Carlos Escobedo Suárez

Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
294/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Carlos Escobedo Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. SE REMITE INFORME Agréguese a los autos el oficio 7916, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado rendido por la Subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado, toda vez que refiere el mismo se encuentra dirigido al juicio de amparo VI-294/2019, en que se actúa. Ahora, al advertir que por auto de quince del mes y año en curso, el juicio de amparo en cita, fue remitido al Juzgado oficiante, virtud a la acumulación decretada de dicho juicio de amparo al diverso 275/2019; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítasele el informe justificado de referencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. SOLICITA LA REMISIÓN DE AUTOS. Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hace del conocimiento que por auto de tres de julio pasado, se determinó de plano la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 275/2019 del índice de aquel juzgado, por lo cual solicita la remisión de los presentes autos. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de julio próximo y como se solicita y al no advertir inconveniente alguno, mediante atento oficio remítase el presente juicio de amparo, así como los respectivos cuadernos incidentales, solicitando el correspondiente acuse de recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente y mediante oficio como corresponda. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil diecinueve. SOLICITA COPIAS Agréguese a los autos el oficio 8677, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remita copia certificada de las principales del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, como lo solicita la autoridad oficiante, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítasele la copia certificada que peticiona, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del dos de julio de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 294/2019, ...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo el inconstitucional proceso de selección, designación y nombramiento de Fiscal General para el Estado de Michoacán de Ocampo a favor del C. Adrián López Solís. EFECTOS PARA LOS QUE SE PIDE LA MEDIDA La medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: "Que se ordene la suspensión inmediata en el cargo al C. Adrián López Solís como Fiscal General del Estado de Michoacán, hasta en tanto no se resuelva de fondo el presente juicio de amparo. Por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia número 111/2003 que dice: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González. Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil tres.". SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades responsables, se advierte que reconocieron la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama. TERCERO.- IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIVA. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Por su parte el artículo 128, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En la especie, el quejoso Carlos Escobedo Suárez, pretende reclamar en esta instancia constitucional diversas actuaciones relativas al proceso de selección, designación y nombramiento de Fiscal General para el Estado de Michoacán, en favor de Adrián López Solís, ello aduciendo un interés legítimo colectivo, aduciendo que forma parte de la colectividad afectada, al ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado de Michoacán y residente del mismo. Ahora, el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establece: "Artículo 102.- Para la elección del Fiscal General del Estado, se observará el siguiente procedimiento: I. El Congreso del Estado emitirá convocatoria pública para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, noventa días antes del término del encargo; II. De entre los concurrentes a esa convocatoria, que cumplan todos los requisitos, elegirá diez propuestos en una lista que enviará al Gobernador del Estado; III. El Gobernador del Estado contará hasta con diez días a partir de la recepción de las propuestas, para formar una terna, misma que remitirá al Congreso del Estado; IV. El Congreso del Estado deberá, de entre la terna propuesta elegir a quien será Fiscal General del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes; V. De no enviarse la terna dentro del plazo de diez días el Congreso del Estado integrará la terna correspondiente; VI. De no lograr la votación requerida para elegir de entre los propuestos integrantes de la terna hasta en dos ocasiones, se solicitará al Gobernador del Estado la integración de una nueva terna, que será integrada por personas de la lista inicial; VII. El Fiscal General del Estado tomará protesta ante el Congreso; y, VIII. Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determina la Ley. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General Del Estado De Michoacán De Ocampo, establece: "Titularidad La Fiscalía General estará a cargo del Fiscal General, cuya autoridad se extiende a todos los servidores públicos que la conforman. El Fiscal General, cuando ejerza el Ministerio Público, podrá hacerlo por sí o por medio de alguno de sus agentes del Ministerio Público, fiscales especializados, regionales o del Fiscal coordinador. La presente ley, su Reglamento y los acuerdos expedidos por el Fiscal General fijarán la función, número, adscripción, obligaciones y atribuciones de los servidores públicos que integran la Fiscalía General. El Fiscal General, sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al Fiscal estatal anticorrupción para expedir normas administrativas necesarias que rijan su actuación, emitirá los reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos de la Fiscalía General, así como de agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos." Mientras que, el artículo 30 de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone que son atribuciones del titular de la Fiscalía General, además de sus facultades orgánicas, todas las atribuciones que ése y los demás ordenamientos jurídicos confieren al Ministerio Público, señalando de manera enunciativa y no limitativa las mismas. En consecuencia, con los elementos que se tienen hasta el momento y no obstante el interés colectivo que aduce el quejoso se causa con el procedimiento de designación de Fiscal General del Estado de Michoacán, al presumirse un perjuicio al interés social y contravención del orden público, ya que la propia Constitución del Estado de Michoacán, establece el procedimiento necesario para designar a un titular de la Fiscalía General del Estado, para que cumpla con las funciones establecidas en ese ordenamiento y leyes secundarias estatales, dirija la institución encargada de investigar los hechos delictivos y su prosecución, así como la organización y dirección de los mandos policiacos, entre otras. Por tanto, en términos de los artículos 128, fracción II y 129, ambos de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para los efectos que pretende el quejoso Carlos Escobedo Suárez, porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo los argumentos planteados en este acuerdo y ponderando el interés superior de la sociedad sobre el interés que aduce la parte impetrante, el cual, por el momento no se advierte que sea un interés colectivo como lo señala o con la afectación a todos los habitantes del Estado de Michoacán, y sí en cambio, al ordenar la suspensión inmediata de quien resultó ser electo para ocupar la titularidad de la dependencia que señala, se estaría causando un grave perjuicio al orden público, por separar de su cargo a un funcionario cuyo proceso de designación se impugna, pero que dicho procedimiento será la materia del fondo del amparo al que estos cuadernos de suspensión corresponden. En el contexto referido, se concluye que el procedimiento para la designación de Fiscal General del Estado de Michoacán, representa una actividad de la administración, encaminada a la satisfacción de un interés colectivo y, por tanto, es a través de éste que típicamente se efectúa una tarea de orden público; por eso, para efectos de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, es innegable que la sociedad está interesada en que se proteja el ejercicio de esa facultad establecida en la Constitución Local y sus leyes secundarias estatales, aunado a que por el carácter de acto administrativo que corresponde a esa actividad, goza en principio de una presunción de legalidad y validez. Asimismo, dado que el objeto de ese procedimiento es asegurar que el Estado cuente con el titular en la Fiscalía General, que es la institución encargada primordialmente de investigar los hechos delictivos, la suspensión que se solicite en contra de dicho procedimiento y su etapa final -designación-, ésta, por regla general, deberá negarse, pues mientras que el procedimiento de designación representa en sí, típicamente, una cuestión de orden público e interés social, que debe salvaguardarse por disposición legal y constitucional, el particular cuenta sólo con un interés individual en que se desarrolle el procedimiento conforme a las disposiciones normativas que lo regulan y con la mera expectativa de que de resultar contrario a la ley, se reponga el mismo y se ordene designar a un nuevo titular de la fiscalía, intereses cuya afectación no resulta de mayor trascendencia que la ocasionada al interés colectivo si se separa de forma inmediata al fiscal designado, privando a la colectividad del beneficio concreto que, acorde a la medida del derecho deducido por el quejoso, el perjuicio que resentiría es, en todo caso, uno que jurídica y materialmente es posible restaurar en las condiciones ordinarias mediante la sentencia de amparo, si se acredita en cuanto al fondo la violación alegada. Por contener los principios jurídicos invocados, por similitud jurídica, orienta a lo anterior, la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2008143 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: IV.2o.A.105 A (10a.) Página: 852 "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACUERDO DEL CONGRESO LOCAL DE PUBLICAR LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR GENERAL, PORQUE SE AFECTARÍAN EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).Acorde con los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el orden público implica que las normas de interés general, público y de obediencia condicional no sean anuladas o modificadas con base en el interés de las partes, pues se consideran base configurativa del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo cual, no pueden ser anuladas por el interés particular que accione, por su sola voluntad, en pro de su solo beneficio. Ahora, conforme a los artículos 63, fracción XIII, 136 a 140 de la Constitución Política; 1, 78, 79, 80, 82, 83 y 84 de la Ley de Fiscalización Superior, así como 8 y 9 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, todos del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior de la entidad es el órgano auxiliar de la Legislatura, facultado para la fiscalización de las cuentas públicas del Estado, la cual se encuentra a cargo de un auditor general, quien es electo mediante convocatoria pública emitida por el propio órgano legislativo. Bajo tales circunstancias y en términos del artículo 128, fracción II, de la ley primeramente citada, es improcedente conceder la suspensión en el amparo indirecto contra el acuerdo del Congreso Local de publicar la convocatoria para ocupar el puesto referido, pues de hacerlo se afectaría el orden público emanado de las propias disposiciones legales que obligan al Poder Legislativo a seleccionar, mediante convocatoria pública, al candidato idóneo para ocupar el cargo, además de que el interés de los aspirantes únicamente se advierte como una expectativa laboral, que no pesa más que el interés colectivo en que las instituciones del gobierno funcionen en óptimas condiciones, es decir, bajo una debida integración de sus miembros, como lo es el auditor general para ejercer sus facultades regladas de fiscalización, que sea electo conforme a los principios democráticos previstos para ello." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 283/2014. Ariel Jesús Martínez Garza. 14 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Omar Castro Zavaleta Bustos. Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Carlos Escobedo Suárez, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados, por las razone expuestas en el considerando tercero de este fallo interlocutorio. ...

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