Cecilia Padrón Alvarado
Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cecilia Padrón Alvarado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ***********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a en cita se declara que la ley reglamentaria se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez Segundo Menor Civil en esta ciudad, mediante el cual cumple el requerimiento de veintiuno del presente mes y año y remite copia certificada de la diligencia practicada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho en el juicio ejecutivo mercantil 1785/2017. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo **********, se duele del mandamiento de ejecución (auto de exequendo) ordenado en el juicio ejecutivo mercantil ***, así como su cumplimentación efectuada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, aduciendo que no es parte en el juicio de origen, lo que la califica como tercera extraña auténtica al juicio y, con ello, se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez responsable, se desprende que en el juicio de origen, se ordenó una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, contra la demandada de nombre ***********, la cual se verificó el veinticinco de enero pasado, por conducto de la aquí quejosa. También se advierte que únicamente se practicó el emplazamiento, sin que se hayan embargado bienes, dado que la actora "manifiesta reservarse el derecho para señalar bienes en otro momento procesal" De este modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ahora bien, como se advierte de los antecedentes narrados, la parte demandada es una persona diversa a la aquí quejosa; que a aquélla es a quien se dirigió el auto de exequendo, y por esa razón no se por esa razón no lesionan sus intereses jurídicos. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo IV, Parte TCC, página 336, que a la letra dice: AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional. Asimismo, resulta aplicable la Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, página 520, que a la letra reza: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es la perticionaria, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. No es inadvertido que la promovente también reclama la ejecución y eventual embargo de bienes de su propiedad, en el domicilio señalado, ubicado en ***; sin embargo, se está ante conductas futuras e inciertas, contra las cuales es improcedente el juicio de amparo. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Ahora de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la diligencia controvertida, se emplazó a una tercera y no se señalaron bienes para embargo, puesto que la actora se reservó tal derecho. Lo anterior, genera incertidumbre sobre si se practicará una nueva diligencia en ese domicilio, además de que, como ya se dijo, el mandato no está dirigido contra la quejosa y, en su caso, podrá acreditar la propiedad de los bienes que se pretendan secuestrar. De tal guisa, entre el auto de exequendo y el eventual embargo, existen diversas circunstancias que tornan futura e incierta la afectación a la aquí promovente. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables. Asimismo, orienta la tesis V.2.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables. Sin que pase inadvertido que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la quejosa para que desahogue la prevención formulada el veintiuno de los corrientes, pues dicha prevención corresponde a lo manifestado por la autoridad responsable y no cambiaría el sentido del presente auto. Además, de retrasar el dictado del desechamiento podría perjudicar a la promovente en la medida en que solo retardaría una decisión que puede dictarse desde este momento.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 133/2018. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar lo conducente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: Aclare si en la diligencia reclamado se embargó formalmente el inmueble ubicado en ***, en donde dice que se practicó la diligencia, o bien, algún diverso mueble; en su caso, si fue desposeído de ellos. Lo anterior dado que en la demanda únicamente menciona que la autoridad ejecutora ingresó a su domicilio y se le corrió traslado con la demanda y anexos, pero no hace referencia al embargo o desposeimiento de algún bien (que, en su caso, podría ser la materia de vulneración de derechos constitucionales); máxime que la suspensión la solicitó para que "se me restituya la posesión del inmueble de marras". En la inteligencia, de que deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, (2) para las autoridades responsables, (1) para el tercero interesado (1) para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y (dos) para el incidente de suspensión; apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley en cita. Resulta aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." La prevención deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Sin perjuicio de lo anterior, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juez Segundo Menor Civil de esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, remita la diligencia de exequendo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, derivada del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice. Con apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad, de esta ciudad y como autorizado en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, por tener inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la personas que menciona, en virtud de que no proporcionó el número de cédula profesional a efecto de verificar si cuentan con dicho documento inscrito en el Sistema aludido.
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