Aurora Guzmán Cruz
Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aurora Guzmán Cruz
- Juan Guzmán Cruz
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto por el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos.
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo signada *** y ****, por propio derecho, y en su dicho, también en representación de sus hermanos **, **, ** y **, todos de apellidos **, en contra de actos del juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 78/2021-III. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en la suspensión tanto provisional como definitiva, dictada dentro del juicio de amparo **, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, el cual la parte quejosa se lo atribuye al juez del procedimiento de origen, a saber, juez único de Partido Civil, con residencia en Moroleón, Guanajuato. Al respecto, la parte quejosa precisó como actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Es la suspensión provisional y definitiva otorgada a la C. ***, que me fue notificada el día 18 dieciocho de noviembre del año 2020 dos mil veinte, mediante acuerdo dictado por el C. Juez de Partido Único Civil de la ciudad de Moroleón, Guanajuato." Lo anterior, bajo la premisa de que con dicho acto se le impide ejecutar la sentencia dictada en su favor. Ahora bien, en lo que concierne a la descripción del acto reclamado y a los antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, de ellos se advierte que la parte quejosa desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte fue notificada de la suspensión tanto provisional como definitiva dictada en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, pues expuso: En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el cinco de febrero de dos mil veintiuno, y de la demanda de amparo y manifestaciones que bajo protesta de decir verdad plasmó la parte quejosa, se desprende que fue notificada del acto reclamado desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que los promoventes tenían la obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvieran conocimiento del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En efecto, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado y deben contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintitrés de noviembre de dos mil veinte para concluir el once de diciembre del mismo año, con exclusión de los días: Veintiocho y veintinueve de noviembre, así como el cinco y seis de diciembre de la citada anualidad, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Apoya lo anterior lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, novena época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 5, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin perjuicio de ello, esto es, aun cuando hubiese sido presentada la demanda en tiempo, de cualquier manera el juicio de amparo sería improcedente. Al efecto, se precisa que la parte quejosa atribuye el acto reclamado al juez del procedimiento de origen, a saber, juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato; sin embargo, él únicamente sirvió como emisario de una determinación dictada por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo *** -VI de su estadística y, en todo caso, ninguna de ambas determinaciones es impugnable en esta vía. En efecto, ni la resolución emitida por el homólogo federal, ni la que se dicta en cumplimiento de ésta y, por ende, paraliza la ejecución de la sentencia de origen, pueden ser impugnadas en esta instancia constitucional, tal como de forma clara lo establece el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y IX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que relaciona, debido a que no se proporcionaron mayores datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tal como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el citado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo signada *** y ****, por propio derecho, y en su dicho, también en representación de sus hermanos **, **, ** y **, todos de apellidos **, en contra de actos del juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 78/2021-III. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en la suspensión tanto provisional como definitiva, dictada dentro del juicio de amparo **, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, el cual la parte quejosa se lo atribuye al juez del procedimiento de origen, a saber, juez único de Partido Civil, con residencia en Moroleón, Guanajuato. Al respecto, la parte quejosa precisó como actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Es la suspensión provisional y definitiva otorgada a la C. ***, que me fue notificada el día 18 dieciocho de noviembre del año 2020 dos mil veinte, mediante acuerdo dictado por el C. Juez de Partido Único Civil de la ciudad de Moroleón, Guanajuato." Lo anterior, bajo la premisa de que con dicho acto se le impide ejecutar la sentencia dictada en su favor. Ahora bien, en lo que concierne a la descripción del acto reclamado y a los antecedentes, narrados bajo protesta de decir verdad, de ellos se advierte que la parte quejosa desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte fue notificada de la suspensión tanto provisional como definitiva dictada en el juicio de amparo *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, pues expuso: En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el cinco de febrero de dos mil veintiuno, y de la demanda de amparo y manifestaciones que bajo protesta de decir verdad plasmó la parte quejosa, se desprende que fue notificada del acto reclamado desde el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que los promoventes tenían la obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvieran conocimiento del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En efecto, el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto reclamado y deben contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintitrés de noviembre de dos mil veinte para concluir el once de diciembre del mismo año, con exclusión de los días: Veintiocho y veintinueve de noviembre, así como el cinco y seis de diciembre de la citada anualidad, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada hasta el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, debe considerarse que se presentó de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla dicho numeral; por lo que, resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Apoya lo anterior lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010, novena época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 5, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin perjuicio de ello, esto es, aun cuando hubiese sido presentada la demanda en tiempo, de cualquier manera el juicio de amparo sería improcedente. Al efecto, se precisa que la parte quejosa atribuye el acto reclamado al juez del procedimiento de origen, a saber, juez Único de Partido Civil de Moroleón, Guanajuato; sin embargo, él únicamente sirvió como emisario de una determinación dictada por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo *** -VI de su estadística y, en todo caso, ninguna de ambas determinaciones es impugnable en esta vía. En efecto, ni la resolución emitida por el homólogo federal, ni la que se dicta en cumplimiento de ésta y, por ende, paraliza la ejecución de la sentencia de origen, pueden ser impugnadas en esta instancia constitucional, tal como de forma clara lo establece el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y IX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que relaciona, debido a que no se proporcionaron mayores datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tal como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el citado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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