Arely Gómez Rico
Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Arely Gómez Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. SE ORDENA EL REENVIÓ DE LOS OFICIOS Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa devuelve los oficios 18569 y 18570, dirigidos al "TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DIRECTOR DE PROCESOS LEGALES B DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AMBOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.", por las razones que expone en el mismo. En mérito de lo anterior, se comisiona al encargado de la correspondencia oficial de este juzgado, para que reenvié los oficios en cita, a las autoridades y domicilios correctos, a fin de que queden debidamente notificadas, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-555/2023, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, se hace constar y certifica: Que el término de veinticuatro horas concedido a la parte quejosa en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de que exhibiera copia certificada completa del contrato relativo a la apertura de la cuenta 1522240772 ante la institución bancaria BBVA sucursal 5639 de Huetamo, Michoacán, esto es, de la totalidad del clausulado del mismo, transcurrió el once de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que se le notificó el aludido proveído al requirente constitucional el nueve de octubre del año actual, sin que éste lo hubiera hecho. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; y, en torno a la certificación secretarial antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, sin que la parte quejosa hubiera comparecido a exhibir copia certificada completa del contrato relativo a la apertura de la cuenta 1522240772 ante la institución bancaria BBVA sucursal 5639 de Huetamo, Michoacán, esto es, de la totalidad del clausulado del mismo; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que conforme a derecho proceda con las constancias que obran en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Secretario de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México por conducto del Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos. Director General de lo Contencioso en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales adscrito a la misma unidad, con sede en la Ciudad de México. Director y Subdirector Contenciosos de la Coordinación Jurídica de Procedimientos C en representación del Director General de Atención a Autoridades y del Coordinador de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México y Gerente de la Sucursal de Huetamo, correspondiente a la citada institución bancaria, por conducto de su apoderado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México y Gerente de la Sucursal de Huetamo, correspondiente a la citada institución bancaria, por conducto de su apoderado, pues en el caso no existe fin práctico para diferir la audiencia, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería igual. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales a su escrito de demanda, asimismo, ofreció la instrumental pública de actuaciones, presuncional legal y humana; así como la captura de pantalla remitida por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México y Gerente de la Sucursal de Huetamo, correspondiente a la citada institución bancaria, por conducto de su apoderado, en su informe de ley; medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 257/2023 y el Director General de lo Contencioso, en representación del Director de Procesos Penales Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el siete de junio del año actual; EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita así como del Director General de lo Contencioso, en representación del Director de Procesos Penales Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-555/2023, promovido por ********************, contra actos del Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de mayo del dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos precisados en su libelo constitucional. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5, 14, 16, 25, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, solicitó los informes justificados, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 49, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque, en la especie, se reclaman actos cuya ejecución podrían tener verificativo dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que los quejosos reclaman en la presente vía constitucional: La orden verbal o escrita de embargo e inmovilización de la cuenta bancaria ******************** de la Institución Bancaria BBVA MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables siguientes: Secretario de Hacienda y Crédito Público con sede en la Ciudad de México por conducto del Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos. Director General de lo Contencioso en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Director de Procesos Legales B de la Dirección General de Procesos Legales adscrito a la misma unidad, con sede en la Ciudad de México. Director y Subdirector Contenciosos de la Coordinación Jurídica de Procedimientos C en representación del Director General de Atención a Autoridades y del Coordinador de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México y Gerente de la Sucursal de Huetamo, correspondiente a la citada institución bancaria, por conducto de su apoderado. Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Con esas bases, toda vez que se dio vista a la parte peticionaria del amparo con el sentido de dichos informes y ésta a su vez fue omisa en alegar al respecto o bien ofrecer medio de prueba para desvirtuar tales negativas, lo conducente es tener como inexistentes los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Ello, pues en el caso debió de demostrarse que contrario a lo narrado por las responsables, se encontraba vigente alguna afectación a los derechos fundamentales que aluden violentados los solicitantes del amparo. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Sin soslayarse, que con base al informe justificado rendido por (1) BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México; y, (2) Gerente de la Sucursal de Huetamo de la citada institución bancaria, por conducto de su apoderado, informaron que no existía como tal la orden verbal o escrita de embargo e inmovilización de la cuenta bancaria ********************, por advertirse así de la captura de pantalla en la que obra la leyenda "SALDO DISPONIBLE", la cual remitieron junto con el informe de ley. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Al margen de lo anterior, respecto de las autoridades responsables (1) BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México; y, (2) Gerente de la Sucursal de Huetamo de la citada institución bancaria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no pueden considerarse como un particular equiparado a autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. Es así porque en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Novena época, del Apéndice del 2000, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la jurisprudencia, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Ahora, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo vigente, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establecen en la tesis jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) Que no todos los hechos que el particular estime contrarios a sus intereses son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y, b) Que no todos aquellos actos que el órgano del Estado realice, tendrán la naturaleza de un acto de autoridad, sino sólo aquellos que involucran actuación o abstención frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para que un acto de particular sea combatible en el juicio de amparo, por ser equivalente al de una autoridad, debe cumplirse un estándar de dos pasos: 1) Un nexo: debe acreditarse que la autoridad pública, a través de alguna norma jurídica, hubiera otorgado al particular los medios para posicionarse en forma diferenciada para generar un acto violatorio de derechos humanos; y, 2) Constatación de la función pública; aquí se verifica la materialidad de la facultad, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, virtud a que: su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal; o, la función corresponde tradicionalmente a la autoridad, la que la delega al particular para ejercerla; o, La acción se vincula a obligaciones que se relacionan a imposiciones a cargo del Estado, sobre derechos sociales. Apoya lo expuesto la tesis de rubro y contenido siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021955 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XXI/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3041 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo. Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública". En ese contexto, debe decirse que, en la especie los actos reclamados en esta instancia constitucional a (1) BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México; y, (2) Gerente de la Sucursal de Huetamo de la citada institución bancaria, no tienen la naturaleza de un acto de autoridad que haga procedente el juicio de amparo en su contra. Ello en virtud de que, no obstante que la parte quejosa lo considere contrario a su interés, no puede considerarse como tal, en razón a que en primer lugar, tal acto no implica que exista una relación jurídica que corresponda a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), específicamente con fuente normativa, toda vez que, en tal hipótesis, las autoridades pertenecientes a BBVA México, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero BBVA México, no actúan como autoridades dotadas de imperio propio, con base en la Ley, sino como entes de derecho privado. Es decir, como particular que actúa por efecto de las obligaciones contraídas en el mismo nivel que la aquí parte quejosa (relación de coordinación), lo cual conduce a concluir que ese acto, por cuanto no involucra la actuación o abstención de un órgano del Estado, frente a un gobernado en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son además de la unilateralidad, también la imperatividad y coercibilidad, entonces, no constituye un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada número XV.5º. 3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página número 1500, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo.". Al respecto, no pasa inadvertido que, generalmente, la apertura de las cuentas bancarias o de otros productos financieros, se realiza a través de la celebración de contratos de adhesión, donde las instituciones bancarias formulan e imponen el clausulado respectivo, y la voluntad del usuario se reduce a aceptar o a rechazar esos términos y condiciones, sin posibilidad de negociar su contenido; lo que lleva a considerar que la facultad de los bancos de cancelar o restringir la operación de las cuentas bancarias o de retener los fondos correspondientes, no se trata de una prerrogativa que necesariamente sea negociada por el usuario, si no que seguramente se le impone como parte de las cláusulas del contrato de adhesión. Bajo esa óptica, el hecho de que las instituciones financieras puedan cancelar una cuenta bancaria; suspender depósitos o bloquear transferencias con base en el contrato respectivo, el que, por regla general, se trata de un contrato de adhesión; no significa que dichas instituciones actúen como autoridad para efectos del juicio de amparo. Más aún que, finalmente, es el particular el que decide con quien celebrar el contrato bancario y en la modalidad que más le convenga. Ahora bien, debe señalarse que la relación jurídica que existe entre la parte quejosa y las autoridades pertenecientes la institución bancaria en comento, derivó del contrato de prestación de servicios financieros conocido como: "Contrato Multinivel BBVA N°. del Registro del Contrato de adhesión en Condusef: ********************". En ese tenor, no obstante que el quejoso alegue en el presente asunto actos de molestia atribuidos a (1) BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México; y, (2) Gerente de la Sucursal de Huetamo de la citada institución bancaria, no son autoridades responsables para los efectos de este juicio de amparo, debido a que los actos no son de supra a subordinación, pues en el caso, son particulares que no actúan unilateralmente, sino que su interactuación con la moral quejosa lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad, basada en la relación contractual que tiene con la parte quejosa, como particulares y no en cumplimiento de una disposición legal, lo que aún de resultar contrario a lo que contrataron, sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. Las anteriores consideraciones tienen respaldo en la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del amparo en revisión 190/2022, del que derivó la tesis 65, de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2026616, de rubro y texto: "BLOQUEO O RESTRICCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA LO REALIZA CON BASE EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE CELEBRÓ CON EL USUARIO. Hechos: Una institución financiera realizó el bloqueo de fondos en una cuenta bancaria porque consideró que se realizó una operación probablemente fraudulenta. La persona usuaria promovió juicio de amparo indirecto contra dicha restricción, donde señaló como autoridad responsable a la institución bancaria. La persona juzgadora de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, pues estimó que el banco excedió el plazo para resolver lo conducente; contra esa decisión la institución financiera interpuso recurso de revisión donde, esencialmente, hizo valer la improcedencia del juicio de amparo, sobre la base de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un banco bloquea o restringe una cuenta bancaria con base en las cláusulas del contrato que celebró con la persona usuaria, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el estándar para determinar cuándo un acto de particular puede ser considerado como de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consistente en corroborar: 1) la existencia de un nexo entre la prerrogativa con base en la cual actúa el particular, y una fuente de autoridad de carácter estatal, donde la autoridad pública haya otorgado al particular los medios para posicionarlo en una situación diferenciada; y, 2) la constatación de la función pública, lo que implicará evaluar si la prerrogativa del particular reviste un interés público diferenciado, es decir, si tiene beneficios asociados a los de una autoridad pública, o bien, actúa delegadamente. Bajo ese contexto, cuando un banco bloquea o restringe la cuenta bancaria de una persona usuaria con base en el contrato respectivo, no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque aunque dicho acto tiene fundamento en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es de orden público, lo cierto es que en términos de ese precepto, el bloqueo o la restricción de cuentas está sujeto a que las partes convengan en el contrato respectivo que el banco podrá actuar en esos términos; de lo que se sigue que no se trata de una obligación unilateral para el banco donde actúe como un brazo o extensión del Estado, sino que constituye una prerrogativa sujeta a la voluntad de las partes ya que, de lo contrario, la norma no hubiera establecido esa restricción o bloqueo como una posibilidad sujeta al acuerdo de los contratantes, sino como una obligación al margen de la voluntad de éstos. No es obstáculo a esa conclusión que los productos bancarios generalmente se adquieran a través de la celebración de contratos de adhesión, en los que el usuario se ubica en una posición inferior y en los que su voluntad se limita a aceptar o rechazar los términos propuestos, pero no a negociar su contenido; sin embargo, aun ante esa hipótesis, no se considera que el bloqueo de cuentas con base en el contrato respectivo constituya un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque no se observa un nexo entre la prerrogativa del banco de actuar en esos términos y una función de carácter estatal; aunado a que, de considerar lo contrario, se llegaría al extremo de que todos los contratos de adhesión colocarían a uno de sus contratantes como autoridad, lo que iría más allá de la finalidad que tuvo el Poder Reformador de la Constitución de revisar en amparo, excepcionalmente, algunos actos de autoridad que resultaran violatorios de derechos humanos. Esta conclusión no impide que los usuarios que se vean afectados por la restricción o bloqueo de sus cuentas bancarias puedan acudir ante la jurisdicción ordinaria a fin de que se resuelva lo conducente, así como tampoco permite a las instituciones financieras actuar al margen de las disposiciones legales o contractuales, debido a que, en caso de retener indebidamente los fondos de una persona usuaria más allá del plazo establecido en la ley o de manera indefinida, la institución bancaria deberá pagar intereses moratorios a favor de la persona usuaria". Asimismo, es aplicable de manera analógica jurídica sustancial la tesis I.9o.C.18 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2017684, del siguiente rubro y texto: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." Así, resulta claro que la (1) BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca MÚLTIPLE, Grupo Financiero BBVA Bancomer, con sede en la Ciudad de México; y, (2) Gerente de la Sucursal de Huetamo de la citada institución bancaria, y la parte quejosa, se encuentran en un plano de igualdad ante la ley y, por ende, su relación es de coordinación. Al respecto es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 55, Volumen 121-126, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "BANCOS. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD, PARA EL JUICIO DE AMPARO. El ir a comprar moneda extranjera a un banco y que niegue esta institución bancaria la venta de la mencionada moneda al precio que el comprador fija, en manera alguna puede considerarse que la citada transacción comercial deba considerarse como primer acto de aplicación de la Ley Monetaria, puesto que la compraventa se realiza entre dos particulares; y el que el banco, a través de sus funcionarios, haya dicho al ahora quejoso que el valor de la moneda para su compra y venta era diverso del que pretendía dicho quejoso, por existir nuevos precios basados en circulares que a los diversos bancos giró el Banco de México, S.A., en manera alguna pueda considerarse, como se dijo, como primer acto de aplicación de las leyes, puesto que el banco, aunque es una institución de crédito, con concesión federal para operar en materia bancaria, en sus operaciones de compraventa e moneda extranjera no tiene el carácter de autoridad, ni siquiera el de auxiliar de alguna autoridad, ni aun en el supuesto de que en dichas operaciones la mencionada institución se funde en las leyes impugnadas de inconstitucionales por el quejoso en el amparo." Finalmente, no se soslaya que la representante social formuló alegatos al igual que el Director General de lo Contencioso, en representación del Director de Procesos Penales Legales B de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinticuatro de octubre del presente año, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. SIN MAYOR PROVEER Agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, sin que haya lugar a mayor proveer, toda vez que el siete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental, donde se resolvió la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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