Brayan Eduardo Flamenco Quintero y Otros.
Expediente 803/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Brayan Eduardo Flamenco Quintero y Otros.
- Brayan Eduardo Flamenco Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 826/2023-I-2, promovido por ********************, en su calidad de asesor jurídico particular de ********************,********************,********************,********************,********************y********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciuda; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, recibido en este órgano jurisdiccional al día siguiente, ********************, en su calidad de asesor jurídico particular de ********************,********************,********************,********************,********************y********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien reclamó: IV. Actos reclamados: El auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de medida cautelar y la resolución de determinación de plazo de investigación complementaria, emitidos en la audiencia inicial desahogada el 25 de abril de 2023 y continuada en fecha 30 de abril de 2023, dentro de la causa penal ********************/2023. Al respecto, la presente asesoría jurídica particular tuvo conocimiento de dichas resoluciones el día 1º de agosto de 2023, fecha en que nos fue entregado materialmente copia de audio y video de la audiencia inicial, por parte del personal técnico del área de videograbación adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Segundo. Derechos que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 17 y 20 apartado C, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente tanto físico como electrónico, al que se asignó el número estadístico 803/2023-IV; se pidió a las autoridades responsables el informe justificado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, consiste en el siguiente: El auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de la medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria, emitidos en la audiencia inicial desahogada en los días veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************/2023. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, ya que así se advierte de sus manifestaciones al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con la versión escrita de verificación de audiencia inicial, celebrada iniciada el veinticinco de abril del año en curso (formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, prórroga de término constitucional e imposición de medida cautelar) y concluida el treinta de abril del mismo año (se dictó auto de vinculación a proceso al imputado, se fijaron cuatro meses como plazo de cierre de la investigación y se reiteró la medida cautelar de presentación periódica ante dicho Centro de Justicia, prevista por los artículos 153 y 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales), así como con la copia autorizada del registro de audio y video de las citadas audiencias celebradas en la causa penal ********************/2023. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo, y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido por la Juez responsable. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Número P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero 2011, novena época, materia común; con número de registro 163172). Los artículos y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) o en el plazo de treinta días (regla especial). Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado deriva del orden penal, ello en virtud que el artículo 82, fracción I, inciso a), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: Personalmente podrán ser: (.) a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Por lo tanto, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el veinte, veintiuno y veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y surtieron sus efectos al día siguiente, en este caso el veintiuno, veinticuatro y veintiséis del citado mes y año. En el primer caso, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Al respecto, la parte quejosa, señaló como actos reclamados las determinaciones emitidas en la causa penal ********************/2023, en audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, específicamente, el auto de vinculación a proceso, la resolución de adopción de medida cautelar y la resolución de determinación del plazo de investigación complementaria. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues la parte quejosa reclama las determinaciones emitidas en audiencias de veinticinco y treinta de abril de dos mil veintitrés, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, en la causa penal ********************/2023, respecto de las cuales tuvo pleno conocimiento precisamente en esas fecha, ello en virtud de que del audio y video enviado por el Juez responsable se advierte la presencia del licenciado ********************, asesor jurídico de ********************,********************,********************,********************,********************y******************** (aquí quejosos), por lo que, el término de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto inició respecto de cada acto que reclama de la siguiente manera: Del acto emitido el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, relativo a la formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica del imputado e imposición de medida cautelar, inició el veintiséis del citado mes y concluyó el dieciocho de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días veintinueve y treinta de abril, ni uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. Del acto emitido el treinta de abril de dos mil veintitrés, relativo a la vinculación a proceso del imputado, la reiteración de la medida cautelar y el plazo de cierre de investigación, inició el veinticuatro del citado mes y concluyó el dieciséis de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. Del acto emitido el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, consistente en el auto de vinculación a proceso, transcurrió del dos al veintitrés de mayo del año en curso. Lo anterior, sin contar los días uno, cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley en cita. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en el Buzón de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad capital, hasta el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que, es claro que su promoción fue extemporánea, ya que la acción de amparo se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el citado numeral; de ahí que, esa presentación fuera de término, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado como consentido tácitamente. Lo anterior, no obstante que en la demanda de amparo el asesor jurídico de los directamente agraviados, refiera que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el uno de agosto del año en curso, cuando les fue entregada copia del audio y video de la audiencia inicial, por parte del personal técnico del área de videograbación adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en esta ciudad, pues lo cierto es que tanto el asesor como los directamente agraviados tuvieron conocimiento de los actos aquí reclamados, éstos por conducto de aquél, desde la verificación de dichas audiencias, pues dicho asesor jurídico asistió personalmente a la totalidad de la audiencia inicial, tal como se desprende del registro certificado audiovisual de dicha audiencia. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia PC.II.P J/2P (11a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, diciembre de 2021, tomo II, página 1738, Undécima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios, al establecer qué hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo debe servir de base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado es una determinación emitida en una audiencia bajo el sistema penal acusatorio en la que se encuentra presente el quejoso: la de la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que es el día de la audiencia, o la relativa a la notificación del acto reclamado, que se computa a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Criterio jurídico: Las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes que intervienen en una audiencia del procedimiento acusatorio quedan, en ese acto, formalmente notificadas de las determinaciones emitidas en esa diligencia. En ese contexto, para determinar cuándo surte efectos ese acto procesal, no basta con que se practique la notificación en la audiencia, sino debe tomarse en cuenta si el propio ordenamiento adjetivo le otorga un carácter en particular. En ese sentido, de acuerdo con el análisis sistemático de los artículos 63, 82, fracción I, inciso a), y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir; por ende, surten efectos al día siguiente. Por tanto, para efectos de analizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo indirecto, y por certeza jurídica, se debe tomar en cuenta que la comunicación de una determinación en audiencia es una notificación formal y personal, con independencia de que a través de la misma el quejoso tuvo conocimiento de manera inmediata del acto reclamado, de manera que es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Contradicción de tesis 1/2021. Entre las sustentadas por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Segundo Circuito. 7 de septiembre de 2021. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados María de Lourdes Lozano Mendoza (presidenta), Olga Estrever Escamilla, Julio César Gutiérrez Guadarrama, Raúl Valerio Ramírez y José Francisco Cilia López. Ponente: Olga Estrever Escamilla. Secretario: Orlando Daniel Martínez Salgado. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 14/2020, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 20/2018. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 14/2020, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, derivó la tesis aislada II.2o.P.98 P (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de enero de 2021 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Tomo II, enero de 2021, página 1252, con número de registro digital: 2022588. De la sentencia que recayó a la queja 20/2018, resuelta por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, derivó la tesis aislada II.3o.P.10 K (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI CONFORME A LA LEY QUE REGULA EL ACTO RECLAMADO, LAS PARTES ASISTENTES QUEDAN NOTIFICADAS DEL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA EN LA QUE AQUÉL SE EMITE, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, ES APLICABLE LA PRIMERA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, página 2680, con número de registro digital: 2017665. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, no se estudiarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados, lo que esta Juzgadora se encuentra impedida para analizar, atento al sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Distrito, registro digital 214593, Octava Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, de octubre de 1993, página 57, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XIV, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su calidad de asesor jurídico particular de ********************,********************,********************,********************,********************y********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, precisados en el resultando primero, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y vía juicio en línea a los autorizados para ello. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que el agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, devuelve el oficio 28380/2023, relativo al auto de treinta de octubre del año en curso, en el cual se señalan fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Al respecto, no ha lugar a proveer su envío de nueva cuenta, pues la agente del Ministerio Público de la Federación, a quien está dirigido, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, no tiene reconocido el carácter de parte en este juicio de amparo. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMRLRV
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el día de hoy está señalada la audiencia constitucional. Sin embargo, del escrito presentado por la parte quejosa, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte que en la causa penal 237/2023, se señaló el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, para debatir sobre una solución alterna y/o terminación anticipada del proceso. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 64 y 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable, para que en un término de tres días, informe lo ocurrido en esa audiencia y remita los registros escrito y audio visual, relativos. También se requiere al Juez responsable, para remita copia certificada de todo lo actuado en la mencionada causa penal, pues a su informe justificado únicamente anexó las "versiones escritas" de verificación de audiencia inicial y de continuación de audiencia inicial. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda. En atención a lo que solicita el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que se requiera al Juez responsable todo lo actuado en la carpeta de investigación de la cual deriva la causa penal en la cual se dictaron los actos reclamados, se le indica que el Juez de proceso responsable, así como esta Juzgadora de amparo, están imposibilitados para conocer directamente de dicha carpeta de investigación, en atención a los principios de inmediación y contradicción que operan en el proceso penal acusatorio. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 50/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 206, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2018561, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva. Luego, en relación con su solicitud, en el sentido de que se requiera al Juez responsable para que remita las videograbaciones de las audiencias orales, expediente electrónico y físico, de las causas penales ***, se le indica que si es su deseo que tales constancias obren físicamente en este juicio de amparo, conforme al artículo 121 de la Ley de Amparo, es la parte interesada la que, en principio, debe realizar tal petición a la autoridad correspondiente y sólo ante la contumacia de ésta, así como bajo las condiciones establecidas en dicho numeral, es Juzgado de Distrito puede requerirlas. Notifíquese en lista electrónica y por oficio al Juez responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega alegato de cuenta Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda; se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formulando alegatos, los cuales serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Copias En atención a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado en el auto de admisión en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con la excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.YMR/LRV
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