Celia Morales Moreno

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Cuevas Morales
  • Celia Morales Moreno
  • REYNALDO CUEVAS MORALES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído de ocho de noviembre de do mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que causó ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que la resolución no les causa perjuicio alguno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, incisos a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó proveído en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Devolución de documentos. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos originales que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Sin que sea necesario que se deje en autos copia de los mismos, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido.

  2. Principal

    Se admite ampliación de demanda. Intégrese al sumario el escrito con huella dactilar del quejoso ********** y firmado por su progenitora ********** (representante); en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 111 de la ley de la materia, se admite la ampliación de demanda de amparo por lo que hace a una distinta autoridad responsable, a saber, del Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, señalando como conceptos de violación los esgrimidos en su escrito de cuenta. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, que al inicio del escrito de cuenta se señala al quejoso con el nombre de **********, ya que en el cuerpo de su escrito de ampliación y demanda inicial se tiene que el nombre correcto es: **********. Solicitud de informe justificado. En tal virtud, con apoyo en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de la ampliación, pídase a la nueva autoridad señalada como responsable -Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar- su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, y para que remita copias certificadas de las constancias que tomó en cuenta para dictar el acto que se le reclama, en la inteligencia que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien hasta mil días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 117, 238 y 251 del ordenamiento legal invocado. Sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Asimismo, hágase saber a la autoridad responsable en cita que, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitida por el Consejo de Salubridad General, así como al acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se establecen medidas extraordinarias para atender dicha emergencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, lo que se corroborará por la misma vía, salvo que por el volumen de las constancias sea necesario remitirlo de manera tradicional. 2. Señalar un correo electrónico o un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Las anteriores determinaciones son tomadas con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, así como del personal perteneciente a la autoridad responsable; además de que se pretende evitar la propagación del virus. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así también, córrase traslado con la ampliación de demanda tanto al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como a las restantes autoridades responsables respecto de las cuales no se formuló ampliación, sólo para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Audiencia constitucional. Hágaseles saber que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Comuníquese a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos solo de trámite, podrán consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. En relación a la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que ve a las documentales ofrecidas en su escrito inicial, consistentes en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Delegado Regional de Programas para el Desarrollo en Guanajuato y Delegado Regional, ambas de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, dígasele que de conformidad con el principio de adquisición procesal, una vez que las pruebas se incorporan al juicio benefician a todas las partes y no sólo a su oferente. Por tanto, toda vez que los informes de ley ya se encuentran incorporados al sumario, constituyen prueba para todas las partes. Robustece lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1010164 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 1403, que señala: "ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A LAS DEMÁS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE. Conforme al principio de adquisición procesal, las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable."

  3. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho del presente mes y año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la diversa autoridad a las señaladas como responsables en la demanda de amparo, esto es, el Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, sin que hasta este momento se hubiese notificado ese proveído. Además, en la citada fecha se ordenó la reexpedición de los oficios 17202/2022 y 17203/2022, mismos que se depositaron el en correo postal el doce de septiembre del año en curso, según factura que se anexa a los autos, sin que obre el acuse de recibo respectivo. Diferimiento de audiencia. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo.

  4. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el comunicado registrado con el folio 12546, por medio del cual rindieron su informe de ley las autoridades responsables, Delegado Regional de Programas para el Desarrollo en Guanajuato y Delegado Regional, ambas de la Secretaría de Bienestar en Guanajuato, a través de la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia; la indicada oficiante informó que tras realizar una búsqueda en los registros de la Coordinación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, se encontró que las solicitudes con folio ************* y *************, de veinte de julio de dos mil veinte y catorce de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, no se encuentran registrados en el sistema. Con motivo de lo anterior, personal de dicha delegación realizó visita domiciliaria al aquí quejoso *************, a efecto de llevar a cabo el llenado del Formato Único de bienestar (FUB) con número de folio *************, mismo que fue capturado con ID CAPTURA *************. Asimismo, giró el oficio correspondiente el Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, solicitándole que, de acuerdo con sus atribuciones, y como autoridad responsable del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, realice las acciones correspondientes en relación con la solicitud de incorporación del aquí quejoso al mencionado Programa. Vista para ampliación de demanda. Ahora, visto lo manifestado por la citada autoridad en su informe justificado y las pruebas que allegó con el mismo, se desprende que en el acto reclamado por la parte quejosa -omisión en la tramitación y resolución de las solicitudes de otorgamiento de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad- participó una autoridad diversa a las señaladas como responsables en la demanda, esto es, el Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, quien de conformidad con lo establecido por el artículo 22, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, es el encargado de validar los procesos de registro en el padrón, referente, entre otras, a las altas de las personas beneficiarias de las pensiones y los programas sociales a cargo de la Subsecretaría de Bienestar.1 Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 111, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo para efecto de señalar como autoridad responsable al: Director General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar. En el entendido que en su escrito de ampliación deberá adecuar sus manifestaciones de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior con el apercibimiento que, de no cumplir con este requerimiento, el juicio de amparo se resolverá, en su caso, conforme a los actos y autoridades indicados en el escrito inicial de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Sobres postales devueltos. Por otro lado, se reciben los sobres devueltos por el Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios dirigidos a las autoridades siguientes: 17202/2022: Director Estatal de Operación Integral de Programas en Guanajuato de la Secretaría de Bienestar. : Titular de la unidad para la atención de grupos prioritarios en Guanajuato de la Secretaría de Bienestar. Ahora bien, una vez que se consultó el organigrama de la Secretaría de Bienestar, Delegación Bienestar en el Estado de Guanajuato, se advierte que las indicadas autoridades no existen en la Delegación Estatal Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, como se aprecia de la imagen que se inserta: Por lo anterior, y una vez consultado el Manual de Organización General de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio del año en curso, se desprende que las autoridades indicadas tienen su domicilio en la Ciudad de México, sito en Calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 185, Piso 3 Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, con las siguientes denominaciones:  Titular de la Dirección General de Operación Integral de Programas de la Secretaría de Bienestar, en la Ciudad de México.  Titular de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, en la Ciudad de México. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones en la tramitación del presente asunto, se ordena reexpedir vía postal las comunicaciones de referencia con la denominación y domicilio correcto en la Ciudad de México. Adecuación de denominación de autoridades. Finalmente, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que haga la adecuación de la denominación de las autoridades responsables, en los términos precisados en este auto.

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