Celia Mata Murillo

Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
137/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Celia Mata Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo número 137/2022-III y el testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de mayo del año en curso, en el amparo en revisión administrativo 489/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Jueza Octava de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 137/2022. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio promovido por **************, en contra del acto que reclamó del Ayuntamiento, Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Tesorero y Presidente Municipal de Celaya, Guanajuato, consistentes en el acuerdo con el que se aprueba el presupuesto de egresos para el prenombrado Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2022, en lo relativo -únicamente- al ajuste o aumento en el tabulador de remuneraciones o percepciones asignadas a todos y cada uno de los integrantes del mencionado Ayuntamiento (o sea, la nueva administración municipal 2021-2024) y su ejecución. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por *****, en contra de los actos de la Quinta Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 137/2021-III. Análisis de una causa de improcedencia improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. En ese tenor, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del citado cuerpo normativo. Los artículos invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En primer lugar, cabe señalar que el Maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como "el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante los Tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión." De esta definición, se debe resaltar que la demanda es el primer acto dentro de un proceso; situación que coincide con el artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se señala que "la demanda expresará: (.) III. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa; (.)", de lo que se colige que la demanda no sólo es el primer acto dentro del juicio, sino que es el acto esencial que marca el inicio de un proceso. En consecuencia, se aprecia que con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial. Ahora bien, el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, cuyo objeto es hacer reales, eficaces y prácticas las garantías establecidas en la Constitución, con lo que se busca proteger a los individuos de los actos de las autoridades, sin distinción de rango, cuando violenten sus derechos fundamentales. El juicio de amparo, está regulado por la Carta Magna y la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Es así que el juicio de amparo es un medio de control constitucional jurisdiccional del sistema jurídico mexicano, en adición a la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional; pero a diferencia de estas dos, el juicio de amparo es promovido por cualquier particular que considere que sus garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad. Por tanto, el juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente dicho y entraña una verdadera contienda entre la persona agraviada que lo promueve y la autoridad que ha afectado los derechos del promovente, garantizados en la Constitución. De lo anterior, se infiere que el agraviado o quejoso asume el papel de actor en la controversia y la autoridad designada como responsable, interviene como demandada; la materia de la controversia es el acto concreto u omisión de la autoridad, que el interesado considera lesivo de sus garantías individuales. Así, se puede concluir que el juicio de amparo, en concreto, el indirecto, por su forma y contenido, es propiamente un juicio. En lo formal, se inicia ante un Juez de Distrito con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de que se trate, por lo que se debe precisar el nombre del particular que impugna el acto, a quien se le denominará quejoso, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado, las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren dicha violación, lo que se conoce como conceptos de violación. Con la presentación de la demanda, se entiende que quien la promovió, tiene interés en que el órgano jurisdiccional dicte una resolución favorable a su pretensión; por tanto, acorde a lo señalado en el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que no opera de manera oficiosa, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales lo permita. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa estampa sus huellas, lo que puede traducirse que probablemente no sabe leer ni escribir, por lo que surge la siguiente interrogante ¿qué opción tiene el sujeto impedido de firmar, para documentar una declaración de voluntad? Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2011, determinó: -Que, el requisito indispensable de la firma de quien formula una promoción o demanda, tiene dos excepciones: una, cuando el promovente no sabe firmar y otra, cuando no puede firmar. Un camino para solventar tal solución es la impresión de la huella digital y la firma a ruego de otra persona. -Señaló que la firma cumple dos funciones diferenciables: Individualización. La firma es un medio idóneo para individualizar a la persona que suscribe un documento, distinguiéndola de cualquier otra. Es afirmación de individualidad, significando que ha sido la persona firmante y no otra, quien ha suscrito el documento. Expresión de voluntad. La firma cumple la función de exteriorizar el propósito del sujeto de hacer suya la declaración contenida en el documento que suscribe. Es afirmación de voluntariedad, esto es, que se acepta lo que se manifiesta en el documento. -Que al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también el suscriptor o signante que quiere efectuar una declaración de voluntad. -Además, realizó la siguiente interrogante: ¿puede la impresión de la huella digital cumplir la doble función que se asigna a la firma? Función individualizadora. En este aspecto, se puede sostener que la impresión de la huella digital es más idónea para individualizar al sujeto, pues las técnicas dactiloscópicas desarrolladas, permiten afirmar que no hay dos personas que posean idénticas huellas dactilares; en cambio, los caracteres de la letra pueden ser imitados y, en algunos casos, podrá resultar difícil al perito, decidir sobre la autenticidad de una firma. -Que se podría afirmar que la impresión de la huella digital puede cumplir mejor que la firma, la función individualizadora; sin embargo, eso no es suficiente para reemplazarla, pues para ello sería menester que también sirviera para expresar la voluntad del sujeto. -Efectivamente, la impresión de la huella digital no puede suplir la falta de firma del interesado, pues si bien es señal insuperable de identificación e implica absoluta seguridad respecto a la persona de quien emana, no sirve como prueba de voluntad, que es la misión fundamental de la firma, puesto que quien pone su impresión digital es persona que -por regla general- no sabe firmar y, por tanto, no sabe leer. -Además, realizó la siguiente interrogante, ¿cómo se podría asegurar que la persona ha querido realmente expresar o aceptar las declaraciones que contiene un documento? Expresión de voluntad. Como se dijo en el inciso anterior, respecto de la exteriorización de la voluntad, es donde falla la pretendida asimilación de la impresión de la huella digital. -Que la causa más frecuente de que una persona se encuentre impedida de colocar su firma en un documento, como ya se precisó, es que no sabe leer ni escribir y, por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento. Si el sujeto desconoce la declaración de voluntad del documento, haría mal en hacerla suya por el solo hecho de colocar una de sus huellas dactilares en el documento, ya que eso sólo servirá para demostrar que ha tenido contacto físico inmediato con la hoja en que se encuentra la manifestación de voluntad, pero de ninguna manera probará que ese contenido es expresión de la propia. -De lo señalado, se infiere que la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad; por tanto, en ningún caso puede suplir a la firma. -En ese orden, expresó la siguiente interrogante, ¿qué opción tiene el sujeto analfabeto o impedido de firmar, para documentar una declaración de voluntad? -Que diversas disposiciones han previsto una solución, ya que admiten que si una persona no sabe o no puede firmar, debe imprimir su huella digital y solicitar a otra que lo haga en su lugar; esto es lo que se conoce como firma a ruego, que consiste en la posibilidad de que otra persona, distinta de la interesada, suscriba el documento a petición o instancia de aquel que no sabe o no puede firmar un documento, a saber, la fracción I del artículo 1055, así como la IX del diverso 1390 Bis 11, ambos del Código de Comercio; artículo 114 Código Federal de Procedimientos Civiles; numeral 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispositivo 4º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: -Que como se puede ver, esas disposiciones han incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no puede firmar, añadida al imperativo de colocar su impresión dactilar en el documento, lo que permite su individualización. - La superioridad afirmó que tal exigencia tiende a cumplir las dos funciones que tiene la firma expresa del interesado, esto es, la individualización y la expresión de voluntad, con lo cual se establece la identificación de quien imprime su huella digital y la prueba de su voluntad que, como se precisó, es la misión fundamental de la firma. -Efectivamente, cuando se cumple el requisito de la huella digital, queda acreditada la presencia de la persona interesada y con la firma a ruego, se demuestra que quiso hacer suyo el contenido del documento respectivo. -Que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del quejoso o promovente que no sabe o no puede firmar. De la anterior ejecutoria derivó, la jurisprudencia 1a./J. 1/2011 (10a.), que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial". De lo antes expuesto, este juzgador considera, que cuando una persona no sabe o no puede escribir, al momento de presentar su demanda de amparo, deberá realizar lo siguiente: 1. Estampar su huella digital. 2. Que un tercero firme a su ruego. En el caso, del escrito inicial de demanda, no se advierte que una diversa persona a la quejosa hubiera firmado a su ruego, pues solo se desprende que **** imprimió su huella digital, corrobora la anterior afirmación, la siguiente digitalización: Por tanto, al no contener la firma a ruego de una diversa persona de la quejosa, sino sólo la huella digital de esta, es inconcuso, que la demanda de amparo carece de la manifestación de la voluntad de la quejosa, de instar la acción constitucional. Ello es así, pues como se precisó es probable que la quejosa sea una persona que no sabe leer ni escribir y por lógica consecuencia, ignora el contenido de un documento, por lo que al solo haberse estampado la huella digital de la quejosa, sin que exista firma a ruego de una diversa persona, es evidente que no existe prueba que el contenido de la demanda es expresión propia de la quejosa. Por tanto, la impresión de la huella digital es de suyo inútil como modo de expresión de la voluntad; por tanto, en ningún caso puede suplir a la firma, dado que la firma a ruego es un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad de la quejosa o promovente que no sabe o no puede firmar. En consecuencia, al no contener la demanda de amparo la firma a ruego de una diversa persona distinta a la quejosa, queda de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden, cabe señalar que la falta de firma a ruego de una persona distinta a la quejosa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 8/2019 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". También resulta aplicable, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6 de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado en las oficinas de la Defensoría Pública del estado, ubicadas en *****, ******, **** en esta ciudad. Así también, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con relación a las demás personas, en términos restringidos del citado numeral, por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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