Carlos Elizarraras Zúñiga

Expediente 569/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
569/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Elizarraras Zúñiga
  • Nicolás Ayala Guerrero
  • Carlos Elizarraras Zúñiga y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del proveído dictado el uno de agosto del año en curso en el expediente 974/2015, en el cual señaló las once horas del veintidós de agosto del año en curso para que tenga verificativo la reinstalación de los trabajadores actores. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita la ampliación del término concedido a fin de dar cumplimiento con el fallo protector dado que, el expediente de origen se encuentra turnado al área correspondiente a efecto de requerir a la demandada. Se amplía término para cumplir con la ejecutoria Consecuentemente, como la autoridad responsable señala la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria y lo cual, no se es atribuible a su parte, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, por una sola vez, se amplía el plazo de cumplimiento concedido a la autoridad responsable, por el término de cinco días hábiles, en el entendido de que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector. Subsisten apercibimientos En el concepto de que subsisten los apercibimientos formulados en auto de once de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a once de julio de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Carlos Elizarrras Zúñiga y/o Carlos Elizarraraz Zúñiga, Nicolás Ayala Toledo, Fidencio Torres Espinoza, Juan Pablo García López, Rafael Mejía Orozco, Gustavo Rosel García, José Encarnación Santos Fonseca y Dulce Jimena Calderón Alavez; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PRECISIÓN DE PUNTO A CUMPLIR DE EJECUTORIA En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: Si a la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha instado sobre el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 974/2015, respecto del pago de salarios caídos y demás prestaciones, especificados en el juicio de origen, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, provea lo que conforme a derecho corresponda, esto es, dicte auto en el que se provean acciones tendientes para procurar requerir y/o realizar el pago en comento a los aquí quejosos. SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que haya lugar a notificar la presente determinación a autoridad alguna en cuanto superior jerárquico de la junta responsable, toda vez que no tiene superioridad alguna que sea corresponsable ante la falta de cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-569/2023, promovido por ********************y/o********************,********************, por conducto de su apoderado Juan Carlos Durán Arreguín, contra actos de los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el doce del mes y año en cita por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************y/o********************,********************, por conducto de su apoderado Juan Carlos Durán Arreguín, contra actos de los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; registrándose con el número de expediente VI-569/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que los actos reclamados es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión en actuar e impulsar de oficio la ejecución del laudo emitido dentro del juicio ordinario laboral 974/2015, específicamente en que se realice el pago correspondiente a favor de los aquí quejosos de lo condenado a cargo de la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede ciudad, se advierte que expresamente aceptó parcialmente la existencia de la omisión reclamada, consistente en la omisión de actuar e impulsar de oficio la ejecución del laudo emitido dentro del juicio ordinario laboral 974/2015. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió un legajo de copias certificadas del juicio laboral 974/2015 de su índice. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo"; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". Ahora bien, dentro del presente asunto, el que suscribe no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia, de ahí que se procede al estudio del presente juicio de amparo. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo dispuesto en el numeral 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Morelia, omite actuar e impulsar de oficio la ejecución del laudo emitido dentro del juicio ordinario laboral 974/2015, específicamente en que se realice el pago correspondiente de lo condenado a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón; lo cual se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que los ordenamientos laborales disponen la obligación de que la autoridad acate el término establecido en el artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual es del tenor literal siguiente: "ARTICULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes." Ahora, de las constancias que remitió el tribunal de conciliación responsable como justificación de su informe, se desprenden, en lo conducente, las actuaciones que enseguida se relatan: 1. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria del juicio de amparo directo 176/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, se dictó laudo en el juicio laboral 974/2015, en el cual se condenó a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Álvaro Obregón, a reinstalar en el empleo a los trabajadores actores (hoy quejosos ********************y/o********************,********************). Asimismo, pagar a favor de los actores la cantidad de $2,699,765.31 pesos (dos millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 31/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos y devengados, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del treinta de octubre de dos mil catorce, al uno de septiembre de dos mil quince, otorgamiento definitivo del nombramiento de base en la forma y términos establecidos en el considerando quinto del laudo. Por otra parte, absolvió a la demandada de lo reclamado por concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, correspondientes del dos mil ocho al dos mil trece para Heraclio López Calderón y David Zamudio Contreras y del dos mil doce al dos mil trece para Ma. Sonia Pérez Arreola, Juana Abigail Silva Sánchez, Guadalupe Ávila Merino, Martín Torres Espinoza y Jorge Espinoza Silva. 2. Mediante auto de uno de noviembre de dos mil veintiuno, ante la solicitud de los actores del juicio de origen, el tribunal de conciliación ordenó la actualización de los salarios caídos y demás prestaciones; dando la cantidad de $4,069,498.77 (cuatro millones sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 77/100 moneda nacional); y, ordenó se despachara auto de ejecución por esa cantidad, por ello, comisionó al actuario de su adscripción se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del ayuntamiento demandado y le requiriera el pronto pago de la cantidad antes referida, facultando al actuario para que en caso de negativa hiciera uso de la fuerza pública y de los medios de apremio señalados en la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria a la ley burocrática; y, en su caso embargara bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto total de la cantidad laudada. 3. El uno de diciembre de dos mil veintiuno, el tribunal laboral señaló las diez horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la reinstalación de los trabajadores (aquí accionantes de la instancia constitucional). 4. Llegada la fecha para que tuviera verificativo la reinstalación, el actuario adscrito a la autoridad responsable levantó el acta de reinstalación, en la que asentó la comparecencia de los trabajadores Gustavo Rosel García, Nicolás Ayala Toledo, Fidencio Torres Espinoza, José Encarnación Santos Fonseca, Carlos Elizarraraz Zuñiga, Juan Pablo García López, quienes aceptaron la reinstalación ofertada por la parte demandada, sin que se les entregara en esos momentos los materiales y herramientas de trabajo para el desempeño de sus funciones; también, asimismo se asentó la incomparecencia de los trabajadores Rafael Mejía Orozco, Dulce Jimena Claderón Alavez, quienes en dicha diligencia fueron asistidos por el licenciado Manuel Alan Méndez Gregorio, bajo el argumento de que su incomparecencia de se debió por motivos de salud. 5. En data catorce de febrero de dos mil veintidós, el actuario adscrito al tribunal responsable levantó el acta de requerimiento de pago y embargo en la que se solicitó al ayuntamiento demandado el pago de $4, 069, 498 .77 (cuatro millones sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho 77/100 moneda nacional), sin embargo, el representante legal de la parte demandada manifestó la imposibilidad para otorgar la cantidad en comento, por lo que señaló bienes muebles pertenecientes al Ayuntamiento para su embargo, los cuales fueron descritos en el acta en comento. Además en dicha acta se asentaron las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que no se tenía certeza si el valor de los muebles embargados, cubrían el monto requerido, por lo que solicitó el embargo de un bien inmueble registrado en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado bajo el número 104 ciento cuatro del tomo 202 doscientos dos a nombre del Ayuntamiento de Álvaro Obregón; y, solicitó al tribunal responsable designara un perito valuador para que emitiera el avalúo correspondiente, asimismo se enviara oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, a efecto de que inscribiera el gravamen correspondiente sobre el bien inmueble solicitado. Derivado de lo anterior, el actuario en funciones de ministro ejecutor y de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 951, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo (aplicado de manera supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), a partir de ese momento declaró legal y debidamente embargado el bien inmueble señalado por el representante legal de la parte actora, lo cual acreditó con el certificado de propiedad que en ese momento exhibió, el cual se embargó por ser de más fácil realización, ya que la parte demandada no exhibió documento alguno ni puso a la vista ninguno de los bienes muebles señalados para acreditar su existencia y estado en que se encontraban. Siendo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, la última actuación que obra en constancias; sin que obren actuaciones posteriores a dicha acta. En el caso concreto de los antecedentes relatados en párrafos precedentes se advierte que el tribunal burocrático, con el fin de ejecutar en su totalidad el laudo emitido el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria del juicio de amparo directo 176/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, se dictó laudo en el juicio laboral 974/2015, no se ha logrado proveer sobre la eficaz e inmediata ejecución en lo relativo al pago correspondiente a los aquí quejosos, por concepto de salarios caídos y demás prestaciones, mismos que fueron actualizadas en auto de uno de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, pues después de la diligencia de requerimiento, pago y/o embargo de catorce de febrero de dos mil veintidós, el tribunal responsable no ha realizado actuaciones posteriores, a efecto de realizar el efectivo pago a los aquí quejosos, a fin de cumplir con la obligación que se le impuso en el laudo de mérito. Por tanto, no se ha acatado lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece las garantías (positivas y negativas) que protegen ese derecho fundamental de la forma siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]". De la interpretación sistemática (sentido estricto) y funcional (teológica) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de este precepto, en relación con las garantías establecidas en los artículos 14, párrafo segundo y primero del 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la justicia comprende los aspectos siguientes: Una garantía positiva, consistente en la obligación a cargo del Estado de establecer tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, dotados de independencia y autonomía. Una garantía positiva, consistente en la obligación a cargo de estos tribunales, de estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo anterior significa, que los jueces y magistrados que ejercen la función materialmente jurisdiccional deben abstenerse de obstaculizar los procedimientos y proveer de lo necesario para que ningún juicio o procedimiento quede paralizado, desde el inicio hasta la conclusión del proceso o procedimiento respectivo. Una obligación positiva, consistente en el deber jurídico de resolver las controversias sometidas a su potestad de manera completa (congruencia interna y externa externa) e imparcial. Una obligación negativa, consistente en que el servicio de administración de justicia debe ser gratuito, quedando por tanto prohibidas las costas judiciales. Obligación positiva a cargo del Estado, consistente expedir leyes que garanticen la independencia de los tribunales y la plena ejecución de las sentencias. En materia de trabajo, la ejecución de los laudos cobra especial relevancia pues tradicionalmente se ha considerado a los trabajadores un sector de la sociedad especialmente vulnerable, tan es así, que la Ley Federal del Trabajo-supletoria de las burocráticas expedidas por el Congreso General y por las Asambleas Estatales en quienes se deposita el ejercicio del Poder Legislativo- establece varios mecanismos de protección, como la suplencia de queja cuando la exposición de las pretensiones de la parte trabajadora es deficiente, la suplencia en materia probatoria incluso después de concluido el juicio, por ejemplo en el incidente de liquidación de laudo. La Ley de Amparo también establece este tipo de mecanismos de protección dándoles un espectro de protección más amplio al prohibir, por ejemplo, que la suplencia se aplique a la parte patronal, aun cuando se reclame la falta o indebido emplazamiento a juicio. Al respecto el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: [.] V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo". Siendo esto así, dado que los trabajadores pertenecen a un sector vulnerable de la sociedad, el procedimiento de ejecución de un laudo cobra especial relevancia cuando la condena principal gravita alrededor de los salarios caídos, que supone la existencia de un despido injustificado que puso al trabajador y a su familia o dependientes económicos, si los tiene, en peligro de subsistir. De lo anteriormente expuesto, se advierte que el tribunal burocrático no ha aplicado las medidas eficaces para lograr el debido acatamiento a la resolución laboral emitida en el expediente de origen, como lo dispone el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, el cual, si bien se encuentra ubicado dentro del Capítulo X relativo a la Reinstalación en el Trabajo o de la Indemnización, contiene normas relativas al cumplimiento del laudo al señalar lo siguiente: "Artículo 41. En el caso del artículo anterior, si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad o dependencia la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, tratándose de los incisos a) y b) del artículo anterior, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces de valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia". Por tanto, de los preceptos antes transcritos se obtiene que se otorgó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje diversas atribuciones con la finalidad de materializar, en los plazos legales, la ejecución de los laudos, evitando que éstos se tornen ilusorios o terminen por negar al derecho que se había reconocido, entre las cuales se encuentran la suspensión laboral hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto, invariablemente deberá darse vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia. Es decir, las facultades incorporadas en realidad constituyen una facultad que el legislador otorgó al tribunal burocrático para cumplir con la garantía positiva prevista en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". Lo anterior, pone de manifiesto que una de las preocupaciones primordiales gira alrededor de la justicia laboral, y de la obligación positiva que protege el derecho humano de acceso a la justicia consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la justicia pronta, y la plena ejecución de las resoluciones. De todo lo anterior, se advierte que el laudo dictado en el juicio de origen se dictó el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, al día de hoy han transcurrido aproximadamente más de tres años con ocho meses, lo que permite determinar que las medidas y determinaciones realizadas durante este tiempo por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado han sido ineficaces, dado que no se ha efectivizado el derecho reconocido en favor de los quejosos ********************y/o********************,********************, para que se les pague $4,069,498.77 (cuatro millones sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho 77/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos y demás prestaciones, a cargo de la demandada en el juicio laboral de origen. Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. OCTAVO. EFECTOS. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos para los efectos siguientes: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha instado sobre el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral 974/2015, respecto del pago de salarios caídos y demás prestaciones, especificados en el juicio de origen, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley de la materia, provea lo que conforme a derecho corresponda, esto es, dicte auto en el que se provean acciones tendientes para procurar requerir y/o realizar el pago en comento, a los aquí quejosos. En la inteligencia, de que los efectos de la presente concesión solamente se colma con la sola emisión del auto que prevea las acciones tendientes para procurar requerir y/o realizar el pago en comento, a los aquí quejosos, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante dentro del juicio natural. A lo anterior, cobra aplicación el criterio de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Asimismo, sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 Y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador el contenido de la jurisprudencia emitida por la 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580, del rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Sin embargo, en el particular se actualiza el caso de excepción previsto en dicho criterio jurisprudencial, ya que se evidencia una abierta dilación en el cumplimiento del laudo, sin que exista causa justificada de parte de la autoridad responsable. Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************y/o********************,********************, en contra de los actos que reclamó a los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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