Aurora Villagomez Aguilar

Expediente 942/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
942/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Aurora Villagomez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme el auto en mención.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta formulada por **********por propio derecho, contra actos del juez Único Menor Mixto en Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades por violaciones a los artículos 14 y 16, constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 942/2018-III. Ahora, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito de demanda, manifiesta como acto reclamado el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el cual, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil ***del índice del Juzgado responsable, se ordenó la celebración de la audiencia de remate en primera y pública almoneda del Lote asentamiento *** que se llevará a cabo el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, cuya postura legal es la cantidad relativa a las dos terceras partes de $***.00, que es el valor del inmueble según consta en el avalúo que obra en autos. En ese tenor, se estima que el quejoso puede agotar los medios legales que estime convenientes, conforme al Código de Comercio, que establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, en específico el recurso de revocación, de acuerdo a los numerales 1333 y 1334, de dicho código, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Dichos preceptos señalan lo siguiente: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso Dichos numerales otorgan al gobernado un medio de defensa ordinario, para que el Juez responsable revoque el acto reclamado y sus consecuencias. En tales condiciones, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Luego, si en el caso concreto el acto destacado como reclamado proviene de un tribunal judicial, la quejosa es parte demandada en la presente controversia y el Código de Comercio establece la posibilidad de impugnación de la providencia tildada de inconstitucional a través de los recursos que ahí se prevén, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, medio de defensa virtud al cual, la resolución judicial puede ser revocada sin que se actualice ninguna de las excepciones al principio de definitividad. En conclusión, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, aún agotado el medio de defensa referido se advierte que el juicio es igualmente improcedente en virtud, de que se actualiza la causal relativa prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados, además pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, como lo es la orden de escrituración o entrega de los bienes rematados y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada, al ser la primera audiencia de remate ordenada dentro del expediente mercantil de origen, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no se ordena la escrituración o entrega de los bienes rematados. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016, decima época, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, libro 29, abril de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107 fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, la que ordena la escrituración o entrega de los bienes embargados: lo que en el caso no ha sucedido. En ese sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de ser sujeto a análisis constitucional mediante la vía indirecta en este momento procesal, sino deberá ser controvertido, en su caso, cuando se promueva amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el procedimiento de remate; por tanto, la promovente del amparo no queda en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados La promovente señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ***de esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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