Autobuses Urbanos de Valle de Santiago, Guanajuato
Expediente 226/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Autobuses Urbanos de Valle de Santiago, Guanajuato
- Maria Carmen Aida Granados Guzman (Apoderada)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (f. 90 a 94), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa "Autobuses Urbanos de Valle de Santiago Guanajuato", sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal María Carmen Aida Granados Guzmán, para el efecto de que el Ayuntamiento del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro del término de cinco días hábiles, resolviera sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y la notificara a la parte interesada en igual término. Mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (f. 105), se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se dio vista a la parte quejosa con la copia certificada de las constancias exhibidas por el Síndico municipal del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veintiuno de abril del año en curso (f. 100 a 104). La apoderada legal de la parte quejosa, se inconformó con el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria; por lo que, atendiendo a dichas manifestaciones, así como a las constancias que integran los autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal analizará si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia (f. 101 a 104), las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Síndico del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de mérito, dio respuesta a la solicitud de veintinueve de enero de dos mil dieciséis y su recordatorio de veintinueve de marzo siguiente, y la notificó a la parte quejosa, según se advierte del sello de recepción visible a foja 103 de autos. Lo anterior se afirma, puesto que en la petición cuya falta de respuesta fue motivo del presente juicio de amparo (f. 45), la apoderada legal de la parte quejosa manifestó al Ayuntamiento del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, que diversas empresas se encontraban prestando servicio de transporte urbano de personas con unidades que no tenían concesión, ni permiso, por lo que señaló las placas de dichas unidades y solicitó la intervención de la responsable para que evitara que tales empresas continuaran prestando el servicio de transporte sin contar permiso para ello. En respuesta a dicha solicitud, el síndico de la autoridad responsable manifestó que las unidades con número de placas referidas en su solicitud, sí contaban con título de concesión vigente, placas y tarjeta de circulación, y que se encontraban dentro de la vida útil, o en su caso, en prórroga, como lo prevé el artículo 27 de la Ley de Movilidad de esta entidad federativa y sus municipios y 126 del Reglamento de Movilidad para el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, con excepción de las unidades con placas VS-0063 y VS-0095, las cuales no se estaban en funcionamiento, debido a que la primera ya había terminado su vida útil y la segunda no portaba las respectivas placas de circulación. Lo que patentiza, que con ese proceder, la responsable resolvió sobre la solicitud que le fue elevada y lo hizo del conocimiento de la impetrante. Por tanto, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la apoderada legal de la parte quejosa, en torno a que la ejecutoria no se encuentra cumplida, pues alude que la respuesta dada por la responsable no es congruente con lo peticionado porque el Ayuntamiento no da respuesta respecto a la petición de que interviniera para evitar que las empresas sigan prestando servicio de transporte urbano de personas, sin contar con permiso para ello, así como que la responsable no allegó las documentales para acreditar que las unidades cuentan con permiso. Sin embargo, como se precisó en líneas precedentes, los efectos de la ejecutoria fueron para que la responsable resolviera sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud que le fue elevada y lo notificara a la parte quejosa, lo que a juicio del suscrito ya quedó satisfecho, en virtud de que la responsable sí se pronunció congruentemente sobre la petición formulada. Ello se estima así, no obstante que el Ayuntamiento no haya dado respuesta favorable a su solicitud de intervención; sin embargo, lo anterior no significa que tal respuesta no sea congruente con lo peticionado, puesto que si bien la promovente solicitó su intervención partiendo del supuesto de que diversas unidades de transporte urbano de personas estaban funcionando sin permiso y/o concesión, la protección constitucional de ninguna manera vincula a la autoridad responsable a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del solicitante. En ese contexto, el suscrito se encuentra impedido para examinar los motivos o fundamentos de la respuesta de la autoridad responsable, y en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, con registro 190356, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 2001, página 203, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Joaquín de Jesús Mendoza Talavera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
A sus autos el escrito signado por ********************, apoderada legal de la parte quejosa, téngasele haciendo las manifestaciones que vierte en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado a la ejecutoria de mérito, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento en que este juzgado se pronuncie en relación a si el fallo fue o no acatado; ello una vez que transcurra en su integridad la vista concedida en auto de veinticuatro de los corrientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 90), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, signado por el síndico del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, al que adjuntó copia certificada del oficio 033/2017 mediante el cual aduce dar respuesta a la petición de la impetrante del amparo; en ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Joaquín de Jesús Mendoza Talavera, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Síndico del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en representación del Ayuntamiento señalado como autoridad responsable en el presente asunto, mediante el cual manifiesta su oposición a la publicación de los datos personales de la parte que representa; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud. Lo anterior, debido a que la protección de los datos personales sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al indicar que por datos personales debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIII.3o.12 A sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2518, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MAS NO DE LAS MORALES (AUTORIDADES RESPONSABLES).".
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