Carlos Escobedo Suarez

Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
380/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Carlos Escobedo Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Carlos Escobedo Suárez, por tanto, se acuerda lo siguiente. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue promovida por Carlos Escobedo Suárez, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Sin embargo, a fojas 3 y 9 vuelta de la sentencia pronunciada en audiencia celebrada el veinticinco de mayo del año en curso, se asentó por error como nombre del quejoso Carlos Escobedo Juárez, específicamente en las partes que a continuación se transcriben: "Vistos los autos del juicio de amparo número VII-380/2023, promovido por Carlos Escobedo Juárez, por propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y" "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Carlos Escobedo Juárez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución." Consecuentemente, atendiendo al error advertido; con fundamento en el artículo 74, último párrafo, de la Ley de Amparo, se realiza la aclaración de la sentencia pronunciada en autos, para el único efecto de que quede establecido que el nombre correcto del quejoso respecto del cual se dictó lo es el de Carlos Escobedo Suárez. De ahí que los fragmentos de la sentencia motivo de aclaración deberán quedar como sigue: "Vistos los autos del juicio de amparo número VII-380/2023, promovido por Carlos Escobedo Suárez, por propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y" "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Carlos Escobedo Suárez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución." Lo anterior notifíquese personalmente a las partes conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso h) de la ley de la materia. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO En otro tenor, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el único cuaderno incidental es susceptible de destruirse, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo VII-380/2023 promovido por Carlos Escobedo Suárez, contra actos del pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con residencia en Charo, Michoacán. Jefa de la Unidad de Causa del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en Charo, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. EL JUEZ: Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa adjuntó a su libelo constitucional y escrito aclaratorio; asimismo, aquellas que las autoridades responsables adjuntaron a su correspondientes informes justificados; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir diversas pruebas ofertadas ni pendientes de desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción mediante pedimento 220/2023, presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. VISTOS los autos del juicio de amparo número VII-380/2023, promovido por Carlos Escobedo Juárez, por propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, registrada y turnada a este juzgado el treinta siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito; Carlos Escobedo Juárez, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló las garantías constitucionales que consideró vulneradas. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda y trámite del juicio. Previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el once de abril siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Así, una vez rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello en atención a que la parte quejosa reclama actos cuya ejecución material tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir: a) Del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán: El Acuerdo a través del cual se prohíbe el ingreso de celulares a las Salas de Oralidad, a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. b) Del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; así como del Jefe de Causa de la Región Morelia, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ambos con residencia en Charo, Michoacán: El aviso por el que se prohíbe el ingreso de celulares a las Salas de Oralidad, a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Contra lo referido por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento, al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables citadas en el inciso b), aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las fotografías que adjuntaron a sus respectivos informes, donde consta la fijación del aviso en el que se puede leerse la siguiente leyenda: "Se informa a las partes y público en general, que a partir del día 27 de marzo de 2023, está prohibido ingresar celulares a las salas". Cobra aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, en su propio informe realiza manifestaciones que evidencian su certeza. Así se afirma, no obstante que negó la existencia de un Acuerdo Plenario que como tal, estableciera la prohibición reclamada; pues, lo cierto es que aceptó la existencia del Reglamento para Ingresar a las Salas de Oralidad, emitido en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, en cuyo punto 6 establecía: "Prohibido introducir celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo móvil". Reglamento del que acompañó copia certificada a su informe y a la que este juzgador confiere valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación.Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cabe decir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que, como quedó precisado en párrafos anteriores, las autoridades responsables precisadas en el inciso b) aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado y si bien la diversa mencionada en el inciso a) negó su existencia, tal negativa quedó desvirtuada con el contenido de su propio informe justificado; circunstancia que de igual manera se advierte de las constancias que ésta remitió para darle sustento. CUARTO. Causales de Improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso concreto, este Juzgador estima, de oficio, que respecto del acto reclamado al Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, consistente en la emisión del acuerdo a través del cual se prohíbe el ingreso de celulares a las Salas de Oralidad, a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]". De la norma transcrita, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Cabe mencionar que, sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, entre otros, los criterios de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la persona quejosa, al cesar su actuación. Lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por su parte, la fracción II del artículo citado, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que dicha causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de forma tal, que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese contexto, se concluye que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque el acto reclamado cesó en sus efectos. En efecto, el quejoso reclama en la presente instancia constitucional, el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en la que se establece la prohibición de ingresar con teléfono celular a las Salas de Oralidad a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, así como la fijación del aviso correspondiente. Ahora, al rendir su informe justificado, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, si bien no aceptó la existencia de un Acuerdo Plenario que como tal estableciera la prohibición reclamada; lo cierto es que ésta se encontraba prevista en el punto 6 del Reglamento para Ingresar a la Sala de Oralidad, emitido en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el diecisiete de junio de dos mil quince, que en su punto 6 textualmente disponía: "prohibido introducir celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo móvil". No obstante, debe decirse que tal reglamento cesó en sus efectos. Lo anterior virtud a la entrada en vigor -con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, del "ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE DEJA SIN EFECTOS EL REGLAMENTO PARA INGRESAR A LA SALA DE ORALIDAD Y APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DEN LAS SALAS DE ORALIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL", vigente a partir del quince de abril de dos mil veintitrés, día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, consultable en la página oficial www.periodicooficial.michoacan.gob.mx; la que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Acuerdo plenario que, como se desprende de su segundo transitorio, dejó sin efectos el Reglamento para Ingresar a las Salas de Oralidad, vigente al momento de la presentación de la demanda y, por tanto, los efectos de éste han cesado y desaparecido de la esfera jurídica del quejoso, sin dejar huella alguna; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. También, bajo los efectos de las nuevas disposiciones que, están actualmente en vigor, donde de igual modo se modificó la entrada en vigor de la prohibición en cita del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés para el quince de abril de dos mil veintitrés; deben considerarse sustituidas en sus efectos los actos reclamados consistentes en el aviso y el acuerdo que prohíben el ingreso de celulares a las salas de oralidad que aquí se reclaman. Máxime que el Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Jefe de Causa de la Región Morelia, del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ambos con residencia en Charo, Michoacán, respecto de la fijación del aviso que prohibía el ingreso de celulares a las Salas de Oralidad a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado, que ello obedeció a lo establecido en el Reglamento para Ingresar a las Salas de Oralidad, y que quedó sin efectos con motivo de la entrada en vigor del acuerdo plenario que aprobó los lineamientos para el ingreso y permanencia en las salas de oralidad del sistema de justicia penal acusatorio y oral, a partir del quince de abril de dos mil veintitrés. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis número I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. A causa del sobreseimiento, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados. Es orientador el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por Carlos Escobedo Juárez, por lo motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy Fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. REMITEN INFORMES JUSTIFICADOS. Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con el que las autoridades que los suscriben rinden el informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que las autoridades responsables envían como sustento de sus informes justificados, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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