Benjamín Palacios Oropeza
Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Benjamín Palacios Oropeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo no presentada la demanda de protección. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y al Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, transcurrió del dos al ocho de junio de dos mil veintiuno, sin que hubiera presentado algún escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 172/2022-II. Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Se agregar al expediente el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al cual acompaña el testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro del conflicto competencial 16/2022 del índice de dicho tribunal, en cuyos puntos resolutivos establece: ".PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en este Municipio y el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en esa Ciudad. SEGUNDO. Se declara competente al juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con Residencia en esa Ciudad, para conocer de la demanda de amparo promovida TERCERO. Remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 103/2022, al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el ....". Por tanto, se ordena glosar el testimonio de ; y acusar recibo a la superioridad Esta juzgadora se avoca al conocimiento de la demanda presentada por el quejoso Benjamín Palacios Oropeza, por derecho propio. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados por los antecedentes que relató el quejoso, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que el capítulo de actos conduciría a visualizar el reclamo de los siguientes: ".la orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en mi contra y su ejecución.". Pero los antecedentes relatados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, reflejan que este no tiene conocimiento de alguna causa penal instruida en su contra. Ello hace irregular el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión, porque ese acto jurídico sólo puede librarlo un juez penal en el trámite de una causa donde el inculpado ya recibió un auto de formal prisión, o bien cuando ya está vinculado a proceso -en las causas del sistema penal acusatorio-. De modo que si el quejoso no tiene conocimiento de alguna causa instruida en su contra, debe considerarse inviable el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión. Sobre todo porque los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad, sólo hacen procedente el diverso acto que reclamó a los jueces federales: la orden de aprehensión. Porque si bien las órdenes de aprehensión y reaprehensión, tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Ello es así pues la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. En cambio, la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por lo que dicha la aclaración debe realizarla el quejoso toda vez que la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito aclaratorio en el cual: 1. Manifieste si el reclamo de su demanda de amparo está dirigido en forma exclusiva a la orden de aprehensión y su ejecución, conforme a los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad; y 2. Si pretendiera mantener el reclamo de la orden de reaprehensión, deberá indicar el número de causa donde haya recibido un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, así como precisar el juzgado donde se encuentre radicada esa causa y sus antecedentes. Conviene indicar al quejoso un aspecto importante: esta juzgadora ya revisó los antecedentes relatados en la demanda, motivo por el cual debe evitar (el quejoso) la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes, y dos para el incidente de suspensión. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal del quejoso y autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado y a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Máxime que señaló los estrados (sic) como domicilio para recibir notificaciones personales. Por otro lado, queda autorizado en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, el único profesionista nombrado por aquél en el primer acápite de la demanda, porque no tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al margen de que el quejoso parece haber intentado otorgarle facultades amplias. Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en su periodo de vigencia por el diverso 7/2022), del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico y número telefónico proporcionados por el quejoso, en su demanda, como medios de contacto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista); y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y cúmplase.
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO 172/2022-II. Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, con firma autógrafa de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. En éste, comunica el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, emitido por el magistrado presidente de dicho tribunal, donde radica y se avoca al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y este órgano jurisdiccional. Dicho conflicto competencial quedó registrado con el número 16/2022 de su índice. Se toma el debido conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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