Brandon Alexis Hinojos Ornelas y Otros.

Expediente 556/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
556/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Brandon Alexis Hinojos Ornelas y Otros.
  • Griselle Esmeralda Ornelas Contreras y Otros.
  • Brandon Alexis Hinojos Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido y negado la suspensión, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *****************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************** , Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.*lh

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 556/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en este juzgado, por *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales *******, *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Subdelegado Estatal de Chihuahua, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, a quien le reclamó: [.] IV. ACTO RECLAMADO a). De la autoridad señalada como responsable reclamo la cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT por sus siglas) número ******* fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio. b). La adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT por sus siglas) de nuestra vivienda familiar ubicada en *******, de esta municipalidad. [.] SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, previa aclaración de la demanda, por una parte, se desechó la demanda de amparo promovida en representación de ******* y por otro lado, se admitió a trámite el juicio de amparo *******, por lo que hace a *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de nombre con iniciales *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que los peticionarios del amparo reclaman del Subdelegado Estatal de Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad: a) La cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores número *******, fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio; y b) La adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del inmueble identificado con el número *******, en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación del Subdelegado Estatal de Chihuahua de ese Instituto, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado marcado con el inciso b), esto es la adjudicación de la vivienda. Luego, ante tal negativa del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba para desvirtuarla. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte quejosa, en la audiencia constitucional solicitó a este juzgado recabara como prueba de su parte, la documental consistente en copia del expediente del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ******* a fin de que pudiera ampliar la demanda de amparo; sin embargo, el ofrecimiento de esa prueba resultó extemporáneo. Luego, si hasta este momento la parte quejosa no tiene conocimiento completo del acto reclamado ni de las autoridades que lo emitieron, tiene expedito su derecho para presentar una nueva demanda de amparo una vez que tenga conocimiento íntegro del acto que reclama. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación de la autoridad responsable Subdelegado Estatal de Chihuahua de dicho Instituto, con sede en esta ciudad, fue omiso en referirse a la certeza o no del acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en la cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores número *******, fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio; de ahí que debe tenerse por cierta su existencia. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, dado que la señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, la cancelación del crédito de vivienda, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Lo anterior refleja que las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador o beneficiarios frente al mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de operador de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito de vivienda, es bajo un plano de coordinación entre el ente administrador y el interesado, desde el instante que pueden ser sometidas a la decisión de los tribunales jurisdiccionales. Luego, la cancelación del crédito de vivienda que se otorgó al trabajador o sus beneficiarios no comprende un acto de autoridad para efectos del amparo en tanto no fue elevada por un ente estatal con el cual estuviera comprendida una relación de supra a subordinación, ya que en la legislación que rige tal acto se prevé el procedimiento ordinario necesario para ventilar el conflicto entre el ente administrador y el interesado. En este sentido, el que en el caso concreto la autoridad responsable haya cancelado según el dicho de la parte quejosa el crédito de vivienda, debe considerarse como una de las hipótesis a que se refieren los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del tenor siguiente: [.] 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes. [.] Por lo que dichos tribunales competentes (civiles) son los que con imperio y coactivamente pueden imponer las consecuencias jurídicas aplicables sobre la cancelación o no del crédito de vivienda; entonces, el mencionado organismo descentralizado no puede tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, el conflicto relativo sobre la cancelación o no del crédito de vivienda, entre el órgano administrador frente a los quejosos beneficiarios del trabajador, quienes se ven afectados por ello, desde su perspectiva, lo que se itera, existe la potestad pública de resolverlo por los órganos de justicia competentes, como son los Juzgados Civiles, acorde con el citado artículo 53 de la legislación de tal instituto, porque son dichos tribunales jurisdiccionales los que propiamente pueden decidir unilateral, imperativa y coercitivamente sobre la cancelación del crédito, en una controversia principal que se dirima ante ellas, no así el instituto de vivienda, quien sólo se concreta a negar la cancelación del crédito aducido por los beneficiarios del trabajador, como administrador de fondos que es, acorde al régimen jurídico que determina sus funciones en la materia de ahorro para la vivienda. Lo que denota que la cancelación del crédito, no cumple una de las notas distintivas de un acto de autoridad, a saber, que provenga de una relación de supra a subordinación, o bien, que la cancelación emitida por el órgano respectivo del instituto de vivienda, sea imperativa para el afectado, ni tampoco expresión de una potestad pública administrativa irrenunciable. De ahí que existe la vía ordinaria ante la autoridad del orden común (y no la constitucional) para efectuar en un inicio aquellas reclamaciones vinculadas con la cancelación del crédito de vivienda, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo, como se adelantó. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada XX.2o.7 A, de la Novena época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Administrativa, visible en la página mil doscientos treinta del siguiente contenido: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo. También resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada de la Octava Época, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Administrativa, consultable en la página trescientos noventa y cuatro del siguiente tenor: INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene el carácter de autoridad en tanto actúa como organismo fiscal autónomo para requerir sobre las aportaciones y descuentos omitidos por los particulares, pero tal carácter no le es atribuible cuando a través de sus representantes u órganos administrativos expresa unilateralmente la voluntad de rescindir el contrato celebrado para el otorgamiento de crédito y el pago de los bienes inmuebles que financía, debido al incumplimiento de sus cláusulas por parte de los quejosos, porque tal acto emana de acuerdos celebrados entre particulares, y en esa virtud debe sobreseerse en el juicio de garantías. Sólo resta precisar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de la negativa por parte de la autoridad responsable, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, sin que se viole su derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un derecho constitucional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 556/2018-III, promovido por *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de nombre con iniciales *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, respecto de la autoridad responsable y actos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 556/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en este juzgado, por *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales *******, *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Subdelegado Estatal de Chihuahua, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, a quien le reclamó: [.] IV. ACTO RECLAMADO a). De la autoridad señalada como responsable reclamo la cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT por sus siglas) número ******* fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio. b). La adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT por sus siglas) de nuestra vivienda familiar ubicada en *******, de esta municipalidad. [.] SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, previa aclaración de la demanda, por una parte, se desechó la demanda de amparo promovida en representación de ******* y por otro lado, se admitió a trámite el juicio de amparo *******, por lo que hace a *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de nombre con iniciales *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que los peticionarios del amparo reclaman del Subdelegado Estatal de Chihuahua del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad: a) La cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores número *******, fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio; y b) La adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del inmueble identificado con el número *******, en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación del Subdelegado Estatal de Chihuahua de ese Instituto, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado marcado con el inciso b), esto es la adjudicación de la vivienda. Luego, ante tal negativa del acto reclamado, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba para desvirtuarla. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte quejosa, en la audiencia constitucional solicitó a este juzgado recabara como prueba de su parte, la documental consistente en copia del expediente del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ******* a fin de que pudiera ampliar la demanda de amparo; sin embargo, el ofrecimiento de esa prueba resultó extemporáneo. Luego, si hasta este momento la parte quejosa no tiene conocimiento completo del acto reclamado ni de las autoridades que lo emitieron, tiene expedito su derecho para presentar una nueva demanda de amparo una vez que tenga conocimiento íntegro del acto que reclama. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación de la autoridad responsable Subdelegado Estatal de Chihuahua de dicho Instituto, con sede en esta ciudad, fue omiso en referirse a la certeza o no del acto reclamado marcado con el inciso a) consistente en la cancelación del crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores número *******, fuera de todo procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio; de ahí que debe tenerse por cierta su existencia. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, éste último aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, dado que la señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En efecto, la cancelación del crédito de vivienda, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. Lo anterior refleja que las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador o beneficiarios frente al mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de operador de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito de vivienda, es bajo un plano de coordinación entre el ente administrador y el interesado, desde el instante que pueden ser sometidas a la decisión de los tribunales jurisdiccionales. Luego, la cancelación del crédito de vivienda que se otorgó al trabajador o sus beneficiarios no comprende un acto de autoridad para efectos del amparo en tanto no fue elevada por un ente estatal con el cual estuviera comprendida una relación de supra a subordinación, ya que en la legislación que rige tal acto se prevé el procedimiento ordinario necesario para ventilar el conflicto entre el ente administrador y el interesado. En este sentido, el que en el caso concreto la autoridad responsable haya cancelado según el dicho de la parte quejosa el crédito de vivienda, debe considerarse como una de las hipótesis a que se refieren los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del tenor siguiente: [.] 52. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. 53. Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes. [.] Por lo que dichos tribunales competentes (civiles) son los que con imperio y coactivamente pueden imponer las consecuencias jurídicas aplicables sobre la cancelación o no del crédito de vivienda; entonces, el mencionado organismo descentralizado no puede tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. En consecuencia, el conflicto relativo sobre la cancelación o no del crédito de vivienda, entre el órgano administrador frente a los quejosos beneficiarios del trabajador, quienes se ven afectados por ello, desde su perspectiva, lo que se itera, existe la potestad pública de resolverlo por los órganos de justicia competentes, como son los Juzgados Civiles, acorde con el citado artículo 53 de la legislación de tal instituto, porque son dichos tribunales jurisdiccionales los que propiamente pueden decidir unilateral, imperativa y coercitivamente sobre la cancelación del crédito, en una controversia principal que se dirima ante ellas, no así el instituto de vivienda, quien sólo se concreta a negar la cancelación del crédito aducido por los beneficiarios del trabajador, como administrador de fondos que es, acorde al régimen jurídico que determina sus funciones en la materia de ahorro para la vivienda. Lo que denota que la cancelación del crédito, no cumple una de las notas distintivas de un acto de autoridad, a saber, que provenga de una relación de supra a subordinación, o bien, que la cancelación emitida por el órgano respectivo del instituto de vivienda, sea imperativa para el afectado, ni tampoco expresión de una potestad pública administrativa irrenunciable. De ahí que existe la vía ordinaria ante la autoridad del orden común (y no la constitucional) para efectuar en un inicio aquellas reclamaciones vinculadas con la cancelación del crédito de vivienda, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo, como se adelantó. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis aislada XX.2o.7 A, de la Novena época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Administrativa, visible en la página mil doscientos treinta del siguiente contenido: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo. También resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada de la Octava Época, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Administrativa, consultable en la página trescientos noventa y cuatro del siguiente tenor: INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene el carácter de autoridad en tanto actúa como organismo fiscal autónomo para requerir sobre las aportaciones y descuentos omitidos por los particulares, pero tal carácter no le es atribuible cuando a través de sus representantes u órganos administrativos expresa unilateralmente la voluntad de rescindir el contrato celebrado para el otorgamiento de crédito y el pago de los bienes inmuebles que financía, debido al incumplimiento de sus cláusulas por parte de los quejosos, porque tal acto emana de acuerdos celebrados entre particulares, y en esa virtud debe sobreseerse en el juicio de garantías. Sólo resta precisar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de la negativa por parte de la autoridad responsable, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo del citado acto reclamado. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, sin que se viole su derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un derecho constitucional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 556/2018-III, promovido por *******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de nombre con iniciales *******, y *******, de apellidos con iniciales *******, respecto de la autoridad responsable y actos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el licenciado *******, en su carácter de apoderado legal de la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, a quien en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de representante de dicha autoridad, pues lo acredita con copia certificada del instrumento notarial que exhibe expedida por el Notario Público Número sesenta y cuatro, en Naucalpan, Estado de México. Ahora, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe, y no como autorizados en términos del artículo 12, como lo refiere, en razón de que tiene el carácter de autoridad responsable. Por último, y toda vez que el informe de la Responsable, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan diez horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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