Berenice Gallarza Reyes
Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Berenice Gallarza Reyes
Actuaciones
- Principal
Cuaderno de antecedentes 981/2023 . Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Homólogo acepta competencia. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio con firma electrónica -evidencia criptográfica- del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual comunica que en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por esta autoridad. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es SUSCEPTIBLE de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución de incompetencia. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que el presente cuaderno deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de seis meses. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque desde el proveído inicial se declaró la incompetencia legal para conocer del asunto y fue remitido al juez que se estimó competente, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que la incompetencia declinada ha sido aceptada por el juez que se estimó competente y éste continuará con la sustanciación del asunto. Aunado a que, si desearan conocer el estado del presente asunto, podrán realizar la solicitud correspondiente y ésta será acordada como corresponda. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 981/2023-I.. Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por la quejosa +++++ por derecho propio, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Se declina competencia. De la lectura integral1 de la demanda de amparo se advirtió una particularidad del asunto que conduce a esta operadora jurídica a concluir que carece de competencia en razón de la materia, para actuar del presente asunto. Para explicar lo anterior, primero es necesario referirse al contenido del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De dicho numeral se desprende que, por regla general, los Jueces de Distrito especializados en amparo en materia penal conocerán de las demandas donde se reclamen resoluciones judiciales del orden penal. Adicionalmente, podrán conocer respecto de: a) Actos de cualquier autoridad, siempre y cuando afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; b) Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito; d) Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; e) Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal. En el caso, la quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras a los Presidentes de las Juntas Especiales Números Uno a la Seis, de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a las cuales reclama, lo siguiente: .LA ILEGAL ORDEN DE ARRESTO EMITIDO EN MI CONTRA, o cualquier otra y que pretenden ejecutar, por si o por elementos a su mando, en contra de la Quejosa.". Por su parte, a las autoridades responsables ejecutoras Director de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado de Puebla; Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla; y los Agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, les reclama: ".EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE ARRESTO." Ahora, el artículo 57, fracción IV, de la ya mencionada ley orgánica, refiere: "Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: [.] I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; [.] IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio;.". Bajo esas condiciones, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, considera carecer de competencia legal en razón de la materia, para analizar la constitucionalidad o no de los referidos actos reclamados. Lo anterior ya que en términos del artículo 56, fracción I, antes invocado, sólo le compete conocer de aquéllos actos privativos de la libertad cuando son de naturaleza penal a la luz del artículo 16 de la constitución y las disposiciones en materia penal sustantivas y adjetivas vigentes, como por ejemplo, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que si bien el arresto constituye un acto que afecta la libertad personal de la quejosa, también lo es que dicho acto, en realidad constituye una medida de apremio decretada por una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para vencer la contumacia de la quejosa (para que haga o deje de hacer algo). Esto es así, porque, en materia penal, el artículo 16 constitucional y 141, fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo facultan a los jueces de control sólo para librar órdenes de aprehensión o comparecencia como medios de conducción al proceso (además de la citación). En tanto que, el arresto se utiliza por cualquier autoridad para imprimir efectividad a sus determinaciones o, en su caso, como una medida disciplinaria para preservar el orden en las audiencias. Como se ve, los hechos que narró la quejosa en su demanda de amparo, no evidencian que el eventual arresto que dice se decretó en su contra derive de un procedimiento penal como consecuencia de la comisión de un delito. Por lo tanto, si la quejosa sólo señaló como autoridades responsables ordenadoras a los Presidentes de las Juntas Especiales Número Uno a la Cinco de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, resulta evidente que la orden de arresto reclamada, fue librada en algún proceso laboral como medida de apremio; de ahí que, dicha orden de arresto es de naturaleza formal y materialmente laboral. Se citan por analogía, los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubros establecen: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISION, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."2 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS GRUPOS DE MILITARES PROCESADOS Y SENTENCIADOS. AL TENER NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."3 Por tanto, sólo en relación con los actos reclamados a las citadas autoridades responsables de naturaleza laboral, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de la materia. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el original del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que ésta a su vez lo turne al órgano jurisdiccional correspondiente; por lo tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le sea turnado el asunto, que acuse recibo -vía interconexión- y, en su caso, comunique si acepta la competencia declinada. No en necesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. En el caso no resulta necesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que no se tratan de supuestos en los que peligre la vida de la quejosa, consistan en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda, ubicado en la ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona señalada en la demanda, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte promovente (en el domicilio procesal)
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 981/2023-I.. Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por la quejosa +++++ por derecho propio, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Se declina competencia. De la lectura integral1 de la demanda de amparo se advirtió una particularidad del asunto que conduce a esta operadora jurídica a concluir que carece de competencia en razón de la materia, para actuar del presente asunto. Para explicar lo anterior, primero es necesario referirse al contenido del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De dicho numeral se desprende que, por regla general, los Jueces de Distrito especializados en amparo en materia penal conocerán de las demandas donde se reclamen resoluciones judiciales del orden penal. Adicionalmente, podrán conocer respecto de: a) Actos de cualquier autoridad, siempre y cuando afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; b) Actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito; d) Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; e) Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia penal. En el caso, la quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras a los Presidentes de las Juntas Especiales Números Uno a la Seis, de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a las cuales reclama, lo siguiente: .LA ILEGAL ORDEN DE ARRESTO EMITIDO EN MI CONTRA, o cualquier otra y que pretenden ejecutar, por si o por elementos a su mando, en contra de la Quejosa.". Por su parte, a las autoridades responsables ejecutoras Director de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado de Puebla; Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla; y los Agentes Ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, les reclama: ".EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE ARRESTO." Ahora, el artículo 57, fracción IV, de la ya mencionada ley orgánica, refiere: "Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: [.] I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; [.] IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio;.". Bajo esas condiciones, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, considera carecer de competencia legal en razón de la materia, para analizar la constitucionalidad o no de los referidos actos reclamados. Lo anterior ya que en términos del artículo 56, fracción I, antes invocado, sólo le compete conocer de aquéllos actos privativos de la libertad cuando son de naturaleza penal a la luz del artículo 16 de la constitución y las disposiciones en materia penal sustantivas y adjetivas vigentes, como por ejemplo, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que si bien el arresto constituye un acto que afecta la libertad personal de la quejosa, también lo es que dicho acto, en realidad constituye una medida de apremio decretada por una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla para vencer la contumacia de la quejosa (para que haga o deje de hacer algo). Esto es así, porque, en materia penal, el artículo 16 constitucional y 141, fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo facultan a los jueces de control sólo para librar órdenes de aprehensión o comparecencia como medios de conducción al proceso (además de la citación). En tanto que, el arresto se utiliza por cualquier autoridad para imprimir efectividad a sus determinaciones o, en su caso, como una medida disciplinaria para preservar el orden en las audiencias. Como se ve, los hechos que narró la quejosa en su demanda de amparo, no evidencian que el eventual arresto que dice se decretó en su contra derive de un procedimiento penal como consecuencia de la comisión de un delito. Por lo tanto, si la quejosa sólo señaló como autoridades responsables ordenadoras a los Presidentes de las Juntas Especiales Número Uno a la Cinco de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, resulta evidente que la orden de arresto reclamada, fue librada en algún proceso laboral como medida de apremio; de ahí que, dicha orden de arresto es de naturaleza formal y materialmente laboral. Se citan por analogía, los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubros establecen: "COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISION, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."2 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS GRUPOS DE MILITARES PROCESADOS Y SENTENCIADOS. AL TENER NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."3 Por tanto, sólo en relación con los actos reclamados a las citadas autoridades responsables de naturaleza laboral, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de la materia. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el original del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que ésta a su vez lo turne al órgano jurisdiccional correspondiente; por lo tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le sea turnado el asunto, que acuse recibo -vía interconexión- y, en su caso, comunique si acepta la competencia declinada. No en necesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. En el caso no resulta necesario proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que no se tratan de supuestos en los que peligre la vida de la quejosa, consistan en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda, ubicado en la ciudad de Puebla. Asimismo, se tiene autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona señalada en la demanda, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal a la parte promovente (en el domicilio procesal)
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