Bernardino Valera Guzman

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Bernardino Valera Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1353/2022-IX. Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1353/2022-III. Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Versión escrita de audiencia. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia, este día veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que Julio Arturo Gómez Peña, aceptó el cargo de defensor público del quejoso +++++++++++++++++++++. Notificación personal al quejoso. A fin de que el quejoso tenga conocimiento del defensor público que habrá de asistirlo en el trámite de este juicio de amparo, se ordena notificarle en forma personal tanto la referida audiencia como el presente acuerdo. Pero también se hace notar al quejoso, que los subsecuentes acuerdos y determinaciones de carácter personal, le serán notificados por medio de lista y por oficio a su defensor. Sobre todo porque ya tiene un defensor público y éste ha asumido las obligaciones procesales en el presente juicio de amparo, como imponerse de los acuerdos y cualquier resolución, que le sean notificadas por medio de lista y por oficio. Notifíquese; y en forma personal al quejoso (en el Centro Penitenciario de Puebla, lugar donde está recluido).

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1353/2022 -III.. Puebla, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. DIRECTORA INFORMA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Se agrega al expediente el oficio de la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el que informa el nombre y correo electrónico del licenciado Julio Arturo Gómez Peña, como defensor para que asista al quejoso Bernardino Valero Guzmán en el trámite del presente juicio. De lo anterior, este juzgado queda enterado para los efectos legales correspondientes. VIDEO CONFERENCIA PARA TOMA DE PROTESTA Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se cita al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, a las NUEVE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que acceda a la videoconferencia relativa a la diligencia para aceptar y protestar el cargo de defensor del quejoso. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión 2483 365 ++++++ y contraseña +++++++ en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior a esa fecha, al correo electrónico proporcionado (diradmamp@htsjpuebla.gob.mx). Con el propósito de ingresar a la reunión virtual, el defensor citado deberá tener equipo de cómputo que cumpla al menos los requerimientos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Al respecto, es menester precisar que con la finalidad de permitir a los intervinientes prepararse para el desahogo de la referida diligencia, así como la implementación de la logística operacional, el defensor en mención deberá ingresar a dicho enlace a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, esto es, cinco minutos previos al inicio de la audiencia. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista identificación oficial vigente y cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad, capacidad procesal y profesión. Se apercibe al citado defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber al defensor público nombrado, que en el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo tiene como única finalidad que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor del quejoso, en la que también se le habrá de informar la incompetencia legal declarada en el proveído inicial. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, se le apercibe de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, que en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se le impondrá diversa multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Por consiguiente, se ordena adjuntar al oficio que se libre para el citado defensor, copias de la demanda de amparo y del proveído inicial, para que tenga conocimiento de los actos reclamados. Con independencia de lo anterior, cabe precisar que, en la diligencia de referencia, habrá de informar al defensor público el estado procesal de este expediente. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notificación al defensor público designado. Se instruye a la actuaria encargada de este expediente que el oficio derivado de este acuerdo, con las copias adjuntas, las envíe al correo electrónico del mencionado defensor público. Además, debe confirmar su recepción y dejar constancia al respecto. Pero en caso de no ser posible lo anterior, podrá notificar el oficio de manera física porque el defensor se encuentra en una oficina local. Se descarta notificación personal para el quejoso. En último lugar, se descarta notificar al quejoso el contenido de este acuerdo, porque de momento sólo se dispuso la audiencia para la protesta del cargo, motivo por el cual este proveído será notificado únicamente por lista. Sin embargo, una vez que el citado defensor intervenga en la audiencia fijada, se acordará lo procedente. DEFENSOR INFORMA Por otro lado se agrega al expediente el escrito de cuenta signado por +++++++++++++++, mediante el cual a fin de agilizar la toma de protesta de ley, adjunta la impresión digitalizada de su cédula profesional y credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1353/2022-III. Conste. Puebla, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación del escrito de demanda. Se recibe la demanda de amparo signada por ++++++++++++++++, por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama de la única autoridad responsable la falta de acuerdo a la petición realizada de fecha diez de noviembre del año en curso, en el cual solicitaba llevar a cabo visitas íntimas, dentro del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Puebla, en el cual se encuentra recluido. Bajo ese contexto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el promovente se duele de las condiciones de internamiento, en las que se encuentra ante la petición realizada de fecha diez de noviembre del año en curso, en el cual solicitaba llevar a cabo visitas íntimas. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ha señalado que a pesar de que la falta de atención pueda estimarse urgente o no, ésta debe ser impugnada a través del recurso jurisdiccional respectivo. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."3 Es así porque, dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuáles destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma se consideró que la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil) pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta de protocolos y la negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. En efecto, de las manifestaciones realizadas por el quejoso no se advierte que los padecimientos que refiere impliquen un necesario, inmediato e inminente peligro a su vida, pues se trata de las condiciones de internamiento en las que se encuentra inmerso y que son objeto de revisión ante un juez en la ejecución de sentencia conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de promover juicio de amparo. Ahora, en la especie, los actos reclamados por el promovente no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al reclamarse una cuestión relacionada con las cuestiones cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica y medicamentos al quejoso en relación a la diabetes y demás padecimientos que refiere), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite visualizar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y, en virtud de lo anterior, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 61, fracción XX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"4. Además, es menester precisar que en caso de que la decisión de la "petición administrativa" sea desfavorable a sus intereses, puede acudir en vía de amparo indirecto a impugnar dicha decisión -la definitiva- Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Designación de defensor para el quejoso Se requiere a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, designe a un defensor público que revise el presente juicio, y determine de acuerdo a la normativa de dicho instituto, la persona que deba asistir al quejoso Bernardino Varela Guzmán. Ello, porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta a la directora de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO" Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (Centro de Reinserción Social o Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla). Además, el quejoso señaló autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a los licenciados +++++++++++++++++++++. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal al quejoso en su lugar de reclusión y cúmplase

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano