Carlos Enrique Santiago Hernández
Expediente 845/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Enrique Santiago Hernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte promovente del amparo para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas el veintiséis de julio del año en curso, sin que lo hubiese hecho. NO PRESENTADA En consecuencia, ante el referido incumplimiento, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito; y, con fundamento en el artículo 114 de la ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Santiago Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad; en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de amparo.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que a la fecha, ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte promovente del amparo para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas el veintiséis de julio del año en curso, sin que lo hubiese hecho. NO PRESENTADA En consecuencia, ante el referido incumplimiento, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito; y, con fundamento en el artículo 114 de la ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Santiago Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad; en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de amparo.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Santiago Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. En atención a que el promovente en su libelo específicamente en los hechos entre otros datos manifiesta que existe un juicio de naturaleza familiar sobre divorcio incausado, mismo que se encuentra radicado en el índice del Juzgado Sexto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial bajo el número 414/2019, figurando como partes del mismo Patricia Alvarado Contreras en cuanto actora (aquí posible tercero interesada) y el aquí quejoso Carlos Enrique Santiago Hernández en cuanto demandado, y en el que refiere no se ha decretado medida cautelar alguna; por lo anterior deberá precisar lo siguiente: a) Manifieste si los actos que pretende reclamar los hace derivar del juicio familiar que aduce en escrito de demanda, en caso de ser afirmativo deberá indicar el estado procesal que guardan los autos del juicio oral familiar 414/2019; o bien, b) Si insiste señalar como actos reclamados los que menciona en su demanda, mismos que según manifiesta son fuera de procedimiento, por lo que en caso afirmativo deberá señalar la conexión que existe entre los actos que reclama y el juicio familiar a que mención en su demanda señalado como el 414/2019, asimismo, c) En relación al acto reclamado que hace consistir en cualquier orden o acto que atente contra la libertad del quejoso, sin embargo señala como autoridad ordenadora a un Juez Civil Familiar, quien por regla general no tienen la facultad de dictar órdenes en contra de la libertad, por lo que de insistir en reclamar dicho acto deberá indicar a quién se lo atribuye. 2. Por otro lado, toda vez que en los hechos narra que dentro del juicio 414/2019 de naturaleza familiar no se ha decretado ninguna medida cautela, en tal virtud debe manifestar si insiste en señalar que en dicho controvertido no se ha dictado medida cautelar alguna, o bien si en caso de que se haya dictado alguna medida cautelar, ésta fuese tomada como el acto reclamado en esta instancia constitucional. En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por la quejosa bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 3. Solventado lo anterior, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio, necesarias para correr traslado a la autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. SE ATIENDE MANIFESTACIÓN. Ahora bien, no se ignora que el amparista menciona en el apartado del acto reclamado el peligro de privación de la libertad y actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito debe atender dicha manifestación, ya que son actos considerados de carácter urgente, de conformidad con el artículo 126, de la Ley de Amparo, que establecen la procedencia de la suspensión de oficio, lo cual obliga al suscrito a pronunciarse en torno a esa petición. Al respecto cabe decir que, conforme al artículo 126 de la Ley de la Materia, la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En la especie, el suscrito estima que las anteriores hipótesis no se actualizan, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se conoce que el quejoso se encuentra gozando de su libertad, tan es así que firma la demanda de amparo, actuando por propio derecho, aunado a que de lo narrado por el propio quejoso en su libelo no se advierte que éste haya sido objeto de privación de la liberta, golpeado o recibido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, que en la especie no prevalece si se tiene en cuenta que el acto reclamado la pretensión de la privar de la libertad al aquí quejoso, acto que es factible de atenderse, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Época: Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Común, Administrativa Tesis: Página: 1698 SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio. Amparo administrativo. Revisión del auto que concedió de plano y de oficio la suspensión 2417/36. Chacón Carlos y coags. 11 de septiembre de 1936. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. APERCIBIMIENTO. Apercibido de que, en caso de no cumplir con lo anteriormente requerido y dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona indicada en su demanda, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Santiago Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. En atención a que el promovente en su libelo específicamente en los hechos entre otros datos manifiesta que existe un juicio de naturaleza familiar sobre divorcio incausado, mismo que se encuentra radicado en el índice del Juzgado Sexto en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial bajo el número 414/2019, figurando como partes del mismo Patricia Alvarado Contreras en cuanto actora (aquí posible tercero interesada) y el aquí quejoso Carlos Enrique Santiago Hernández en cuanto demandado, y en el que refiere no se ha decretado medida cautelar alguna; por lo anterior deberá precisar lo siguiente: a) Manifieste si los actos que pretende reclamar los hace derivar del juicio familiar que aduce en escrito de demanda, en caso de ser afirmativo deberá indicar el estado procesal que guardan los autos del juicio oral familiar 414/2019; o bien, b) Si insiste señalar como actos reclamados los que menciona en su demanda, mismos que según manifiesta son fuera de procedimiento, por lo que en caso afirmativo deberá señalar la conexión que existe entre los actos que reclama y el juicio familiar a que mención en su demanda señalado como el 414/2019, asimismo, c) En relación al acto reclamado que hace consistir en cualquier orden o acto que atente contra la libertad del quejoso, sin embargo señala como autoridad ordenadora a un Juez Civil Familiar, quien por regla general no tienen la facultad de dictar órdenes en contra de la libertad, por lo que de insistir en reclamar dicho acto deberá indicar a quién se lo atribuye. 2. Por otro lado, toda vez que en los hechos narra que dentro del juicio 414/2019 de naturaleza familiar no se ha decretado ninguna medida cautela, en tal virtud debe manifestar si insiste en señalar que en dicho controvertido no se ha dictado medida cautelar alguna, o bien si en caso de que se haya dictado alguna medida cautelar, ésta fuese tomada como el acto reclamado en esta instancia constitucional. En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por la quejosa bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 3. Solventado lo anterior, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio, necesarias para correr traslado a la autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. SE ATIENDE MANIFESTACIÓN. Ahora bien, no se ignora que el amparista menciona en el apartado del acto reclamado el peligro de privación de la libertad y actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito debe atender dicha manifestación, ya que son actos considerados de carácter urgente, de conformidad con el artículo 126, de la Ley de Amparo, que establecen la procedencia de la suspensión de oficio, lo cual obliga al suscrito a pronunciarse en torno a esa petición. Al respecto cabe decir que, conforme al artículo 126 de la Ley de la Materia, la suspensión de oficio, procede cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, precepto que establece a su vez, que están prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie o cuando se trate de actos relativos a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o bien, cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En la especie, el suscrito estima que las anteriores hipótesis no se actualizan, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se conoce que el quejoso se encuentra gozando de su libertad, tan es así que firma la demanda de amparo, actuando por propio derecho, aunado a que de lo narrado por el propio quejoso en su libelo no se advierte que éste haya sido objeto de privación de la liberta, golpeado o recibido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127, de la Ley de Amparo, pues no se está en ninguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama algún acto de extradición, previsto en la fracción I del artículo y por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II, de ese numeral, la suspensión de oficio, procede cuando se trate de algún acto que, de llegarse a consumar, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, que en la especie no prevalece si se tiene en cuenta que el acto reclamado la pretensión de la privar de la libertad al aquí quejoso, acto que es factible de atenderse, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este tribunal proceda en los términos de los citados artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: Época: Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Común, Administrativa Tesis: Página: 1698 SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio. Amparo administrativo. Revisión del auto que concedió de plano y de oficio la suspensión 2417/36. Chacón Carlos y coags. 11 de septiembre de 1936. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. APERCIBIMIENTO. Apercibido de que, en caso de no cumplir con lo anteriormente requerido y dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona indicada en su demanda, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
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