Bernardino Ortega Zaragoza
Expediente 1223/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Bernardino Ortega Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1223/2019 En dos de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta a la jueza con un oficio recibido por correo electrónico y registrado con el número de control interno 2612. Conste. Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, remitido por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado, mediante el cual cumple el requerimiento decretado en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno y remite copia del acuse de recibo del oficio dirigido al licenciado Marcos Sánchez Reyes Agente del Ministerio Público del Área de Litigación, con residencia en Huauchinango, Puebla, en su carácter de tercero interesado. Entonces, se tiene por notificado el citado tercero interesado del proveído de quince de febrero del año en curso, para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, queda cumplido el requerimiento efectuado a la citada institución; por ende, se deja insubsistente el apercibimiento de multa que se le formuló al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1223/2019 Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Se agrega el oficio del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado, mediante el cual manifiesta que remite el oficio 2596/2021 de quince de los corrientes, el cual fue notificado al licenciado Marcos Sánchez Reyes Agente del Ministerio Público del Área de Litigación, con residencia en Huauchinango, Puebla, en su carácter de tercero interesado. Empero, la autoridad oficiante fue omisa en adjuntar el oficio de referencia (acuse de notificación); de ahí que no se tenga por cumplido el requerimiento de quince de febrero del año en curso, efectuado al Fiscal General del Estado. En consecuencia, se requiere al Fiscal General del Estado, para que en el plazo de veinticuatro horas, remita el respectivo acuse de notificación. Se le hace notar que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de quince de febrero de dos mil veinte. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1223/2019 Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales ante el referido fenómeno de salud pública - partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Sin embargo, dicha reactivación se vio interrumpida por los diversos acuerdos de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, siendo la última ocasión5 la que abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en las circulares SECNO/8/20216 y SECNO/9/20217. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero del mismo año8 (en el sexto circuito y otros) retoma su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el quince de febrero de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia emitida en el presente asunto. Además, el referido auto fue notificado al quejoso (vía electrónica) el dieciséis de febrero siguiente. De modo que el plazo de quince días para interponer recurso de inconformidad, no ha comenzado a transcurrir, porque la suspensión de plazos no permitió que la referida notificación surtiera sus efectos. Por tanto, toda vez que se ha decretado la reanudación de los plazos y términos procesales, se informa a las partes que su notificación surtirá efectos en este día, por lo que a partir del día hábil siguiente comenzarán a computarse los quince días con los que cuentan para recurrir dicho proveído. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II9, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1223/2019 Puebla, Puebla, quince de febrero de dos mil veintiuno. ANTECEDENTES De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta un hecho notorio para esta juzgadora el contenido de las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativa a la Propuesta de medidas a tomar del 1 al 9 y del 10 al 15 de febrero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal que remite al regreso del esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud derivado del virus Covid-19, en la cual se establecen los supuestos en los cuales los Juzgados de Distrito que conozcan de amparo en materia penal deberán continuar atendiendo los asuntos ya radicados pese a no calificarse como urgentes. En tal virtud y tomando en consideración que Bernardino Ortega Zaragoza promovió este juicio de amparo contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en autos de la causa penal *decretada por el Juez de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, sede Huauchinango, Puebla, se deduce que el acto reclamado puede implicar una afectación directa a la libertad personal dentro del procedimiento; de esa forma es patente para este órgano jurisdiccional que el presente asunto encuadra en el supuesto de excepción antes mencionado, por tanto, debe continuarse la tramitación de la ejecución de sentencia dictada en este este expediente. ESTADO PROCESAL De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa -última parte notificada- mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional, quien en efecto, realizó diversas manifestaciones que se tuvieron recibidas en proveído de veintiocho de enero del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de acceso a la justicia (a través de la tutela judicial efectiva) de Bernardino Ortega Zaragoza, pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad, actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, por las razones que en seguida se exponen: Al dictarse el acto reclamado, fue transgredido el derecho de una adecuada defensa del quejoso Bernardino Ortega Zaragoza. Esto es, el juez responsable en la determinación de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal *contra *y otros -audiencia donde se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa-, posterior a la calificación de legal detención y a la formulación de imputación por el hecho con apariencia de delito de robo de vehículo agravado y privación ilegal de la libertad, transgredió el derecho a una adecuada defensa del quejoso, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la ley fundamental. Sin embargo, el juez de control responsable, tanto en la audiencia inicial como en la reanudación de ésta, no se cercioró de la calidad de licenciado en derecho de José Alfonso Reyes Blanquel, persona que se ostentó como defensor particular del quejoso; esto es, omitió cerciorarse si dicha persona señalada como abogado contaba con la autorización necesaria para fungir como defensor y así asegurar una defensa técnica adecuada. Lo anterior, en violación del derecho fundamental de defensa adecuada contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, del texto actual de la ley fundamental, puesto que el cumplimiento de este derecho humano debía quedar total y plenamente acreditado y no sujetarse a presunciones de ninguna especie. Pues el juez de control responsable debió cerciorarse, al momento de individualizar a José Alfonso Reyes Blanquel, si contaba con la autorización necesaria para fungir como defensor, ello, para asegurar una defensa técnica adecuada, al constituir un requisito indispensable durante la audiencia inicial. Al no haberlo considerado así el juez responsable, transgredió el derecho de una adecuada defensa del quejoso en el dictado del acto reclamado. Por lo anterior, se concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos:1) El Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla deberá dejar insubsistente solo la resolución de imposición de medidas cautelares dictada en la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve ... 2) Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias para cerciorarse por cualquier medio idóneo que *, persona designada por el impetrante como su defensor en la audiencia inicial donde se resolvió lo relativo a la imposición de la medida cautelar, a la data del desahogo de la misma tenía la calidad de licenciado en derecho... 3) ....4) En caso de que ... Cabe señalar que la audiencia respectiva deberá ser desahogada por el juez de control José Álvaro Sarmiento Márquez, conforme los supuestos establecidos, al ser quien tuvo conocimiento de la exposición realizada por el representante social en cada una de las etapas respectivas, con la finalidad de salvaguardar el principio de inmediación que rige en el procedimiento acusatorio penal. 5) En el supuesto de que ...6) ..7) Finalmente, una vez verificada la calidad de licenciado en derecho de la persona nombrada, deberá dar continuidad a la audiencia inicial (solo en la etapa relativa a la imposición de la medida cautelar) ...8) ...y deberá dejar intocada la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso, como parte integrante de los actos de la audiencia inicial." De esa forma, la sentencia dictada en este juicio de amparo causó ejecutoria el diez de diciembre de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra el quejoso, dentro del proceso **, informó que el veintidós de diciembre de dos mil veinte dejó insubsistente la resolución de imposición de medidas cautelares de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, asimismo señaló las trece horas del veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Luego refirió que el juzgador emisor del acto reclamado fue cambiado de adscripción y por ello diverso juzgador desahogaría la referida audiencia. A su vez indicó que en la audiencia respectiva dejó intocada la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso del aquí quejoso y haberse cerciorado la calidad de defensor particular de **, a quien el quejoso designó como defensor particular, luego procedió a las etapas procesales conducentes y resolvió lo relativo a la medida cautelar, imponiendo la de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso, en virtud que en la sentencia de amparo se indicó que si diverso juzgador celebraba la audiencia inicial tenía plenitud de jurisdicción para resolver sobre la medida cautelar, empero ello no le daba pauta en sentido amplio para variar la medida cautelar, pues se había dejado intocado lo relativo a la vinculación a proceso del aquí quejoso. Para acreditar su dicho, remitió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia respectiva en un disco versátil digital. Ahora, de la reproducción de la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se advierte que fue celebrada por diverso juzgador al que emitió el acto reclamado: ..En dicha audiencia el juzgador hizo referencia al proveído donde dejó insubsistente el acto reclamado en este juicio y dejó intocada la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso, como parte integrante de los actos de la audiencia inicial. Luego mencionó el derecho a elección de defensa de Bernardino Ortega Zaragoza e indicó se había incorporado a la misma Pedro Nava Domínguez, persona diversa a José Alfonso Reyes Blanquel, por lo que se le preguntó al imputado a quién designaba como su defensor particular, y lo hizo a favor del licenciado Pedro Nava Domínguez, quien aceptó y protestó el cargo conferido, luego, el juez responsable tuvo a la vista la carpeta judicial administrativa, en donde constató la existencia de la copia de la cédula profesional de dicha persona, e indicó que la fotografía coincidía con los rasgos faciales de tal profesionista, asimismo constató que el folio era igual al que consta en la misma cédula, cuyo cotejo de dicho folio de la cédula profesional en la página electrónica de la Dirección General del Profesiones ya obraba agregado en la referida carpeta, lo cuyos datos leyó en voz alta para que constaran en la audiencia respectiva (los efectos legales correspondientes) y continuó con las etapas procesales respectivas. Luego, el juez encargado de cumplir con la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción resolvió lo relativo al control de detención, formulación de imputación e imposición de medida cautelar, en concordancia a resuelto en el auto de vinculación a proceso, el cual se dejó intocado desde el inicio de la audiencia inicial. Como se ve, el cumplimiento de la autoridad responsable se traduce en una restitución del derecho de una adecuada defensa del quejoso, en los términos indicados en la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Ahora, el quejoso, mediante escrito presentado en este juzgado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno adujo el defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, al estimar que el juez que desahogó la audiencia en cumplimiento a la sentencia de amparo, fue omiso en atender los lineamientos establecidos en la misma al no haber resuelto lo relativo a la imposición de la medida cautelar con libertad de jurisdicción, pues dejó de atender los planteamientos formulados por las partes (su defensa). Ello al indicar que el juez de control adujo que los efectos para los cuáles fue concedido el amparo implicaban el cercioramiento por cualquier medio de la calidad de licenciado en derecho del defensor particular, y en caso de resolverse por diverso juzgador resolver con plenitud de jurisdicción lo relativo a la medida cautelar, empero se encontraba limitado para resolver en ese sentido. Ello porque la juzgadora federal ordenó dejar intocada la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso, en la que, la clasificación jurídica realizada por el juzgador que resolvió el auto de vinculación a proceso versó en el hecho definido por la ley como robo de vehículo agravado, por considerar que se encontraban justificadas las agravantes consistentes en que fueron dos o más sujetos los que abordaron a las víctimas portando armas de fuego y el hecho ocurrió de noche. Por eso el juzgador aunque escuchó las disertaciones expuestas por la defensa, refirió no poder atenderlas y ocuparse del fondo, pues ello implicaría trastocar el auto de vinculación a proceso. Lo anterior, refirió el quejoso, implicaba el defecto en el cumplimiento de la sentencia, porque el juez de control no analizó el fondo de las disertaciones de la defensa -donde expuso las razones por la cuáles no se encontraba justificada la agravante de la existencia de armas de fuego- con plenitud de jurisdicción como fue indicado en la sentencia de amparo. Después el quejoso mencionó los argumentos por los cuáles no se encontraba justificada la agravante referente a la existencia de armas de fuego y ante ello expuso que la medida cautelar resultaba lesiva, de ahí que calificó de incongruente y carente de sustento legal la determinación del juez de control pues a su consideración eliminar la agravante referida, no implica trastocar el auto de vinculación a proceso, pues la clasificación jurídica no variaba, al haberse cometido de noche y ser más de dos sujetos los que intervinieron, por ello la clasificación de robo de vehículo agravado era la misma. Al respecto debe indicarse que en la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se indicó que en caso de que la audiencia fuera celebrada por diverso juzgador, aquél tendría plenitud de jurisdicción para resolver lo relativo a la imposición de la medida cautelar y en efecto, dejar intocada la vinculación a proceso decretada contra el quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Esto es, no se le indicó al juzgador responsable que debía fallar en determinado sentido, así, de las constancias remitidas por el juez de control, se advierte que si bien, aquél refirió encontrarse limitado para resolver sobre la imposición de la medida cautelar, para mantener congruencia con lo resuelto en la vinculación a proceso, la cual quedó intocada; ello implica que el resolutor actuó con plenitud de jurisdicción para arribar a tal conclusión, lo cual satisface los efectos para los cuales fue concedido el presente juicio de amparo. Además, debe dejarse claro que el acto reclamado en este juicio solo lo fue la imposición de la medida cautelar, no así el auto de vinculación a proceso, por tal virtud aquélla determinación se dejó intocada. De esa forma, si el juez de control estimó congruente con el auto de vinculación a proceso la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque en el auto de situación jurídica se tuvieron acreditadas las agravantes previstas en el artículo 380 fracciones I, X, XI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Puebla, entre ellas la relativa al empleo de armas, su contenido debía ser congruente con la medida cautelar, tal determinación se estima apegada los efectos de la sentencia de amparo, pues tales argumentos fueron señalados por el juez de control con plenitud de jurisdicción. Además el juez de control sí expuso los motivos de su determinación y también el fundamento legal para ello, pues adujo que al haberse dictado auto de vinculación a proceso a *, entre otras, por una agravante que implica el empleo de armas, la hipótesis legal de prisión preventiva oficiosa se ajusta al contenido de los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19, de la constitución; lo cual implica que el juzgador, con plenitud de jurisdicción señaló los fundamentos legales que estimó aplicables, así como los razonamientos lógico jurídicos para justificarlo. Entonces, como se observa de los párrafos que anteceden, el juez responsable se apegó a los lineamientos que se determinaron en la sentencia dictada, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución de imposición de medidas cautelares y adoptara las medidas necesarias para cerciorarse por cualquier medio idóneo que el defensor del quejoso (ya sea José Alfonso Reyes Blanquel o diverso defensor) tuviera calidad de licenciado en derecho; hecho lo anterior, continuara con el desarrollo de las subsecuentes etapas procesales (control de detención, formulación de imputación e imposición de la medida cautelar), donde resolviera con libertad de jurisdicción la solicitud formulada por el fiscal y dejara intocada la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde se resolvió lo relativo a la vinculación a proceso. En ese sentido, al otorgarle al juez responsable plenitud de jurisdicción para resolver, deviene en un amplio margen de apreciación otorgado a aquél, a efecto de que resolviera el asunto en cuestión. Por tanto, es infundado lo expresado por el quejoso respecto a que el juez responsable dejó de dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgador, pues de la videograbación de la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se aprecia el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, En consecuencia de todo lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si el quejoso o la parte tercera interesada, insistieran en estar inconformes con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se les hace de su conocimiento que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El diez de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal. b) El veintiocho de diciembre de dos mil veinte el juez responsable, celebró la audiencia oral de imputación dentro de la causa penal *para cumplir con la ejecutoria de amparo. c) El diecinueve de enero de dos mil veintiuno se recibió en este juzgado el audio y video de la audiencia oral de imputación de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal *. d) En esta data (quince de febrero de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. NOTIFICACIÓN ESPECIAL POR CONDUCTO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. Ahora, a fin de evitar dilaciones innecesarias al procedimiento en el presente juicio de amparo, y toda vez que el Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal *(tercero interesado) pertenece a la Fiscalía General del Estado de Puebla, la cual cuenta con el domicilio actual y correcto del citado agente ministerial. Por tanto, se requiere al Fiscal General del Estado de Puebla, que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al que reciba el oficio de este acuerdo, realice la notificación respectiva, y luego devuelva el oficio de notificación (acuse) con el sello y firma que acrediten la recepción del mismo. Se apercibe al Fiscal General del Estado, que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario, *conforme a los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. El cumplimiento a este requerimiento lo puede realizar a través de la dirección de correo electrónico de este juzgado 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Así mismo, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que el oficio generado con motivo de este acuerdo y que deba entregarse a la autoridad, deberá remitirlo vía correo electrónico -ya sea oficial o el proporcionado por el personal de dicha autoridad- debiendo confirmar su recepción y levantar razón de ello. Lo anterior, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. MEDIDAS SANITARIAS PARA ENTREGA DE OFICIOS Y PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PERSONALES. Notifíquese; de forma personal a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado, de manera personal al quejoso (vía electrónica), por lista a la moral tercera interesada; por oficio (enviado por correo electrónico) a las demás partes; cúmplase.
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