación recurrido (fojas 86 a 101). La resolución anterior y su ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados, por una parte, e inatendibles en otra. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor de la quejosa, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la imputada en la causa penal ***************** del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, Guanajuato. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la peticionaria de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por la sala responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)". actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de la promovente. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si les asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formularon. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.)6, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA 5 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263. 6 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo II, página 1068. GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 732, libro 65, abril de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla - de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." I. Ahora bien, en el primer concepto de violación se refiere, en esencia, que la resolución reclamada viola el derecho de seguridad jurídica, legalidad y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 1, 14, párrafo tercero, 16, 17 y 19 constitucionales, 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que la responsable no dio respuesta fundada y motivada a todos los argumentos jurídicos que en vía de agravios se formularon al momento de interponer el recurso de apelación hecho valer por la defensa, en contra del auto de vinculación a proceso. Concepto de violación que es infundado. Lo anterior es así, pues de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable sí dio respuesta a los agravios formulados por la defensa de la aquí quejosa. En efecto, en el escrito de apelación interpuesto por la defensora pública de la vinculada a proceso, señaló, en esencia, como agravios: 1. Que se vulneró lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, así como los artículos 2, 4, 12, 311, 316, 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 266 del Código Penal del Estado, al realizar una inexacta aplicación de la ley e incorrecta valoración de los hechos y datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, pues enmienda la petición de la fiscalía realizada al momento de formular la imputación al sostener (parafrasea lo que se estipuló en la resolución). 2. Que del numeral 266 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, se desprende que el presupuesto de la conducta es alterar, falsear o simular documentos o actos, que provoquen una resolución judicial, verbos típicos que no se encuentran actualizados con los hechos narrados, pues se determinó que la imputada al presentar la promoción de nueve de agosto de dos mil trece, al apersonarse al expediente ************* de manera dolosa falseo la información ya que en tal promoción únicamente se presentó a deducir sus derechos hereditarios con la correspondiente acta de nacimiento para acreditar el entroncamiento con la de cujus y que oculto, omitió señalar o hacer mención de que ya existía un juicio siendo el ************** a bienes de **************, donde ya la habían declarado heredera. 3. Que de manera errónea se indica que se actualiza una falsedad ideológica donde la imputada se aprovechó a sabiendas de que sus hermanos no acudirían al juicio y que el código penal equivale las conductas de falsear y simular, siendo esta afirmación la que causa perjuicio a la quejosa, pues si bien existe un juicio previo siendo el **************, sin embargo, perdió de vista el juzgador que el juicio *************** se instó por terceros ajenos a la relación parental, quienes desconocían de la existencia del primer juicio ****************, en su carácter de acreedores de la sucesión, para hacer efectivo un contrato celebrado en vida con la señora ***************, contrato del cual el juez de control señaló que puede ser apócrifo sin tener dato de prueba en ese sentido. 4. Que se incorporan datos que no tienen sustento en la carpeta de investigación, también omite analizar que con todas las formalidades procesales de la legislación civil se convocó a todos lo hermanos de ************ (imputada), por medio de oficios y publicaciones para salvaguardar su garantía de audiencia y derecho a heredar, desconociendo la razón o motivo por la cual pese a su citación nunca comparecieron, hecho que no le resulta atribuible a la quejosa, ni que en la fecha en la que ella imprimió sus huellas dactilares en la promoción de nueve de agosto de dos mil trece, supiera o tuviera conocimiento que sus hermanos no habían acudido ni iban a acudir a deducir su derechos, de ahí que lo afirmado por el juez no es más que una mera especulación personal. 5. Que tampoco se puede establecer que se esté en presencia de una falsedad ideológica, pues para ello se debe atender a su definición (la transcribe), figura que no se establece con la promoción en la que la quejosa imprimió sus huellas, ni que haya falseado la información que en el mismo se contenía, pues solo señaló ser hija de ******************* y acreditó tal entroncamiento con la correspondiente acta de nacimiento, desconociendo si sus hermanos ya habían hecho lo propio o no, por lo que en dicha promoción no contiene ni se hacen afirmaciones falsas, luego no se actualiza el supuesto que refiere el juez de control en la resolución, no hay en su contenido una mentira, ni se faltó a la verdad, en tal sentido los supuestos típicos del artículo 266 del Código Penal que se le reprocha, en particular la presentación de la promoción, no se engasta en ninguno de los supuestos previstos en tal numeral, ni se indujo al juzgador en un error con medios fraudulentos como lo señaló el asesor victimal. 6. Que la correcta interpretación del artículo 266 del Código Penal para el Estado lleva a concluir que el ilícito de fraude procesal tutela la administración de justicia, la cual se considera vulnerada cuando se simulan actos jurídicos o alteran elementos de prueba para obtener una resolución judicial de la que derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, entendiéndose por simular, fingir, aparentar o dar a entender lo que no es, y por alterar, modificar, afectar o adulterar la esencia o forma de algo, hipótesis que no pueden considerarse actualizadas por el hecho que se le atribuye a la quejosa, no con presentar una promoción, pues la existencia de un juicio previo no implica ni falsedad ni simulación de actos jurídicos, sino, en todo caso, son motivos que dan lugar a la excepción o excepciones civiles relativas, circunstancias que deberán dilucidarse en el correspondiente procedimiento, lo cual así aconteció, pues con posterioridad se declaró la nulidad del juicio ************** y como consecuencia la nulidad del acto protocolario de donación, más no así el derecho a heredar de la quejosa. 7. Que no se puede establecer que con la promoción de fecha nueve de agosto de dos mil trece, la quejosa haya obtenido un beneficio indebido y en perjuicio de terceros, dado que no le resulta indebido el hecho de ejercer su derecho de audiencia y heredar, aunado a que en todas las etapas de la causa ************* se garantizaron tales prerrogativas a los que se dicen víctimas, siendo que no comparecieron, situación que no puede ser atribuida a la imputada, y si se le declaró única y universal heredera lo fue, no porque ella así lo solicitara, sino porque fue la única que compareció a deducir su derecho hereditario, aunado a que se dejó a salvo los derechos de quienes acrediten igual o mejor derecho a la herencia, con lo que no se demuestra el resultado formal al que alude el juez de control ni el de carácter económico que señaló, pues la donación fue a título gratuito, además que tales derechos hereditarios ya se declaró su nulidad desde el año dos mil ocho por la autoridad civil competente, circunstancias y hechos que al emitirse el auto de vinculación a proceso no se valoraron de manera adecuada; en tal sentido la conducta que se reprocha a la quejosa no resulta típica ni debe trascender a la esfera del derecho penal por no resultar contraria, ni mucho menos engasta en los supuestos previstos por el artículo 266 del Código Penal para el Estado. 8. Que el artículo 14 constitucional consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, siendo que el dictado del auto de vinculación a proceso viola tal garantía en perjuicio de la imputada. Agravios a los que la Sala responsable dio respuesta y desestimó, pues precisó: 1. Que no comulga con las manifestaciones que como agravio hace valer la parte impugnante, porque no es verdad que el juzgador de origen se haya apartado de los artículos a los que alude, en su libelo de inconformidad, la defensora pública, tampoco que hubo inaplicación de los preceptos legales que en su momento debieron ser observados, menos aún que deriven de un incorrecto análisis jurídico del asunto penalmente relevante a estudio, sometido a su conocimiento judicial; tampoco se patentiza una deficiente valoración de datos de prueba, ni la inobservancia de leyes procesales aplicables al caso, toda vez que no se comparte el planteamiento lógico jurídico sostenido por la impugnante y se estima que no es eficaz para superar las razones y argumentos que tuvo el juez de primer grado para arribar a la conclusión que asumió. 2. Que para un mejor entendimiento del caso motivo de análisis era menester remitirse a lo peticionado por la fiscal, pues en el cuadro fáctico se tomaron en consideración los datos de prueba que enseguida se enlistan (cita diversos datos de prueba). 3. Que en consideración de tales datos de prueba asiste razón al juzgador del conocimiento en el sentido de establecer que los datos de prueba aportados a la causa penal número ***********, permiten establecer los hechos estimados por la ley como constitutivos del delito de fraude procesal, previsto por el artículo 266 del código sustantivo penal para el estado, ello porque la conducta de la imputada consistió en confeccionar una falsedad ideológica en el contenido del escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, con el que compareció ante el Juzgado Segundo Civil de Salvatierra, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario número *************, ello, con el propósito de acreditar su entroncamiento familiar con la de cujus (***************), anexado también para ese efecto, el acta de nacimiento correspondiente; juicio que fue promovido por terceros ajenos a la relación parental con la de cujus, quienes dijeron haber celebrado en vida con la señora **************, un contrato privado de compraventa concerniente a un inmueble. 4. Que el comportamiento desplegado por la imputada obedece a una falsedad ideológica, en virtud de que debió haber informado en ese escrito de nueve de agosto de dos mil trece, a la autoridad correspondiente, a saber: juez Segundo Civil de Salvatierra, Guanajuato, que ya existía con anterioridad un diferente juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus **************, mismo que se tramitó en el Juzgado Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, tramitado por ****************, todos de apellidos ***********, el cual quedó registrado con el juicio sucesorio intestamentario ************, del que se desprende que en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, se determinó la declaratoria de únicos y universales herederos a todos los nombrados, designándose como albacea a **************** resolución que causó estado en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce. 5. Que la imputada, como bien lo estableció el resolutor de primer grado, omitió decir la verdad con respecto a la existencia del diverso juicio sucesorio intestamentario número *************, mediante el cual comparecieron los hermanos de apellidos **************, incluyendo la imputada, con el propósito de denunciar el intestado, a bienes de su señora madre de nombre *************; de tal suerte que la imputada tenía conocimiento pleno de lo sucedido jurídicamente en ese primer juicio, porque los declararon herederos únicos y universales tanto a ella como a sus demás hermanos. 6. Que la imputada *************, con su proceder indebido, es decir, con el planteamiento falaz ideológico utilizado en el escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, provocó a la postre, en ese juicio sucesorio intestamentario **************, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Salvatierra, Guanajuato, que obtuviera un pronunciamiento judicial a su favor, mediante el cual la declararon única y universal heredera de los bienes de la de cujus ***************, por ello resulta incorrecta la apreciación que pretende argumentar la defensa en su escrito de inconformidad, cuando aduce que el juzgador de origen lleva a término un planteamiento inadecuado, faltando a los principios generales de derecho, relativos a la valoración, legalidad y exacta aplicación de la ley, vulnerando en perjuicio de la imputada el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales. 7. Que no se comulga con lo que intenta la defensora pública, toda vez que, en el caso, el juzgador del conocimiento únicamente llevó a cabo el análisis exhaustivo del proceder con el que se condujo la imputada **************, es decir, el ocultamiento existente de información, mismo que trajo como consecuencia una falsedad ideológica, porque dicho juzgador advirtió en su momento que la imputada de referencia debió haber comunicado al Juzgado Segundo Civil de Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, que tanto ella, como sus hermanos *****************, todos de apellidos ***************, habían denunciado previamente una sucesión intestamentaria a bienes de su señora madre que en vida se llamó *****************, juicio **************; empero, al dejar de hacerlo, es así que faltó a la verdad, consecuentemente, como se conoce en autos, al seguir el diferente juicio C- ************, por todos sus trámites legales, originó que ***************** obtuviera una resolución judicial favorable a su interés, perjudicando de esta forma a la administración de justicia, así como a los demás coherederos señalados en líneas arriba. 8. Que se conoce de los datos de prueba anunciados, que con posterioridad la imputada, al haber obtenido esa sentencia judicial favorable, realizó una donación a título gratuito de esos derechos hereditarios adquiridos, en favor de las personas de nombres **************, de ahí que es dable colegir que con tal comportamiento asumido en esos términos y condiciones, afectó a los demás coherederos hermanos suyos. 9. Que al haberse demostrado en autos el proceder indebido con el que se condujo la ahora imputada **************, se colma a cabalidad la hipótesis leal contemplada por el numeral 266 del Código Penal para el Estado, porque evidenciado está que la imputada de referencia, decidió motu propio con la presentación del escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, ocultar la verdad a la autoridad competente -juez Segundo Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato-, confeccionando una falsedad ideológica, toda vez que debió haberle informado que ya había con anterioridad, tanto ella como sus demás hermanos coherederos, denunciado la sucesión intestamentaria a bienes de su señora madre *************, a saber, el diverso juicio sucesorio intestamentario número C- 606/2012, radicado en el Juzgado Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, por tanto, si así lo demuestran los datos probatorios que fueron agregados a la causa penal respectiva, consecuentemente, el agravio que hace valer la defensora pública de la imputada, deviene infundado e inatendible. 10. Que por otra parte, no constituye obstáculo jurídico alguno el hecho de que se diga por parte de la defensora pública, la situación de que **************** solamente hubiere comparecido con la presentación de ese escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, a defender sus derechos sucesorios en la causa C-195/2013, radicada en el Juzgado Segundo Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, aduciendo además que dicha imputada inclusive no sabe leer ni escribir, que por ello se advierte que imprimió sus huellas dactilares en el mencionado escrito; sin embargo, contrario a tal opinión, el comportamiento indebido llevado a término como lo hizo la imputado, no la exime de ninguna responsabilidad penal, porque al haber imprimido únicamente sus huellas dactilares en el mencionado escrito, conlleva todas las consecuencias que de su contenido y análisis se originen, por tal motivo, no se comparte la opinión de la defensora pública. 11. Que a diferencia de lo aducido por la apelante, el ocultar un hecho trascendental para conocer una situación en su plenitud, sin duda alguna significa faltar a la verdad, es decir, falsear el contenido de un escrito o un acto jurídico, pues solo se exponen, a través de cualquiera de ellos, una verdad incompleta que impide apreciar la realidad, así se puede afirmar que falsear es el acto de distorsionar la verdad o la realidad, esto es, de presentar un escenario que no corresponde con aquellas. 12. Que la acción típica de falsear documentos o actos genere como resultado la emisión de una resolución judicial o administrativa, esto quiere decir que la conducta es el medio para producir o conseguir que la autoridad tome una decisión sobre algo y emita, por tanto, una resolución acorde con sus funciones; sin importar, para la configuración típica del hecho delictivo, que esa resolución signifique la obtención de un beneficio indebido en favor de la inculpada o la producción de un perjuicio contra otros, ya que, esto no es requerido por la descripción legal contenida en el artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato. 13. Que en la especie la inculpada ciertamente incurrió en falsedad en el escrito con el que se apersonó en el juicio sucesorio ********** promovido por terceros, pues con independencia de que sin duda le sirvió para presentarse en ese trámite con el afán de defender sus derechos, no menos cierto es, que con plenitud sabía de la existencia del juicio ************** que previamente se había promovido en conjunto con sus hermanos y desde luego estuvo en condición de así hacerlo saber en el trámite al que se apersonó, también independientemente de si sus hermanos comparecerían o no a ese posterior procedimiento sucesorio intestamentario, ya que a diferencia de lo que sostiene la inconforme, lo que se asume como conducta típica de la imputada es precisamente no presentar la verdad o realidad completa a la autoridad judicial para evitar que ésta con base en ella tomara una decisión que no fuera acorde con la realidad, lo que así sucedió, tan es así que se declaró la nulidad del juicio sucesorio instado por los terceros antes aludidos, es así que fue con base en el ocurso que exhibió la imputado en el juicio sucesorio ************** en el que no presentó la realidad completa, falseando su contenido ideológico, lo que no solamente derivó en tenerle por apersonándose en ese juicio sino que provocó la emisión de una resolución judicial en la que se le designó única heredera y albacea. 14. Que acorde con lo anterior, el bien jurídico protegido con esta figura delictiva es la correcta procuración y administración de justicia, pues su ubicación en el Código Penal para Guanajuato, se encuentra en el libro segundo o parte especial, en la sección cuarta referente a los delitos contra el Estado, titulo tercero, de los delitos contra la procuración y administración de justicia y en el capítulo III, lo que igualmente significa que el titular de ese bien jurídico es el Estado quien es el encargado de esas funciones a través de su Poder Ejecutivo, vía fiscalía o Ministerio Público, y el Poder Judicial, respectivamente, lo que igualmente conlleva que se busca proteger la verdad como valor axiológico y jurídico como base de las funciones de procurar y administrar justicia, ya que la esencia del tipo penal es evitar que las autoridades encargadas de esas actividades estatales sean engañadas o sometidas a un error, para emitir sus resoluciones en el ámbito de sus respectivas competencia, sin perjuicio que en determinados casos ello redunde en una afectación a la esfera jurídica o patrimonial de otros. 15. En ese sentido, resulta inoperante el argumento de la recurrente referente a que no se estableció que la imputada obtuvo un beneficio indebido o causó un perjuicio a terceros porque ya se declaró la nulidad del juicio sucesorio en cuestión, puesto que, ninguna trascendencia tiene para la configuración del hecho delictivo en cuestión tal resultado. De lo anterior, se evidencia que, contrario a lo aducido por la quejosa, la Sala responsable sí dio respuesta a los agravios que formuló, por lo que no se violentó el derecho de la peticionaria de amparo de acceder a una justicia completa, como lo alega; de ahí lo infundado del concepto de violación analizado. Sin que la resolución reclamada vulnere lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, ni que exista una inexacta aplicación de la ley e incorrecta valoración de los hechos y datos de prueba como lo alega la quejosa, pues, a consideración de quien esto resuelve, se estima ajustada a Derecho la resolución reclamada, dado que de acuerdo a los datos probatorios citados por la fiscal, y como bien lo aduce la Sala responsable, acreditan hasta este momento, el hecho delictivo que la ley señala como delito de fraude procesal, previsto por el artículo 266 del Código Penal del Estado de Guanajuato, ello porque la imputada omitió información al presentar su escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, con el que compareció ante el Juzgado Segundo Civil de Salvatierra, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio intestamentario número **************, pues debió haber informado en ese escrito que ya existía con anterioridad un diverso juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus *************, mismo que se tramitó en el Juzgado Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, tanto por la imputada como por sus hermanos de nombre ****************, todos de apellidos ************, el cual quedó registrado con el juicio sucesorio intestamentario *****************, en el cual incluso ya se había determinado como únicos y universales herederos a todos los nombrados. Por lo que al omitir decir tales datos, de los cuales ya tenía conocimiento la imputada, provocó que en el juicio sucesorio intestamentario *********************, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Salvatierra, Guanajuato, obtuviera un pronunciamiento judicial a su favor, mediante el cual la declararon única y universal heredera de los bienes de la de cujus ******************. Por ello resulta correcta la apreciación que hace la responsable en la resolución reclamada, de los datos de prueba expuestos en la audiencia de imputación, dado que se llevó a cabo un análisis exhaustivo del proceder con el que se condujo la imputada **************, esto es, el ocultamiento existente de información, mismo que trajo como consecuencia una falsedad ideológica, porque la imputada debió haber comunicado al Juzgado Segundo Civil de Partido Judicial de Salvatierra, Guanajuato, que tanto ella, como sus hermanos ya habían denunciado previamente una sucesión intestamentaria a bienes de su señora madre, el cual estaba radicado con el número de juicio ***************; empero, al dejar de hacerlo, es así que faltó a la verdad, consecuentemente, en el juicio C- ***********, la imputada de referencia obtuvo una resolución judicial favorable a su interés, perjudicando de esta forma a la administración de justicia, así como a los demás coherederos señalados. Es por ello, que se estima por parte de este juzgador, que con la conducta desplegada por la imputada, hasta este momento, se colma a cabalidad el hecho que la ley señala como delito de fraude procesal previsto en el artículo 266 del Código Penal del Estado, porque evidenciado está que la imputada, decidió motu propio con la presentación del escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, ocultar la verdad al juez Segundo Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, confeccionando una falsedad ideológica, toda vez que debió haberle informado que ya habían con anterioridad, tanto ella como sus demás hermanos coherederos, denunciado la sucesión intestamentaria a bienes de su señora madre *******************, lo cual no realizó. Por lo expuesto es que este juzgado de Distrito advierte que hasta esta etapa procedimental no se ha vulnerado derecho fundamental de la ahora quejosa, ni se dejó a un lado sus derechos humanos; en consecuencia, la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales que aduce, ni de los artículos 1, 14, 16, 20 y 21 constitucionales. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación que se analizan. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 35/20177, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el 7 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162. proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Finalmente, el resto de los conceptos de violación, son inatendibles, pues constituyen, en esencia, una reiteración de los agravios expresados en el recurso de apelación (los cuales fueron contestados por la sala responsable), como se puede advertir del siguiente cuadro: Conceptos de violación Consideraciones vertidas en el escrito de agravios. . De lo anterior se puede advertir, que los argumentos expuestos en el resto de los conceptos de violación constituyen una reiteración casi literal de los realizados en el escrito de agravios presentado por la defensa de la quejosa en el que promovió el recurso de apelación; argumentos que la sala responsable desestimó y, por ende, es evidente que al no formularse motivo de disentimiento tendientes a controvertir las consideraciones en que la responsable sustentó su determinación, son inatendibles los conceptos de violación aquí expuestos, porque la falta de impugnación a las consideraciones de la responsable se mantienen firmes para regir el sentido de la resolución reclamada. Máxime que se insiste, hasta el momento, se estima que, con lo expuesto por el fiscal en la audiencia de vinculación, se cuentan con datos de prueba suficientes y razonables que permiten determinar que se acredita el hecho que la ley prevé como delito de fraude procesal. Así como que esos datos de prueba, hasta ese momento, permiten determinar la probable participación de la imputada en la comisión de tal hecho delictivo. Por lo expuesto es que este juzgado de distrito advierte que hasta esta etapa procedimental no se ha vulnerado derecho fundamental de los ahora quejosos, ni se dejó a un lado sus derechos humanos; en consecuencia, la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales que aduce, ni de los artículos 1, 14, 16 y 19 constitucionales. De ahí que resulten infundados e inatendibles los conceptos de violación que se analizan. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 35/20178, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En esas condiciones, al resultar infundados e inatendibles los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: 8 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162. ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a *******************, en contra de los actos de las autoridades responsables que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que en esta fecha, el titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia oficial otorgada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que las actuaciones serán efectuadas por un secretario encargado del despacho, quien en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solo puede practicar diligencias de mero trámite y urgentes, lo que excluye las audiencias constitucionales. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y se señalan las catorce horas con diez minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo.

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