Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 298/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
298/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 298/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada vía electrónica aparentemente por Descarta trámite urgente. Previamente a proveer lo relativo a la demanda propuesta (prevención, admisión o desechamiento), es necesario acordar lo relativo a la urgencia aludida por la parte quejosa respecto de los actos que reclama, referidos como: ".A) ...C) Violación al derecho de acceso a la justicia." En ese sentido, el quejoso señala que los actos son de carácter urgente por lo cual solicita la suspensión de plano de los mismos. Sin embargo, el hecho de que el quejoso considere que dicha situación constituye un acto de los previstos como de atención urgente en el artículo 22 Constitucional, no implica que esta juzgadora deba atender en ese sentido la demanda de amparo, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la forma en que habría de tramitarse la misma. Bajo esa perspectiva, el quejoso reclama diversas omisiones relativas a la persecución al parecer de hechos constitutivos de delito cometidos en agravio de aquél; no obstante, las omisiones reclamadas por el quejoso no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole administrativo y jurisdiccional. En tales condiciones, luego de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que los mencionados actos no se enmarcan en la hipótesis prevista en el artículo 15 de la ley de la materia, porque no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De esa suerte, conforme a los datos expresados en el ocurso, se descarta el carácter urgente de la demanda de amparo de cuenta. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda recibida debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la demanda de amparo fue presentada vía electrónica, aparentemente por Carlos Alberto Angelino Barrón por propio derecho. Dicha modalidad (la electrónica), obliga a considerar el artículo 3 de la Ley de Amparo4, el cual dispone que podrán presentarse escritos en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, es decir, utilizando la "firma electrónica" y cumpliendo los lineamientos que para su regulación emita el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como vía para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, es necesario que las personas interesadas en promover por esa vía, tengan firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; máxime que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal, y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Así, cada documento electrónico que se reciba, debe contener en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma electrónica que, entre otros aspectos, mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Tales datos habrán de examinarlos tanto los juzgados de distrito como los tribunales de circuito, para acordar lo correspondiente. Entonces, se colige que las personas físicas pueden instaurar el juicio de amparo vía electrónica, con el uso de su firma electrónica. Misma situación acontecería en caso de que el juicio se promoviera en representación de diversa persona, empero, previamente se debe tener reconocida capacidad procesal para tal fin, esto es, un supuesto que actualice la hipótesis jurídica de personalidad, para que el promovente pueda presentar promoción electrónica a favor de diversa persona. Sin embargo, la demanda presentada vía electrónica aparentemente por Carlos Alberto Angelino Barrón por propio derecho, no tiene su firma electrónica y por ende, carece de la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda (con la firma electrónica de la parte quejosa en mención). Ello a pesar de que el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Lo cual implica que el quejoso, soslayó el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo. Es menester agregar, que de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que: Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pero en el caso, como ya se precisó en líneas anteriores, se advierte que la promovente señaló como acto reclamado: ".A) Omisión de inicio de carpeta de investigación, por los delitos de extorsión y los que resulten cometidos en agravio del quejoso por Nury Marlene Trujillo Francisco. B) Omisión de girar ordenes de búsqueda, presentación o aprehensión contra Nury Marlene Trujillo Francisco, por delitos cometidos en agravio del quejoso C) Violación al derecho de acceso a la justicia." Tales actos, de ninguna forma constituyen alguno de carácter urgente, como los previstos por el artículo 15 de la ley de la materia o 22 de la constitución federal. Sobre todo porque las omisiones combatidas, no encuadran en las hipótesis de gravedad mencionadas. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica y representación, que se actualiza cuando un quejoso por sí o a través de su promovente reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica por el quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. Sin que pase desapercibido la manifestación del quejoso sobre la ausencia de firma debido a la situación actual derivada de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV- 2. Sin embargo, la presencia de dicho virus no exime al quejoso de presentar su demanda con la firma electrónica respectiva. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Así quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 3, 6, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada aparentemente por Carlos Alberto Angelino Barrón por propio derecho, conforme a las razones expuestas con antelación. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este juzgado y se publican a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, no obstante que el quejoso mencionó que tiene su domicilio al interior de la penitenciaria de la ciudad de México; sin embargo, no se advierten los datos exactos del centro penitenciario donde se encuentra recluido. Comunicación con la parte quejosa. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente, se dispone lo siguiente: A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se requiere al quejoso que en el plazo de tres días, proporcione un número de teléfono o correo electrónico por medio del cual pueda ser contactado. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación, sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese (por lista) y cúmplase.

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