Aurora Concepción Pesquera San Román

Expediente 729/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
729/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Pesquera San Román
  • Aurora Concepción Pesquera San Román

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexa testimonio de la resolución pronunciada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en el recurso de queja civil *******, cuyo punto resolutivo establece: "Único. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual se acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa, en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; así mismo, se informa que el mencionado medio de impugnación fue admitido y registrado con el número ***.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda presentada por *****, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, por violaciones a los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente digital y físico, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 729/2021-4. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ***** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. Al respecto, la quejosa narró, bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: La promovente del amparo es parte codemandada en el juicio ordinario civil sobre terminación de copropiedad registrado con el número ***** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en esta ciudad Que en dicho controvertido se dictó sentencia de fondo el cuatro de febrero de dos mil veinte, resolviendo la venta judicial del inmueble que se encuentra en copropiedad. La sentencia de mérito fue impugnada mediante recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca ***** el que fe resuelto en el sentido de que si la venta judicial no se verifica en la primera almoneda, para las subsecuentes deberá mantenerse el precio que se fije, sin deducción del diez por ciento a que se refieren los artículos 517 y 518 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. ? Durante el procedimiento las partes presentaron seis dictámenes periciales en materia de topografía y valuación sobre el inmueble en discordia. ? Durante el procedimiento de ejecución de sentencia, se presentaron diversos dictámenes para determinar la base para el remate del inmueble; en acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó que el avalúo rendido por el perito tercero en discordia será el que se tomará en cuenta para fijar el valor para la venta judicial del inmueble materia de la litis. ? Inconformes con la anterior determinación, la promovente del amparo interpuso recurso de revocación, el que fue resuelto el dos de septiembre de dos mil veintiuno en el sentido de confirmar el auto recurrido. Este es el acto reclamado. Ante lo anterior, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: (a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (b) Tratándose de remates, solo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado, en forma destacada, la resolución de dos de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ***** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. Dicha determinación confirmó el auto en el cual se determinó tomar en cuenta el avalúo del perito tercero para fijar el valor para la venta judicial del inmueble materia del controvertido de origen, lo que se traduce en que dicha resolución fue emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, pues el resultado de la resolución reclamada, dentro la etapa de ejecución de sentencia del juicio origen, trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que se considere se cometieron en la etapa de ejecución de sentencia. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar la sentencia condenatoria que le fue adversa a la ahora quejosa, por lo que la quejosa debe esperar la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgado en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.) sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución1". 1 Registro digital: 2011342; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: I.13o.T. J/10 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo También, resulta aplicable al caso en concreto la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN III, página 1941; Tipo: Jurisprudencia. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/20102, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de 2 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60. haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que la quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados. Se tiene al usuario ***** como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico, constituye una opción para recibir notificaciones y por así haberlo solicitado la promovente. Por tanto, la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por no proporcionar mayores datos que justifiquen que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de inscripción en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, según lo requiere la última parte del artículo 12 de la Ley de la materia. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda acreditarlo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano