Blas Soto Gonzalez

Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
153/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Blas Soto Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    E Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiocho de septiembre del actual, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en resolución de veintiocho de abril del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó personalmente a la autorizada legal de la parte quejosa el pasado veintisiete de mayo del actual; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En ese sentido, se precisa que por resolución de veintiocho de abril del presente año, se concedió al quejoso Blas Soto González, la protección constitucional contra el acto reclamado a la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dar contestación a la petición formulada por el quejoso, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por escrito, tendente a la regularización y/o corrección de sus datos personales en su calidad de asegurado, ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, al estimarse que dicho acto omisivo transgredía el derecho humano de administración de justicia pronta y completa dentro de los plazos previstos por la ley, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de mayo del presente año, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, una vez que causara ejecutoria la presente, diera respuesta completa a la petición del quejoso Blas Soto González, contenida en el escrito recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; asimismo, notificándosele el acuerdo recaído a dicha solicitud; lo cual, deberá justificar, con las constancias relativas. Por su parte, mediante oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, remitió copia del oficio 269102910100/0624/2021, con el que atendió la solicitud del quejoso, así como de la relativa a su debida notificación. Por tanto, mediante auto de veintiséis de mayo del año en curso, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, una vez que cause ejecutoria la presente de respuesta completa a la petición del quejoso Blas Soto González, contenida en el escrito recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; asimismo, el acuerdo recaído a dicha solicitud le deberá ser notificado, lo cual, deberá justificar, con las constancias relativas, lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por la Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiocho de abril del año en curso, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Blas Soto González, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para efecto de que la responsable en comento, realice lo siguiente: "(.) de respuesta completa a la petición del quejoso Blas Soto González, contenida en el escrito recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; asimismo, el acuerdo recaído a dicha solicitud le deberá ser notificado, lo cual, deberá justificar, con las constancias relativas. (.)." Además, se apercibe a la autoridad responsable citada, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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