Antonio Rodriguez Flores

Expediente 1040/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1040/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Antonio Rodriguez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis al seis de enero del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla (foja 83), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 217/2014, de su índice (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 120 a 133), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de octubre de dos mil quince, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo calificado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. b) Señalar con precisión con qué medios de prueba se acredita la probable responsabilidad del indiciado aquí quejoso, pronunciarse respecto a si Arturo Paxedis Márquez y Antonio Rodríguez Flores son la misma persona, si existió una aclaración del nombre o se trata de persona diversa, y determinar si al denunciante Osvaldo Mendoza Burgos, le consta o no el apoderamiento por parte del indiciado, del bien objeto del delito, toda vez que él fue informado por parte de Graciela Paredes Días. c) Precisar por qué razón no se actualiza ninguna de las excluyentes precisadas en el artículo 26 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que cobra especial importancia por lo dicho en la declaración de Arturo Paxedis Márquez ante el Ministerio Público, en el sentido de que lo hizo porque tenía hambre y ya no tenía dinero porque no le alcanza ya que les da dinero a sus papas. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad a los quejosos, en su caso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Sentencia de amparo que el diez de noviembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que, se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 205 a 207). Ahora, mediante oficio 3159 (fojas 228 a 232), la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis dictada en la causa penal 217/2014 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de comparecencia reclamada de veintidós de octubre de dos mil quince. - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, determinó reenviar las actuaciones de la referida causa penal al Agente del Ministerio Público consignante para su debida integración en términos del artículo 111 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 18 DE noviembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia engrosada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ******************** y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo del presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de octubre de dos mil quince, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá analizar de acuerdo a las pruebas que obran en la causa penal de la que deriva el acto reclamado con qué medios de prueba se acredita cada uno de elementos del cuerpo del delito de robo calificado, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio a cada prueba en particular, las cuales deberá relacionar con cada elemento del delito y concatenarlas en forma individual o circunstancial, de forma tal que exponga las razones por las cuales considera se demuestra el cuerpo de dicho ilícito, lo que implica explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ello aconteció. b) Señalar con precisión con qué medios de prueba se acredita la probable responsabilidad del indiciado aquí quejoso, pronunciarse respecto a si ******************** son la misma persona, si existió una aclaración del nombre o se trata de persona diversa, y determinar si al denunciante ********************, le consta o no el apoderamiento por parte del indiciado, del bien objeto del delito, toda vez que él fue informado por parte de ********************. c) Precisar por qué razón no se actualiza ninguna de las excluyentes precisadas en el artículo 26 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que cobra especial importancia por lo dicho en la declaración de ******************** Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad a los quejosos, en su caso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. A lo anteriormente razonado, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, tomo II, registro 904209, visible a la página 169, que señala: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas." Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por esta Juzgadora, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez al tratase de un Juez de primera instancia, estos cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.

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