Antonio Perez Sanchez
Expediente 1001/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Perez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. I. DEFENSOR INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Visto, agréguese a los autos el escrito de expresión de agravios firmado -electrónicamente- por José Antonio García Paredes, Defensor Público del demandante constitucional Antonio Pérez Sánchez, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo 1001/2021, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. II. SE AGREGA DESPACHO DILIGENCIADO. Visto, agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 542/2021 (orden 713/2021), del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, notificó al aquí quejoso Antonio Pérez Sánchez, el proveído dictado el doce de los referidos mes y año, dictado en el controvertido constitucional en que se actúa; por lo que se tiene por hecha la diligencia encomendada. Dese de baja el despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE; Y, CÚMPLASE...
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San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Visto, agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado el escrito firmado -electrónicamente- por José Antonio García Paredes, Defensor Público del demandante constitucional Antonio Pérez Sánchez, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento preventivo formulado por este órgano de control constitucional en auto de quince de octubre, pues al efecto, precisa los actos que reclama en esta vía; consecuentemente, se provee: DESECHAMIENTO. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el promovente acude a esta instancia judicial, a reclamar de 1. Bet Nirma Pérez Hernández, Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dentro del incidente de ejecución 117/2020/JESI, de su estadística, en el cual le dio contestación al escrito presentado ante dicha autoridad el doce de los referidos mes y año, por el cual le solicitó acceder al beneficio del descuento del 20% de la pena por pago de la reparación del daño; misma que le fue notificada el diez de septiembre del año en curso. En la especie, el suscrito Juzgador Federal advierte que respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado a 1. Bet Nirma Pérez Hernández, Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, en la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dentro del incidente de ejecución 117/2020/JESI, de su estadística, en el cual le dio contestación al escrito presentado ante dicha autoridad el doce de los referidos mes y año, por el cual le solicitó acceder al beneficio del descuento del 20% de la pena por pago de la reparación del daño; misma que le fue notificada el diez de septiembre del año en curso; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la resolución que por esta vía combate. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente y su defensor público manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que el aquí demandante constitucional fue notificado del acto que por esta vía reclama el diez de septiembre de dos mil veintiuno, manifestación que constituye una confesión expresa, con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, tiene eficacia para demostrar que la parte quejosa conoció de los actos reclamados, en la fecha indicada. Entonces, si el demandante constitucional, como se adelantó, fue notificado del acto tildado de inconstitucional, el diez de septiembre de dos mil veintiuno; el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente en que surtió efectos la misma, esto es, surtió efectos el trece de septiembre del actual y el referido plazo transcurrió del diecisiete de septiembre al siete de octubre del año en curso, sin contar sábados y domingos, así como catorce y dieciséis de septiembre, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; de igual forma el quince del mismo mes por ser inhábil de conformidad con la circular 9/2021, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA DESPACHO. Toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí promovente Antonio Pérez Sánchez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1001/2021; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; así como el diverso de veintiséis de octubre del actual; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto y del diverso de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Actuario Judicial adscrito encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, en virtud de que José Antonio García Paredes, Defensor Público del demandante constitucional Antonio Pérez Sánchez solicitó la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "defensoriapuebla", a nombre de José Antonio García Paredes, se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior implique que las notificaciones de las resoluciones judiciales que se dicten en el presente controvertido constitucional se realicen vía electrónica, toda vez que no fue solicitado expresamente por el demandante constitucional; sin perjuicio de que una vez que lo inste, se acordará lo que en derecho corresponda respecto de dicha solicitud. Signifíquese a la parte promovente que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE -VÍA DESPACHO- A LA PARTE PROMOVENTE, A SU DEFENSOR PÚBLICO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS; ASÍ COMO AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO A ESTE JUZGADO -POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA-.
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO ASIGNADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 28 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a las presentes actuaciones el escrito signado por el promovente Antonio Pérez Sánchez, y en atención al contenido del mismo, téngase al ocursante pretendiendo desahogar el requerimiento formulado por este órgano de control constitucional en proveído de quince de octubre pasado; sin embargo, no ha lugar a tener por desahogada la prevención. Se explica: En la referida determinación de quince del mes y año en curso, se previno al demandante constitucional para los siguientes efectos: "(.) PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, precise el acto que combate en el presente sumario constitucional. Esto es, si reclama como acto destacado la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de agosto de dos mil veintiuno, ello es así, en virtud de que anexó a su escrito inicial de demanda, el acuse de la notificación que recayó al ocurso que aduce no se le ha contestado. SEGUNDO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha del auto o resolución en la que le fue aplicado de manera ultractiva (sic), del artículo 540 del derogado Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, así como la data en que tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado. (.) TERCERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su deseo reclamar en la presente instancia constitucional, la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente de ejecución 117/2020/JESI, del índice de la responsable, así como la data en que tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado. (.)" Y, de un análisis integral del libelo de cuenta, se colige que, medularmente, Antonio Pérez Sánchez, reclama lo siguiente: i) La omisión por parte de la Jueza de Ejecución responsable de no asignarle número de incidente a su escrito presentado ante la referida autoridad el doce de agosto del actual; ii) El acuerdo emitido por la Jueza de Ejecución Bet Nirma Pérez Hernández, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno; y, iii) El archivo del incidente 117/2020/JESI, desde el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. De lo anterior se aprecia, que el demandante constitucional no dio cabal cumplimiento al acuerdo preventivo, pues no se ciñó a los requerimientos formulados en el mismo. En tal sentido, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo, garantizar sus derechos humanos de acceso a la justicia y a una defensa adecuada, y crear certeza jurídica; con copia autorizada del escrito de cuenta, córrase traslado a José Antonio Paredes García, defensor público del quejoso Antonio Pérez Sánchez, y con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si hace suyo el escrito registrado con folio 19256, o en su caso, desahogue en sus términos, la prevención formulada por este órgano de control constitucional en proveído de quince de octubre pasado. Haciéndole de su conocimiento que la referida prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas en el multicitado acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos; esto es, que de no dar cumplimiento a la prevención en los términos apuntados y en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el promovente, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Finalmente, resérvese la notificación del presente proveído a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, hasta en tanto el defensor público desahogue el requerimiento formulado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente a José Antonio Paredes García, defensor público del quejoso Antonio Pérez Sánchez -corriéndole traslado con copia autorizada del escrito de cuenta-..."
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL DEFENSOR PÚBLICO ASIGNADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 15 Y 26, AMBOS DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021; -Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; - Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el catorce de octubre de dos mil veintiuno mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1001/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, precise el acto que combate en el presente sumario constitucional. Esto es, si reclama como acto destacado la omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de agosto de dos mil veintiuno, ello es así, en virtud de que anexó a su escrito inicial de demanda, el acuse de la notificación que recayó al ocurso que aduce no se le ha contestado. SEGUNDO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la fecha del auto o resolución en la que le fue aplicado de manera ultractiva (sic), del artículo 540 del derogado Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, así como la data en que tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente de amparo, fue omiso al indicar tales tópicos Por tanto, el aquí promovente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, precisar la fecha de dicho auto o resolución, así como la data en que tuvo conocimiento del mismo, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para el promovente, sus abogados autorizados o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. La anterior cuestión, resulta indispensable aclarar para proveer conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. TERCERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su deseo reclamar en la presente instancia constitucional, la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del incidente de ejecución 117/2020/JESI, del índice de la responsable, así como la data en que tuvo conocimiento del mismo o le fue notificado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. AUTORIZADOS. Se hace constar que la parte quejosa no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombra como representante del quejoso Antonio Pérez Sánchez, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase a la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro de los tres días siguientes a que sea notificada de este auto, designe un defensor público que asesore jurídicamente a la parte quejosa en esta instancia, quien deberá ser notificado por su conducto (y le deberá entregar copia autorizada de la demanda de amparo), para aceptar y protestar el cargo conferido, mediante diligencia que se llevará a cabo por videoconferencia, a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Por lo que el referido defensor se deberá comunicar dentro del mismo término concedido, al teléfono particular del secretario encargado de este asunto Rafael Torres Campos, 222 521 6779, debiendo mostrar en ese acto una identificación oficial y vigente para acreditar su identidad. En la inteligencia que, de no realizar dicho contacto tecnológico, se certificará tal omisión y se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sustenta lo la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA DESPACHO. Toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí promovente Antonio Pérez Sánchez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1001/2021; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Actuario Judicial adscrito encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente electrónico, en el entendido que la integración del expediente físico se realizará hasta que se reanuden las labores presenciales de este juzgado. Notifíquese personalmente vía despacho a la parte quejosa; y, por oficio a la Titular de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla..." y "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. I. SE AGREGA DESPACHO DILIGENCIADO. Visto, agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 495/2021 (orden 653/2021), del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que el diecinueve de octubre del actual, notificó al aquí quejoso Antonio Pérez Sánchez, el proveído dictado el quince de los referidos mes y año, dictado en el controvertido constitucional en que se actúa; por lo que se tiene por hecha la diligencia encomendada. Dese de baja el despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. DEFENSOR PROTESTA CARGO. Vista, intégrese a los autos, la comparecencia de veinticinco de octubre del actual, mediante la cual José Antonio García Paredes, acepta y protesta el cargo de defensor público del quejoso Antonio Pérez Sánchez, para asistirlo jurídicamente en este asunto; en consecuencia, se tiene por conferido dicho cargo, para los efectos legales procedentes. En tales condiciones, se ordena notificar al citado profesionista el auto dictado por este órgano de control constitucional el quince de octubre del actual, debiéndole correr traslado con copia autorizada del mismo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A JOSÉ ANTONIO GARCÍA PAREDES, DEFENSOR PÚBLICO DEL QUEJOSO ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ -EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL PRESENTE AUTO-..."
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