Berenice Meza Suarez
Expediente 193/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Berenice Meza Suarez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 193/2023-IX. Puebla, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 193/2023-III. Puebla, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por la quejosa por derecho propio, contra actos del ".Agente del Ministerio Público Encargada de Despacho de la Fiscalía de Zona Región Poniente." (sic) y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a la quejosa, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 2 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, conviene indicar que la quejosa reclama: ".EL ASEGURAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD.". De ese aseguramiento aquella manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Con esa perspectiva, a criterio de esta autoridad, respecto del aseguramiento del inmueble que la quejosa aduce es de su propiedad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere De la fracción en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando la quejosa no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiesta la propia promovente -bajo protesta de decir verdad-, tuvo conocimiento del aseguramiento reclamado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, es concluyente que desde ese día la quejosa tenía pleno conocimiento del aseguramiento en cita y el plazo para presentar la demanda de amparo comenzó a computarse a partir del tres de enero de dos mil veintitrés. De tal modo que el plazo de quince días le transcurrió del tres de enero de dos mil veintitrés al veintitrés de enero de esa misma anualidad3 , tal como se puede observar en la siguiente tabla: Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (como se desprende del sello de recepción plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) es claro que la quejosa excedió en exceso el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara dicho retardo en la presentación de la demanda. Sobre todo porque la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que realizó la acreditación (sic) de la propiedad del inmueble asegurado, el mes pasado, pues tuvo conocimiento el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que a consideración de esta juzgadora de tutela, aquella tenía elementos suficientes para impugnar el citado aseguramiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por la quejosa, respecto del aseguramiento del inmueble que aduce es de su propiedad, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso a expediente electrónico y medios de contacto no procesal. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la notificación electrónica. Además, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye a la secretaria encargada del presente asunto, habilite a la quejosa tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario que está vinculado a la dirección de correo electrónico proporcionada en la demanda: brsguzzi. Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De ahí que se descarten las listas que se fijan en este juzgado de distrito como lo señaló la quejosa al inicio de su demanda, pues aquella pidió en forma expresa la notificación electrónica. En cambio, se tiene la dirección de correo electrónico y el número telefónico que ofreció en el primer acápite de su demanda, como medios de contacto no procesal. Por último, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, las personas designadas por la quejosa porque así lo solicitó. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa; y cúmplase.
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