Aurora Villagomez Aguilar
Expediente 1062/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aurora Villagomez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite la demanda promovida por **********, la que quedó registrada bajo el número de expediente 1074/2017-I. Acúsese recibo vía sistema integral de seguimiento de expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Asimismo, se tiene a la oficiante informando que previo a la admisión de la demanda de mérito, requirió al juez responsable, a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo.
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual acusa recibo del diverso comunicado por el que se le remitió la demanda original y anexos que presentó Aurora Villagómez Aguilar, toda vez que este órgano de control constitucional se declaró incompetente de plano para conocer de dicha demanda. Asimismo, se tiene a la oficiante informando que previo a la admisión de la demanda de mérito, requirió al juez responsable, a efecto de que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, anexos consistentes en tres legajos de copias simples, y siete copias de traslado, contra actos del Juez Único Menor Mixto, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, y otras autoridades, por la que reclama violaciones a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; fórmese y regístrese en el libro de gobierno con el número 1062/2017. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Salvatierra, Guanajuato. De igual forma, manifiesta bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto reclamado, que es parte demandada en el juicio de origen, al que fue emplazada el veintidós de junio del año en curso. Que seguido en todos sus etapas el procedimiento de origen, el diecisiete de octubre de la presente anualidad, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se le condenó entre otras prestaciones al pago de setenta mil pesos ($70,000.00), por concepto de suerte principal. Por tanto; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en comento, toda vez que la quejosa reclama la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil M296/2017, por el Juez Único Menor Mixto, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, cuya determinación puso fin al juicio ejecutivo mercantil de referencia. En consecuencia, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), del Pacto Federal, 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, para conocer de la demanda que nos ocupa. En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción V, inciso c), dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. Por su parte, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por otra parte, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I.- De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; y, De las disposiciones transcritas se colige que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas emitidas en materia mercantil por un Juez de Primera Instancia, y que compete conocer de las mismas a los Tribunales Colegiados de Circuito o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisado lo anterior, y tomando en consideración que del escrito inicial de demanda de amparo promovida por ************, así como de los anexos que allegó, se advierte que reclama la sentencia definitiva de primera instancia de emitida por el Juez Único Menor Mixto, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, en el juicio ejecutivo mercantil ***de su estadística, y que la cuantía del asunto -por suerte principal- es de $***,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, se colige que en el caso concreto se trata de una sentencia definitiva, conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, dado que decidió el juicio en lo principal; sin que exista contra dicha determinación recurso o medio de defensa ordinario a favor del quejoso que pueda revocar o modificar la misma, toda vez que conforme al artículo 1339 del Código de Comercio, sólo serán recurribles las resoluciones que recaigan en negocios cuyo valor exceda de $539,756.58 (quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados; por tanto, como en la especie, la cuantía o suerte principal del negocio es por la suma de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que es evidente que no se está en el supuesto del numeral 1339 del Código en mención, en esa tesitura, acorde a lo dispuesto en los preceptos invocados en líneas que anteceden, resulta que en contra de la sentencia definitiva reclamada, procede el juicio de amparo directo y no el indirecto. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia XIV.C.A J/22, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1253, Tomo XXX, Agosto de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA. Conforme al artículo 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, por lo que si en el caso se reclama en esa vía un acto dictado dentro del juicio o en la fase de ejecución, es inconcuso que no encuadra en alguna de esas hipótesis, al no tratarse de una sentencia que resuelva el juicio en lo principal, o lo dé por concluido, lo que establece la improcedencia del juicio de amparo uniinstancial. No es obstáculo para concluir de ese modo, que el quejoso haga valer una violación procesal prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ya que a ese respecto no debe perderse de vista que lo que determina la procedencia del juicio de amparo directo no es la naturaleza de la violación alegada, sino la del acto reclamado, pues acorde con los artículos 44, 46 y 158 de la invocada ley reglamentaria, para la procedencia de ese juicio es menester que se trate de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas; y aunque el numeral 159 aluda a las violaciones procesales que pueden impugnarse en la vía directa, en términos del último párrafo del citado artículo 158, dichas violaciones procesales sólo podrían ser impugnadas en el amparo directo que al respecto se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio." Resulta aplicable igualmente la jurisprudencia 829, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 634, Tomo III, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, que dice: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto, en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Carta Magna y en los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo, con base en los razonamientos expresados con antelación. Bajo ese contexto, resulta evidente que este Juzgado carece legalmente de competencia para conocer de la demanda; razón por la cual, se declara INCOMPETENTE DE PLANO, y acorde con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la demarcación territorial sobre la cual ejercen su jurisdicción los Órganos del Poder Judicial de la Federación, remítase la demanda original con sus anexos y siete copias de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para los efectos del numeral 47 de la ley de la materia, solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente, en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto Fórmese el cuaderno de amparo con copia certificada de la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****de esta ciudad, como autorizados en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************, en virtud de que no proporcionó los datos necesarios a efecto de que este juzgado verifique si cuentan con cédula profesional registrada en dicho Sistema, sin perjuicio de que una vez que los aporte se acuerde la autorización en términos amplios.
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