Antonio Perez Morales
Expediente 1106/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Perez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. I. Devolución de documentos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido, ordenándose devolver diversas documentales al juez responsable sustituto, sin que al efecto se haya llevado a cabo. En consecuencia, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales siguientes:( Cuatro discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el veinticinco de enero, veintiséis de enero, treinta de enero y siete de octubre, todas de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 215/2022/PUEBLA; y,( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con las cuales se formaron los anexos I y II de pruebas del presente juicio de amparo. Se ordena su devolución a Francisco Javier Martínez Castillo, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital -autoridad responsable sustituta-. Ahora bien, no ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la autoridad indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la persona actuaria que corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar las certificaciones de desglose correspondientes en las fojas en donde obran los sobres amarillos que contienen los discos antes aludidos -fojas 51 y 137 del juicio de amparo en que se actúa-, para los efectos legales procedentes. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por oficio al juez responsable sustituto aludido; y, mediante cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio indicado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. I. Firmeza del fallo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la cual negó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 18, inciso b) y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se negó la protección constitucional, es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver Francisco Javier Martínez Castillo, juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, Puebla, los anexos I y II de pruebas, así como los cuatro discos versátiles digitales derivados de la causa penal 215/2022/PUEBLA de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. II. Integración de expediente físico. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico, pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo y se ordena el archivo del asunto. Notifíquese personalmente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista Karina Ayala Peralta y Juan Ramón Martínez González, progenitores y representantes del tercero interesado menor de edad de iniciales ATAP (occiso); y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, respecto a la resolución dictada en audiencia oral celebrada el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, en donde el juez de control responsable declaró infundada la solicitud de sobreseimiento parcial promovida por su defensa particular, en términos del artículo 327, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso ********************, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista a ******************** y ********************, progenitores y representantes del tercero interesado menor de edad de iniciales ******************** (occiso); y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 29-12-2022 anticipado. Visto el estado procesal de autos, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista concedida por auto de catorce de diciembre del actual, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que dicho acuerdo fue notificado a la parte quejosa, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo -por lista, previo aviso-, el veinte de diciembre anterior; notificación que surtió efectos el día hábil siguiente, y el plazo aludido trascurrirá del veintidós de diciembre del actual al dos de enero de dos mil veintitrés. En tales condiciones, con la finalidad de respetar los plazos previstos en la ley de la materia, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con cuarenta y seis minutos del treinta de diciembre próximo, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." 2. Notificación a la parte quejosa. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al quejoso la presente determinación, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla-, pues en la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran en el domicilio señalado para tal efecto, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que dicho personal, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Notifíquese personalmente al quejoso *****, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, por lista a las demás partes.
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