Blas Alfonso Uribe Pérez
Expediente 446/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Blas Alfonso Uribe Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 446/2018-V; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en San Andres Cholula Puebla, *********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Senadores y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 25, 31, fracción IV, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante proveído de once de julio de dos mil dieciocho, se agregó a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remitió los autos del juicio de amparo 1343/2018, promovido por **************, toda vez que mediante auto de seis de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen a dicho juicio, y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; demanda que por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional. Asimismo, en dicho proveído, este juzgado aceptó la competencia para conocer de la demanda en comento, quedando registrada bajo el expediente 446/2018-V del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se celebró conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: 1.- A la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; 2.- A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; y, 2.- Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece (fojas 130, 131 y 133). Asimismo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el informe justificado requerido convino en la certeza del acto reclamado consistente en la promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece (fojas 168 a 206); Sin embargo, la existencia de cada una de las disposiciones normativas reclamadas, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 158, página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época; que dispone: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, como el contenido en la jurisprudencia II.1o. J/5, página 95, tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época; que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. El suscrito juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: ***** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ****" Como se observa, del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretenda impugnar actos consentidos tácitamente. Se entiende que se han consentido tácitamente aquellos actos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; es decir, aquellos establecidos en el artículo 17, de la Ley de Amparo que dispone: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Del artículo referido, se obtiene que el plazo genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones a que se refiere el propio numeral. Por su parte, el artículo 18, de la ley de la materia, establece: 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la reproducción que antecede, se advierte que la Ley de Amparo prevé tres supuestos para computar el plazo de quince días con que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de amparo; a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación legal de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a ley del acto; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, 3) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, en el presente asunto, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con el carácter de heteroaplicativo, es decir con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, mismo que manifestó tuvo verificativo con la retención que se le realizó, la cual manifestó en su demanda haber conocido el quince de mayo de dos mil diecisiete. En ese sentido, de constancias de autos, se advierte que el quejoso conoció de la aplicación de dicho artículo al momento de recibir su constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, lo cual tuvo verificativo desde el diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 34 a 36), y no el quince de mayo del año como indicó en su escrito de demanda; documentales a las que se reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Con base en lo anterior, válidamente se afirma que el accionante de amparo conoció del acto de aplicación de la norma legal que por esta vía impugna desde el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fecha en que recibió sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. En efecto, en este caso se actualiza el segundo supuesto establecido por el artículo 18, de la Ley de Amparo; es decir, el cómputo del plazo legal para interponer el juicio de amparo debe realizarse a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Apoya lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, visible en el tomo XXXI, enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 1931; que señala: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Por tanto, el plazo para promover el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido por el artículo 18, de la ley de la materia, transcurrió del dieciocho de abril al diez de mayo de dos mil diecisiete, sin contar el veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco, seis y siete de mayo del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la presentación de la demanda de amparo se realizó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello respectivo (foja 8), es claro que se presentó fuera del plazo de quince días establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, por ello, debe estimarse consentido tácitamente el acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.20 K, integrada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de 1996, página 477, que dice: SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta. Igualmente, se cita por su aplicación, la tesis publicada en la página trescientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, que literalmente establece: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Con base en lo anterior, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del diverso numeral 63, de la propia ley. En mérito del resultado obtenido, es innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables en sus informes justificados, en tanto que su examen a ningún fin práctico conduciría, dado que no cambiaría el sentido de la resolución. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; que señala: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RSUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ****************, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************, hasta el día de hoy, quince de noviembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el informe justificado rendido por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe. ****
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