Brayan Eduardo Flamenco Quintero y Otros.
Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brayan Eduardo Flamenco Quintero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 826/2023-I-2, promovido por **********, en su calidad de asesores jurídicos particulares de **********, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este órgano jurisdiccional al día siguiente, **********, en su calidad de asesores jurídicos particulares de **********, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, Fiscales adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República que integraron la carpeta de investigación FED/FEMDH/0000310/2023 y que han comparecido en las diversas etapas procesales de la causa penal 236/2023, Titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, superior de las personas Fiscales que integraron materialmente la carpeta de investigación ********** y que han comparecido en las diversas etapas procesales de la causa penal ********** y Asesoras Jurídicas Públicas integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que fueron nombradas para ejercer la defensa victimal durante la integración de la carpeta de investigación ********** y que han comparecido en las diversas etapas procesales de la causa penal **********, a quienes reclamaron: IV. Actos reclamados: El auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de la medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria, emitidos en la audiencia inicial desahogada en los días 20, 21 y 25 de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **********. Al respecto, la presente asesoría jurídica particular tuvo conocimiento de dichas resoluciones el día 7 de agosto de 2023, fecha en que nos fue entregado materialmente copia de audio y video de la audiencia inicial, por parte del personal técnico del área de videograbación adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Precisando a este Juzgado de Distrito que, en audiencia privada de 21 de junio de 2023, ante la sustracción de la acción de la justicia del imputado, la Fiscalía General de la República, solicitó al Juez de Control el libramiento de una orden de aprehensión que está pendiente de cumplimentarse, razón por la cual, se decretó la suspensión del procedimiento. Segundo. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 17 y 20 apartado C, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; con fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente tanto físico como electrónico, al que se asignó el número estadístico 826/2023-I; se pidió a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, consiste en el siguiente: El auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de la medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria, emitidos en la audiencia inicial desahogada en los días veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 236/2023. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Subdirector de área de la Asesoría Jurídica Federal, actuando en nombre y representación de los licenciados **********, en su carácter de asesores jurídicos Federales de Atención a Víctimas, adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México y la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 UICPM, Ciudad de México, licenciada **********, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos consistentes en la emisión del auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de la medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria, emitidos en la audiencia inicial desahogada en los días veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **********; sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con el índice cronológico de las audiencias celebradas el veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y la copia autorizada del registro de audio y video de las citadas audiencias celebradas en la causa penal **********. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado deriva del orden penal, ello en virtud que el artículo 82, fracción I, inciso a), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: Personalmente podrán ser: (.) a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Por lo tanto, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y surtieron sus efectos al día siguiente, en este caso el veintiuno, veinticuatro y veintiséis del citado mes y año. En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Al respecto, la parte quejosa, señaló como actos reclamados las determinaciones emitidas en la causa penal **********, en audiencias de veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, esto es, el auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues la parte quejosa reclama las determinaciones emitidas en audiencias de veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, en la causa penal 236/2023, respecto de las cuales tuvo conocimiento en dicha data, ello en virtud de que del audio y video enviado por el Juez responsable se advierte la presencia de la licenciada **********, asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien actúo en representación de las víctimas **********, por lo que, el término de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto inició respecto de cada acto que reclama de la siguiente manera: Del acto emitido el veinte de abril de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de la medida cautelar, inició el veintiuno del citado mes y concluyó el quince de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. Del acto emitido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, consistente en la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso, inició el veinticuatro del citado mes y concluyó el dieciséis de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. Del acto emitido el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, consistente en el auto de vinculación a proceso, inició el veinticuatro del citado mes y concluyó el dieciocho de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en el Buzón de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad capital, hasta el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el citado numeral; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. Lo anterior, no obstante que en la demanda de amparo los asesores jurídicos particulares, refieran que ellos tuvieron conocimiento del acto reclamado hasta el siete de agosto del año en curso, cuando les fue entregada copia del audio y video de la audiencia inicial, por parte del personal técnico del área de videograbación adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, sin embargo, lo cierto es que los directamente agraviados tuvieron conocimiento de los actos que en esta vía se reclaman a través de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al momento de celebrarse cada una de las audiencias, sin que se hubieren encontrado en estado de indefensión, o se les hubiere vulnerado algún derecho fundamental, dado que contaban con representación en la causa penal de origen. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia PC.II.P J/2P (11a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, diciembre de 2021, tomo II, página 1738, Undécima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios, al establecer qué hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo debe servir de base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado es una determinación emitida en una audiencia bajo el sistema penal acusatorio en la que se encuentra presente el quejoso: la de la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que es el día de la audiencia, o la relativa a la notificación del acto reclamado, que se computa a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Criterio jurídico: Las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes que intervienen en una audiencia del procedimiento acusatorio quedan, en ese acto, formalmente notificadas de las determinaciones emitidas en esa diligencia. En ese contexto, para determinar cuándo surte efectos ese acto procesal, no basta con que se practique la notificación en la audiencia, sino debe tomarse en cuenta si el propio ordenamiento adjetivo le otorga un carácter en particular. En ese sentido, de acuerdo con el análisis sistemático de los artículos 63, 82, fracción I, inciso a), y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir; por ende, surten efectos al día siguiente. Por tanto, para efectos de analizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo indirecto, y por certeza jurídica, se debe tomar en cuenta que la comunicación de una determinación en audiencia es una notificación formal y personal, con independencia de que a través de la misma el quejoso tuvo conocimiento de manera inmediata del acto reclamado, de manera que es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Contradicción de tesis 1/2021. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de septiembre de 2021. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados María de Lourdes Lozano Mendoza (presidenta), Olga Estrever Escamilla, Julio César Gutiérrez Guadarrama, Raúl Valerio Ramírez y José Francisco Cilia López. Ponente: Olga Estrever Escamilla. Secretario: Orlando Daniel Martínez Salgado. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 14/2020, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 20/2018. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 14/2020, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, derivó la tesis aislada II.2o.P.98 P (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de enero de 2021 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Tomo II, enero de 2021, página 1252, con número de registro digital: 2022588. De la sentencia que recayó a la queja 20/2018, resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, derivó la tesis aislada II.3o.P.10 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI CONFORME A LA LEY QUE REGULA EL ACTO RECLAMADO, LAS PARTES ASISTENTES QUEDAN NOTIFICADAS DEL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA EN LA QUE AQUÉL SE EMITE, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, ES APLICABLE LA PRIMERA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2680, con número de registro digital: 2017665. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, no se estudiarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados, lo que esta Juzgadora se encuentra impedida para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Distrito, registro digital 214593, Octava Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, de octubre de 1993, página 57, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XIV, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en su calidad de asesores jurídicos particulares de **********, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el resultando primero, atento a lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y vía juicio en línea a los autorizados para ello. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que, para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no obran en autos los informes justificados de las responsables Fiscales adscritas a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República que integraron la carpeta de investigación ********************y que han comparecido en las diversas etapas de la causa penal ********************/2023 y Titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Superior de las Personas Fiscales que Integraron Materialmente la carpeta de investigación ********************y que han comparecido en las diversas etapas de la causa penal ********************/2023, con sede en la ciudad de México. Diferimiento audiencia constitucional En relación con las autoridades responsables antes reseñadas, dado que no obran los acuses de recibo de que hubiesen quedado debidamente notificadas; por tanto, se ordena diferir la audiencia constitucional; y para su desahogo se señalan las nueve horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.CLL/Marc
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Alegatos Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se relacionarán al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo. Solicitud de copia Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de treinta de agosto del año en curso, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *** Doy fe.CLL/Marc/dmjv
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el el licenciado ** Subdirector de área de la Asesoría Jurídica Federal, actuando en nombre y representación de los licenciados ** en su carácter de Asesores Jurídicos Federales de Atención a Víctimas, adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su denominación correcta de Asesoras jurídicas publicas integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que fueron nombradas para ejercer la defensa victimal durante la integración de la carpeta de investigación FED/FEMDH/0000310/2023 y que participaron en las diversas etapas procesales de la causa penal 236/2023; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Solicitud acceso expediente electrónico Así mismo, en atención a que solicita la consulta del expediente a nombre de **, por ende, y dado que aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario ** dada su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Medios de contacto Por último, se le tiene señalando como medio de contacto el correo electrónico juan.arellano@ceav.gob.mx, dígasele que se autoriza únicamente para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Anotación denominación correcta Finalmente se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice la anotación correspondiente en el referido sistema en relación con la denominación correcta de las autoridades que así se asentó en el presente acuerdo. Notifíquese por lista electrónica, vía juicio en línea al quejoso, así como a la autoridad responsable que rinde el informe de cuenta. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv
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