Blanca Perla Ortiz Martínez

Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
83/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Blanca Perla Ortiz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en atención a la certificación que antecede, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Además, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó, pero se concedió la suspensión de plano. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios ******* y *******, ambos con anexos, remitidos por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en Chihuahua, capital y por el Director de Procesos y Amparos en representación de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, mediante los cuales, envían -copia certificada- de las siguientes constancias: Expediente de incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente, de la aquí quejosa. Acuse de recibo de Tarjeta Bancaria, del Banco del Bienestar, expedida en favor de la aquí quejosa, identificada con el número *******. Captura de pantalla del Sistema de Formato Único, de la que se desprende que, al día de hoy, la aquí quejosa se encuentra con estatus activo, en el Programa Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente, al cual fue ingresada con el número de afiliación *******. Constancias con las que se acredita eficazmente que la aquí quejosa está actualmente incorporada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", con estatus activo, y que recibe mensualmente, a través de depósito en la tarjeta expedida en su favor, el monto determinado por concepto de tal pensión, al presentar discapacidad permanente con motivo de la discapacidad intelectual secundaria y parálisis cerebral, que padece. Ahora bien, de autos se advierte que *******, presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, misma que, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; demanda que fue radicada por dicho órgano bajo el número de juicio de amparo indirecto ******* el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, mandándola ratificar mediante exhorto. Así, en auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, al haber recibido en retorno el referido exhorto, debidamente diligenciado, se declaró legalmente incompetente para conocer del citado asunto y declinó su competencia legal en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en turno, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Al respecto, en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, al tenerse por recibidos el oficio y expediente de referencia, este juzgado determinó no aceptar la competencia legal planteada, por los motivos aducidos en el referido auto. Luego, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al Juzgado declinante informando que remitió el asunto en cuestión en conflicto competencial; y, finalmente, el cinco de abril de dos mil veintiuno, al tenerse por recibido el oficio y anexo remitidos por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, a través de los cuales informó que estimó que este Juzgado de Distrito es competente para conocer del referido asunto, se admitió a trámite la demanda de amparo. Así, se tiene que en la demanda de amparo que originó este asunto, la aquí quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: De la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México: La omisión de incorporarla a algún programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, para obtener los medios necesarios para su subsistencia. A la postre, al rendir su informe con justificación la autoridad en cita, mismo que se tuvo por recibido en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, aludió a la actualización de una causal de improcedencia, pues refirió que la aquí quejosa fue incorporada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", con lo cual, adujo, cesaron los efectos de la omisión reclamada- empero, la imagen que insertó a dicho informe, con la que pretendió acreditar su dicho, se encontraba ilegible; motivo por el cual, se le requirió para que acreditara si la aquí quejosa estaba incorporada a dicho programa, como adujo. Después, en auto de veintitrés de los actuales, dicha autoridad remitió una documental, con la que pretendió acreditar dicha afiliación, en copia simple, por lo que, le fue instado que la remitiera en copia certificada; además, aludió a que el expediente completo de la afiliación al programa en cuestión de la aquí quejosa, lo tenía el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en Chihuahua, capital; motivo por el cual, también a éste último, se le requirió que, de estar afiliada la quejosa al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", lo acreditara con las constancias pertinentes, debidamente certificadas. Así, como se desprende de las constancias con que se dio cuenta, tanto el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en Chihuahua, capital, como el Director de Procesos y Amparos en representación de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, acreditaron fehacientemente que la aquí quejosa, forma parte de los beneficiarios del "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente". En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Además, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Asimismo, el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, consultable a foja 71, con registro digital 197367, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, la quejosa reclama de la la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, la omisión de incorporarla a algún programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades en comento, se colige que la aquí quejosa está actualmente incorporada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", con estatus activo, y que recibe mensualmente, a través de depósito en la tarjeta expedida en su favor, el monto determinado por concepto de tal pensión, al presentar discapacidad permanente con motivo de la discapacidad intelectual secundaria y parálisis cerebral, que padece. De manera que, lo informado por las autoridades oficiantes resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que cesaron los efectos de la omisión aquí reclamada, lo cual, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en virtud de que se emitió, se recibió y se acordó el informe ofertado como prueba por la parte demandada en el juicio natural. Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos porque las autoridades responsables actuaron en la forma en que marca la ley e hicieron aquello que habían omitido; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada, dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 210, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse respecto a la omisión aquí reclamadas, la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se dejan sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, por actualizarse la causal anotada en líneas precedentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Primero, agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, remite a este juzgado, en copia certificada, las siguientes constancias: Expediente de solicitud de incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente. Empero, la autoridad en cita, no remitió, como adujo, copia certificada de las siguientes documentales: Acuse de recibo de Tarjeta Bancaria. Captura de pantalla del Sistema de Formato Único. De modo que, no acreditó, como le fue solicitado, que la aquí quejosa haya sido incorporada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", ni que dicha incorporación se encuentre vigente. Luego, el Director de Procesos y Amparos de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, envía su informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y considerarse en la celebración de la audiencia constitucional, acorde al numeral 124 de la legislación en comento. Sin embargo, dicha responsable, de nueva cuenta, omite remitir en copia certificada, la captura de pantalla que remite, para acreditar que la aquí quejosa fue afiliada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", pues la misma, de nueva cuenta, fue enviada en copia simple, no en copia certificada, como le fue instado. Por ende, con sustento en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, al aparentemente haberse actualizado una hipótesis de improcedencia de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se insta nuevamente a las autoridades en cita, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, acrediten con las constancias legibles, correctas, completas y debidamente certificadas, que la aquí quejosa, como adujeron, fue incorporada al referido programa y que se encuentra vigente tal incorporación. Con el apercibimiento que de incumplir lo anterior, en el lapso indicado, se les impondrá -a cada una- multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos moneda nacional ($17,924.00), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 251, ambos de la ley de Amparo vigente, así como con los preceptos 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Luego, se ordena remitirles el oficio deducido de este auto, tanto vía acelerada como vía correo electrónico, a efecto de evitar mayores dilaciones. En el entendido de que las direcciones electrónicas a donde deberán mandarse, son luis.ronquillo@bienestar.gob.mx debiendo confirmar la actuaria adscrita su recepción a los teléfonos (614) 410 90 94, (614) 410 18 82 o (614) 410 90 88, respecto de la autoridad con sede en Chihuahua, capital; mientras que al diverso jose.gutierrez@bienestar.gob.mx, de la autoridad con residencia en la Ciudad de México. Finalmente, se reitera a las autoridades que el oficio y anexos que remita en torno al requerimiento que ahora se le formula, podrá enviarlos a los siguientes correos electrónicos: 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx así como jazmin.valenzuela.martinez@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.RJVM / GNMA

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que conste como legalmente corresponda, mediante el cual el Director de Procesos y Amparos en representación legal de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, aduce haber atendido al requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Empero, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la captura de pantalla que remite, para acreditar que la aquí quejosa fue afiliada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente", fue remitida en copia simple, no en copia certificada, como le fue instado. Por ende, con sustento en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, al aparentemente haberse actualizado una hipótesis de improcedencia de las contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se insta a la autoridad en cita, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, acredite con las constancias legibles, correctas, completas y debidamente certificadas, que la aquí quejosa, como adujo, fue incorporada al referido programa. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se reitera a la responsable en comento, que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento, de ser el caso, deberá manifestarlo a esta autoridad, y acompañar las constancias -debidamente certificadas- que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de incumplir lo anterior, en el lapso indicado, se le impondrá multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos moneda nacional ($17,924.00), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 251, ambos de la ley de Amparo vigente, así como con los preceptos 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Luego, se ordena remitir el oficio deducido de este auto, vía acelerada, a efecto de evitar mayores dilaciones. Además, se reitera a la autoridad que el oficio y anexos que remita en torno al requerimiento que ahora se le formula, podrá enviarlos a los siguientes correos electrónicos: 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx así como *******. No obstante lo anterior, ya que la oficiante refirió que el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar, con sede en Chihuahua, capital, también cuenta con las documentales de las que se deduce la incorporación de la aquí quejosa al programa ya referido, también se le requiere, con sustento en los numerales previamente invocados, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, acredite con las constancias legibles, correctas, completas y debidamente certificadas, que la aquí quejosa, *******, fue incorporada al "Programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente". Con el apercibimiento que de incumplir lo anterior, en el lapso indicado, se le impondrá multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ($8,962.00), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de conformidad con los numerales previamente invocados. Remítase el oficio a la segunda autoridad en comento, tanto vía acelerada como al correo electrónico ******* debiendo confirmar la actuaria adscrita su recepción a los teléfonos (*******)*******, (*******)*******, (*******)*******. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano