Anuar Salvador García Gutiérrez y Otros.
Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anuar Salvador García Gutiérrez
- Alejandro Castro Navarro
- Anuar Salvador García Gutiérrez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de doce de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************y ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable adjuntó a su informe, sin que sea necesario el acuse respectivo al tratarse de un asunto concluido. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 592/2020-X, promovido por Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, por su propio derecho, contra actos del: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad responsable que precisaron en los siguientes términos: "(.) AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Fiscal Adscrito a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio conocido Periférico Independencia #5000, Sentimientos de la Nación, 58170, Morelia, Michoacán. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable, reclamo la infundada e improcedente medida de apremio decretada el día 28 de agosto del 2020, dentro de la carpeta de investigación 26570/UATP/JQ/2018, en contra de los que suscribimos, misma que fue notificada el día 01 de septiembre del 2020. (.)." Acto que los promoventes del amparo consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, fue celebrada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 20/2021 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: El medio de apremio consistente en una amonestación impuesto por la responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en proveído pronunciado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta de investigación número 1010201839187, formada con motivo de la denuncia presentada por Israel Castro Núñez, el dos de octubre de dos mil dieciocho, en contra de la moral denominada "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE" S.A.B. de C.V., representada por los ahora quejosos Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copia fotostática debidamente certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación número 1010201839187, formada con motivo de la denuncia presentada por Israel Castro Núñez, el dos de octubre de dos mil dieciocho, en contra de la moral denominada "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE" S.A.B. de C.V., representada por los ahora quejosos Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, del índice de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en el que obra el auto pronunciado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, que la referida autoridad responsable acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu; lo anterior, toda vez que el acto reclamado -amonestación de los quejosos- no es de aquéllos que causen un perjuicio de imposible reparación, ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de aquellos. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación a ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no trastocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dicen: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que el acto reclamado no tiene de momento sobre la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, los promoventes de la acción constitucional señalaron bajo protesta de decir verdad a manera de antecedentes, que: Dentro de la carpeta de investigación número número 1010201839187, formada con motivo de la denuncia presentada por Israel Castro Núñez, el dos de octubre de dos mil dieciocho, en contra de la moral denominada "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE" S.A.B. de C.V., representada por los ahora quejosos Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, con fecha 20 de agosto de 2020, se les notificó un requerimiento por parte de la autoridad responsable, con el fin de que dentro del término de setenta y dos horas, contado a prtir de la recepción de tal requerimiento, exhibieran de manera conjunta o indistinta, el testimonio notarial y/o acta constitutiva ante Notario Público que demuestre o acredite la relación que tiene la empresa "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A. de C.V.", con la empresa "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S. de R.L. de C.V.", asimismo, con la empresa "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. de C.V.", bajo el apercibimiento que de no acreditarlo, no se les reconocería la personalidad para representar a la empresa "RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S. de R.L. de C.V.", y además se les impondría una multa de manera conjunta por el equivalente a ochocientas unidades de medida y actualización a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional) por unidad, lo que en su resultado daría la cantidad de $69,504.00 (sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos moneda nacional); ello, al realizar un incumplimiento a una determinación y que deberían pagar de manera solidaria. Que el cumplimiento realizado por los ahora quejosos al requerimiento formulado por la responsable, fue realizado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, a través del correo electrónico, especificando debidamente lo requerido por la ahora responsable. Que no obstante lo anterior, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, emitió un acuerdo en el que en lo que aquí interesa señaló: "Morelia, Michoacán, a 28 veintiocho de agosto del 2020 dos mil veinte. (.) PRIMERO.- Se tiene por cumplido el requerimiento de forma parcial que esta Autoridad le realizó a los apoderados legales de la persona moral RED CARRETERA DE OCCIDENTE S.A.B. de C.V., toda vez que mediante oficio de fecha 25 de agosto del presente año, aportaron la documentación solicitada, con los que se establece la modificación que ha sufrido la persona moral en mención, sin embargo, al no haberse realizado en el término conferido, es que se les amonesta a los Lics. Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, de conformidad en la fracción I inciso a del artículo 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en lo sucesivo den cumplimiento a los requerimientos en los términos impuestos. (.)." Manifestaciones que se traducen en una confesión merecedora de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°. Sin embargo, lo cierto es que el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, del que se duelen los quejosos, no actualiza por sí solo una afectación a derechos sustantivos, en la medida que la amonestación realizada por la responsable a los quejosos en este asunto, se traduce únicamente en una especie de alerta preventiva emitida por el fiscal investigador dentro del procedimiento penal, a fin de que en lo subsecuente, no se reitere la conducta que se consideró contraria a la norma, procedimiento o como en el caso, al requerimiento que les fue realizado. Ello es una especie de llamada de atención que en modo alguno implica afectación real, directa y vigente en la esfera de derechos de los quejosos, en los términos exigidos por el principio de agravio personal y directo. Menos aún la parte que representan dentro de la carpeta de investigación donde fue dictado el acuerdo que constituye el acto reclamado. Esto es, el acto reclamado no es de aquéllos que causen un perjuicio de imposible reparación, ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, en la medida que no afecta en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, solo por citar algunos. Es de esa forma, porque en el auto que constituye la materia del reclamo en esta instancia de control constitucional, solo se amonesta a los ahora quejosos Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, de que en lo futuro cumplan con los requerimientos que la autoridad responsable les formule, lo que, en todo caso, depende de la conducta que asuman los quejosos en el acatamiento de los requerimientos que se les hagan. Sin que se les imponga medida de apremio alguna que pueda afectar su esfera jurídica. De ahí que, la única consecuencia de tal apercibimiento es conminarlos al cumplimiento de los futuros requerimientos que le sean realizados por la autoridad ministerial; por tanto, se concluye que en ese aspecto, no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. En ese contexto, al no desprenderse mayores elementos del análisis integral del escrito inicial de demanda, es evidente que en el presente juicio no existe una afectación exigible para instar la acción de amparo. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. A lo anterior resulta aplicable el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CORRECCIONES DISCIPLINARIAS, AMPARO TRATÁNDOSE DE. Si el acto reclamado se hace consistir en la cita librada al quejoso por la autoridad responsable, para que comparezca al juzgado, a fin de que se le imponga una corrección disciplinaria, consistente en una amonestación, debe decirse que el simple envío de la cita de referencia, para los efectos indicados, no afecta los intereses jurídicos del quejoso, puesto que toda persona está obligada a comparecer ante la autoridad, cuantas veces fuere requerida para ello, y por tanto, el juicio de garantías adolece de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, por su propio derecho, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy doce de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación levantada por la secretaria de la adscripción de los que se desprende que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, misma que fue celebrada por el licenciado Leonel López Pérez, quien hasta el treinta de noviembre de la presente anualidad, desempeñaba funciones de Juez de Distrito a cargo de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Así como que a la fecha no se ha emitido el fallo relativo. Sin embargo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancia anterior que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes y previa formación del cuadernillo correspondiente, en estricta observancia al criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 119/2020, que en lo conducente dice: "(.) Por lo tanto, a juicio de esta Segunda Sala sí se debe notificar a las partes del cambio de titular del órgano jurisdiccional que dictará el fallo respectivo. Razonar en otro sentido implica hacer, por un lado, caso omiso a lo señalado por el artículo 70, en el sentido de que las partes pueden formular el impedimento correspondiente y, por el otro, implica hacer nugatorio el derecho de las partes a formular un impedimento respecto de un Juez determinado pues, de no notificarles el cambio de titular, las partes sólo conocerán quién dictó la sentencia o resolución, una vez que conozcan su contenido, y esté firmada por el nuevo titular y autorizada por el secretario, llevándose la incorrecta creencia, por la falta de la notificación correspondiente del cambio de titular, pues ellos estimarán que es el mismo que dictó los acuerdos previos a la sentencia o resolución. (.)" Anterior criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓ PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 119/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, actualmente Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito. 23 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos mil diez." Misma que al no ser adversa al texto actual de la Ley de Amparo vigente, resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 217 y SEXTO transitorio de dicho ordenamiento. DICTADO DE LA RESOLUCIÓN Por lo expuesto, una vez notificadas las partes del contenido del presente acuerdo, procédase al dictado de la resolución correspondiente. Notifíquese por lista a la parte quejosa y de ser el caso a la tercero interesada y, por oficio a la autoridad responsable de conformidad con el artículo 26, fracciones II y III de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal n, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo X-592/2020 promovido por Anuar Salvador García Gutiérrez y Alejandro Castro Navarro, contra actos del Fiscal Adscrito a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado Israel Castro Núñez, quien se encuentra debidamente emplazado en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretaria, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro de la carpeta de investigación 1010201839187, expediente 26570/UATP/JIQ/2018, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente realizó lo conducente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a través de su pedimento 417/2020. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.
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