Carlos Escobedo Suárez
Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Escobedo Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Carlos Escobedo Suárez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO Finalmente, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. HOMÓLOGO FEDERAL SOLICITA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se realice la vinculación del presente juicio al diverso 932/2021 de su índice, dado que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se evidenció que no se encuentran expedientes electrónicos relacionados a dicho juicio. En tal virtud, dígasele que dicho expediente electrónico ya se encuentra disponible a fin de que el Analista Jurídico del SISE de su adscripción, vincule su juicio de amparo, para su consulta. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. SE AGREGA SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO Agréguese a los presentes autos sin realizar mayor pronunciamiento el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó la vinculación del presente juicio a su diverso, mismo que le fue comunicado mediante oficio 16798. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-913/2021 promovido por Carlos Escobedo Suárez contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificada con la debida oportunidad (ocho de octubre de dos mil veintiuno), según constancia de notificación que obra en autos. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, en relación a la omisión de rendir su informe justificado la autoridad responsable, continúese con la presente audiencia; Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, diversas documentales. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente realizó lo conducente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento 329/2021. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-913/2021, promovido por Carlos Escobedo Suárez, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Carlos Escobedo Suárez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad y el acto siguiente: La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo del Congreso del Estado de Michoacán, la omisión de publicar en la página de internet oficial del Congreso, la Convocatoria a Sesión, el Orden del Día, la Gaceta Parlamentaria, el Acta de Sesión y el Diario de Debates correspondientes a la sesión de quince de septiembre de dos mil veintiuno. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con la misma con el número de expediente X-913/2021; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridad circunscrita al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: 1. La omisión de publicar en la página de internet oficial del Congreso, la Convocatoria a Sesión, el Orden del Día, la Gaceta Parlamentaria, el Acta de Sesión y el Diario de Debates correspondientes a la sesión de quince de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO.- EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora dado que la autoridad responsable, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido solicitado el mismo con la oportunidad debida, por tanto, en términos del artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierto tal acto. CUARTO. Causales de improcedencia. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por el quejoso y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, en función a que en la especie se actualiza una causa de improcedencia que impide realizar ese análisis en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. El suscrito estima que es improcedente el presente juicio de garantías en relación al acto reclamado y, por tanto, debe sobreseerse en los términos que a continuación se especifican, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" . Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar, que el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, reformado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos tutelados por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo dispuesto en la Constitución Federal reformada, evidencia con claridad que al margen de la introducción del concepto de interés legítimo como elemento de la acción de amparo, conserva la figura del interés jurídico y, por tanto, para la procedencia del amparo, se requiere su acreditación cuando quien lo promueve, aduce ser titular de un derecho que dice es afectado por el acto de autoridad que reclama. Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos y juicio de amparo, publicadas en el mes de junio de dos mil once, modificaron algunos de los principios fundamentales del juicio de amparo, entre ellos el relativo al interés jurídico del actor o quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción, ya que la fracción I, del artículo 107 constitucional, establece: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Así, antes de la reforma que se comenta y de la publicación de la Nueva Ley de Amparo, sólo se consideraba interés el jurídico para legitimar al promovente del amparo en defensa de lo que anteriormente se denominada garantías individuales y, actualmente derechos humanos, sin embargo, en virtud a ella se introdujo el interés legítimo, como elemento de procedencia de la acción de amparo, lo cual conlleva la necesidad de analizar y comprender los aspectos novedosos sobre los temas aludidos. En relación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que se trata de un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley, de modo que aquél como elemento esencial de la acción, juntamente con la pretensión, obedece a que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, por lo cual, únicamente puede plantearse a través de ella, aspectos del orden jurídico por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que se señala como fundamento de la sentencia que se solicita. En otras palabras, sólo quien es titular del derecho que pretende prevalezca con el dictado de la sentencia se encuentra legitimado para ejercer la acción. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas". En materia de amparo, la demostración del interés jurídico lleva implícito el tema de procedencia, pues de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio; en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos. Ahora bien, la reforma constitucional de que se habla, introdujo el interés legítimo, como elemento de procedencia de la acción de amparo, por ello, conviene señalar que desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, le atribuye el carácter de jurídico. Es así, porque al atribuirse al interés legítimo ciertas consecuencias de derecho, se le eleva a la categoría de jurídico, de ahí que resulte posible hablar de un interés jurídico en sentido amplio que abarca tanto al interés jurídico en sentido estricto como el interés legítimo. En otros términos, por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido. Por tanto, las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el estado jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos. Estas últimas normas son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica, pues tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplías, pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica. Mediante estas reglas se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de la norma, pues éstas tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. De lo anterior se desprende, que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Ahora, si el quejoso en un amparo contra tribunales aduce un interés jurídico, su contraparte en el juicio de origen no puede alegar la prevalencia de un interés legítimo sobre el del propio quejoso. Es así, porque si bien en determinados procedimientos ordinarios la legislación puede legitimar en el ejercicio de la acción a quien ostente un interés legítimo, sin embargo, ello implica como se dijo, que dicho interés se eleve al rango de jurídico, de ahí que por disposición constitucional, en el caso del amparo contra actos de tribunales, prevalece el interés jurídico sobre el legítimo. Sobre el particular, cabe señalar que, la regla que antecede, también es aplicable a actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues debe tenerse en consideración que quien aduce un interés jurídico en sentido individualizado en su beneficio de tal forma que cuenta con un derechos subjetivo, mientras que quien ostenta interés legítimo aduce la existencia de una norma que aún no se ha individualizado en su beneficio, pues simplemente lo coloca, como integrante de una colectividad, en la posibilidad de defender, en su beneficio, intereses colectivos que no se han materializado en una situación concreta. De ahí que, cuando una persona ha adquirido un derecho subjetivo por haber reunido todos y cada uno de los requisitos que establece la legislación aplicable, no se le puede privar de su derecho, sino sólo cuando se abroga o declara la inconstitucionalidad de la norma o legislación que originó el derecho subjetivo. Dicho de otra forma, el interés colectivo que justifica al legítimo no debe prevalecer sobre el jurídico, salvo los casos en que la pretensión consista en obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma que justifica a este último o se apoye en la circunstancia de que no se dieron los supuestos que legalmente justifican la existencia del derecho subjetivo. En los juicios de amparo promovidos en contra de normas generales, la prevalencia de uno u otro derecho dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que da origen al interés jurídico o de la que da pauta al legítimo, pues lógicamente debe prevalecer la que se encuentra en situación de regularidad constitucional sobre la que no. Empero, si ambas son constitucionales, debe prevalecer la de mayor jerarquía; y si ambas tienen la misma, el juzgador de amparo deberá hacer uso de su criterio para elegir a la que debe predominar. Pero en todo caso, tanto el interés jurídico, como el legítimo, deben quedar plenamente acreditados para que la acción de amparo resulte procedente. Lo anterior, porque el interés jurídico atiende necesariamente a los elementos que lo constituyen, por tanto, su demostración supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, además, que el acto de autoridad afecte ese derecho que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo, se deben identificar los elementos que lo constituyen son: a) Existencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley o acto que se reclama, y c) Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. En relación con este último elemento, cabe hacer notar que algunas normas pueden establecer un interés difuso para una colectividad muy amplia, pero el acto que se reclama sólo afecta a una parte de sus integrantes y no a la totalidad, en cuyo caso el quejoso deberá acreditar que se encuentra dentro del grupo realmente afectado, sin que baste acreditar su pertenencia a esa colectividad amplia que en abstracto se encuentra tutelada. Ello, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica precisamente al quejoso por ser éste el promovente del juicio, corresponde demostrar su pertenencia al ente colectivo que específicamente sufre el agravio. En otros términos, aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el quejoso deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 ha establecido el criterio que se transcribe: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese sentido, no obstante que el quejoso aduce su afectación en que el acto resulta relevante o beneficioso para la sociedad y no simplemente de interés individual, ya que la divulgación resulta útil para que el público comprenda las actuaciones que lleva el Congreso del Estado de Michoacán, y por lo tanto incide en el derecho de acceso a la información. Lo cierto es que, para estimar que la omisión de la autoridad responsable en realizar la publicación en la página oficial del Congreso del Estado de Michoacán, afecte el interés legítimo del quejoso, éste debió manifestar el acto en concreto que causa la afectación ante dicha omisión, toda vez que el acto que reclama lo realiza de manera genérica, por lo que, no es posible dilucidar que parte de la orden de ese día en concreto es la que pudiera ser de interés general y por lo tanto le asistiere interés al quejoso, lo que se pudiera traducir a la pretensión de un interés simple, ya que no señala que se haya discutido alguna ley, decreto, reglamento, alguna orden del ejecutivo del estado, alguna cuestión de interés general, en la que la autoridad responsable se encontrara conminada a su publicación general, partiendo de la transcendencia de la misma. De ahí que, se estima que en el caso no quedó demostrado en autos que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, aunado a que el quejoso no aportó prueba alguna para demostrar que se afectara su interés en ningún sentido. Esto es, el quejoso debió aportar medios de convicción que demostraran que la omisión de no publicar en la página de internet del Congreso del Estado de Michoacán, la convocatoria a sesión, el orden del día, la gaceta parlamentaria, el acta de sesión y el diario de debates, correspondientes a la sesión de quince de septiembre del año en curso afectara de alguna manera su esfera jurídica. Con lo anterior, se estima actualizada la referida causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo señalado por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Escobedo Suárez, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, en términos del ultimo considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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