Antonio Olea Gonzalez
Expediente 1084/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Olea Gonzalez
- ANTONIO OLEA GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 286 a 288), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Director General Consultivo, y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en las copias certificadas de la averiguación previa 1393/2015/SNMAR de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve Intégrese a sus autos el escrito signado por los quejosos Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, por medio del cual solicitan se devuelvan las actuaciones que integran la averiguación previa 1393/2015/SNMAR a la autoridad responsable para la continuación de la investigación; en atención a lo anterior, dígaseles que en autos no obran las constancias originales de dicha indagatoria, puesto que el Titular de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, mediante oficio 1177/2018, sólo remitió copia certificada y no el expediente original; por tanto, las constancias certificadas se devolverán una vez que trascurra el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo Por otra parte, téngase como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Ubaldo Galicia Zenteno, pues se constató que cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública Y, atendiendo a su petición en el sentido de autorizar para hacer uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha solicitud, bajo las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad Cobran aplicación las siguientes tesis REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a los quejosos y tercero interesado, mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la ejecutoria de amparo; sin que hayan desahogado la referida vista. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. Por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 83 a 98), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. Inconforme con dicho fallo, el tercero interesado Miguel Oswaldo Pozos Muñoz interpuso recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca R-45/2019 de su índice. Mediante ejecutoria de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 205 a 240), dictada por el tribunal de alzada, se confirmó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos indicados en la sentencia recurrida; esto es: "(.) Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa 1393/2015/SNMAR, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por los solicitantes del amparo Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el que se determinó el no ejercicio de la acción penal en esa pesquisa. 2) Dicte otra resolución, en la que conforme a lo aquí considerado, declare fundado tal recurso de inconformidad, no autorice el inejercicio de la acción penal, y ordene al Agente del Ministerio Público investigador, que previa determinación que emita respecto del ejercicio de la acción penal, lleve a cabo las diligencias necesarias para lograr el desahogo de la prueba pericial citada en el cuerpo de esta resolución, así como que dicho representante social dé cumplimiento a lo ordenado en su resolución de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, cite a los quejosos para que manifiesten si tienen mayores pruebas que ofrecer, así como ordene la práctica de medios de convicción que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados. " (Fojas 97 vuelta y 98). Por ello, en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y a su superior jerárquico (fojas 241 a 243). Así, por oficio 1420/2019/DGJCYAL de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 255 y 256), el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, envió a este juzgado la resolución que emitió en esa misma fecha en la averiguación previa 1393/2015/SNMAR de su índice (fojas 258 a 268); pero como no envió la constancia de notificación a los quejosos de esa resolución, en acuerdo de seis de mayo del año que cursa (foja 269), se requirió a dicha autoridad responsable para que remitiera la constancia respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 1527/2019/DGJCYAL de nueve de mayo pasado (foja 272), la autoridad de mérito remitió la constancia de notificación respectiva (fojas 273 a 279). Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizó lo siguiente: I) Dejó insubsistente la determinación de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa 1393/2015/SNMAR, relativa al recurso de inconformidad interpuesto por los peticionario de amparo Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en esa indagatoria (foja 258); II) En su lugar, dictó una nueva en la que: -Declaró procedente el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho; y no autorizó el inejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de falsificación de documentos en general. - Ordenó al agente del Ministerio Público investigador, practique todas y cada una de las diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito que se trata y la probable responsabilidad del indiciado, razón por la cual, dicha autoridad sugirió la práctica de las siguientes diligencias: 1. Girar oficio a la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, para que Fabiola Gómez Flores, perito en materias de documentoscopía y grafoscopía, se constituya a las oficinas que ocupa el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla para que le sea permitido tener a la vista el pagaré de fecha ocho de mayo de dos mil trece, firmado por Antonio Olea González, en su carácter de deudor y Concepción Sandoval Cedeño, como aval, en favor de Miguel Oswaldo Pozos Muñoz, documento mercantil, relativo al expediente número 543/2015, a fin de que la experta proceda a fijar fotográficamente el documento (pagaré), y realice el estudio solicitado. 2. Citar a los quejosos Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, para que manifiesten si tienen otras pruebas que aportar. 3. Citar a Miguel Oswaldo Pozos Muñoz, para que manifieste si tiene otros elementos de prueba que aportar. 4. Las demás que se desprendan de las anteriores y que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
(SE PUBLICA AVISO) Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa lo actuado el 23 de mayo de 2019, que dice: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a los quejosos y tercero interesado, mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la ejecutoria de amparo; sin que hayan desahogado la referida vista. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos. Por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 83 a 98), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa. Inconforme con dicho fallo, el tercero interesado Miguel Oswaldo Pozos Muñoz interpuso recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca R-45/2019 de su índice. Mediante ejecutoria de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 205 a 240), dictada por el tribunal de alzada, se confirmó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos indicados en la sentencia recurrida; esto es: "(.) Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la determinación de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa 1393/2015/SNMAR, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por los solicitantes del amparo Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el que se determinó el no ejercicio de la acción penal en esa pesquisa. 2) Dicte otra resolución, en la que conforme a lo aquí considerado, declare fundado tal recurso de inconformidad, no autorice el inejercicio de la acción penal, y ordene al Agente del Ministerio Público investigador, que previa determinación que emita respecto del ejercicio de la acción penal, lleve a cabo las diligencias necesarias para lograr el desahogo de la prueba pericial citada en el cuerpo de esta resolución, así como que dicho representante social dé cumplimiento a lo ordenado en su resolución de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, cite a los quejosos para que manifiesten si tienen mayores pruebas que ofrecer, así como ordene la práctica de medios de convicción que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados. " (Fojas 97 vuelta y 98). Por ello, en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento al Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y a su superior jerárquico (fojas 241 a 243). Así, por oficio 1420/2019/DGJCYAL de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 255 y 256), el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, envió a este juzgado la resolución que emitió en esa misma fecha en la averiguación previa 1393/2015/SNMAR de su índice (fojas 258 a 268); pero como no envió la constancia de notificación a los quejosos de esa resolución, en acuerdo de seis de mayo del año que cursa (foja 269), se requirió a dicha autoridad responsable para que remitiera la constancia respectiva. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 1527/2019/DGJCYAL de nueve de mayo pasado (foja 272), la autoridad de mérito remitió la constancia de notificación respectiva (fojas 273 a 279). Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizó lo siguiente: I) Dejó insubsistente la determinación de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro de la averiguación previa 1393/2015/SNMAR, relativa al recurso de inconformidad interpuesto por los peticionario de amparo Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en esa indagatoria (foja 258); II) En su lugar, dictó una nueva en la que: -Declaró procedente el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, en contra de la determinación de veintisiete de junio de dos mil dieciocho; y no autorizó el inejercicio de la acción penal por atipicidad del delito de falsificación de documentos en general. - Ordenó al agente del Ministerio Público investigador, practique todas y cada una de las diligencias tendentes a acreditar el cuerpo del delito que se trata y la probable responsabilidad del indiciado, razón por la cual, dicha autoridad sugirió la práctica de las siguientes diligencias: 1. Girar oficio a la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, para que Fabiola Gómez Flores, perito en materias de documentoscopía y grafoscopía, se constituya a las oficinas que ocupa el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla para que le sea permitido tener a la vista el pagaré de fecha ocho de mayo de dos mil trece, firmado por Antonio Olea González, en su carácter de deudor y Concepción Sandoval Cedeño, como aval, en favor de Miguel Oswaldo Pozos Muñoz, documento mercantil, relativo al expediente número 543/2015, a fin de que la experta proceda a fijar fotográficamente el documento (pagaré), y realice el estudio solicitado. 2. Citar a los quejosos Antonio Olea González y Concepción Sandoval Cedeño, para que manifiesten si tienen otras pruebas que aportar. 3. Citar a Miguel Oswaldo Pozos Muñoz, para que manifieste si tiene otros elementos de prueba que aportar. 4. Las demás que se desprendan de las anteriores y que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por ello, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
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