Antonio Rivera Gonzalez

Expediente 695/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
695/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Rivera Gonzalez
  • ANTONIO RIVERA GONZALEZ y Otros.
  • Martha Ramirez Altamirano (Defensora)
  • Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado En el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal En el Estado de Puebla.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, se ordena devolver al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), copia certificada de las constancias que integran la causa penal PUE/149/2022 de su índice, con las cuales se formó el anexo I del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista a la parte quejosa, así como a la moral tercera interesada; y mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 796, dirigido a la autoridad tercera interesada, Noemí Monroy Lucero, Titular de la Cédula D-VI-1 Tehuacán, Puebla; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que ya obra en autos el acuse -vía correo electrónico- del referido oficio. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, signada por la actuaria judicial adscrita, en la cual, hace del conocimiento que se constituyó en el Centro Penitenciario de la Ciudad de Puebla y una vez presente en el área de jurídico, fue atendida por quien dijo ser la licenciada ***, la cual le informó que el aquí quejoso ***, salió de dicho centro bajo el beneficio de libertad condicional; por ende, no le fue posible notificarle el acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de veintiséis de septiembre del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente acuerdo y el diverso de veintiséis de septiembre del año en curso. San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiera desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá de oficio si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, en los siguientes términos: OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución que emitió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el proceso penal PUE/149/2022, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, contra el acuerdo de dos de ese mes y año. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de revocación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: -Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Martha Ramírez Altamirano, así como a su defendido Antonio Rivera González. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al resolver el medio de impugnación planteado. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. (.)" El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se declaró que la citada sentencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo amparador a la autoridad responsable (fojas 79 a 81). Así, en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 28526 signado por 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcribiendo en dicho comunicado el contenido de la resolución pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 149/2022 de su índice, y remitiendo copia certificada de las constancias de notificación de tal determinación, al quejoso directo Antonio Rivera González, y a su defensora. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este punto, conviene precisar que en el fallo amparador se estableció que los agravios hechos valer por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, en su escrito por el cual interpuso recurso de revocación contra la determinación de dos de junio de dos mil veintidós, fueron, en síntesis: 1. Que la resolución combatida viola el debido proceso porque contraviene el derecho a la igualdad de las partes, ya que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga una ventaja injustificada al órgano acusador, a través de un trato diferenciado, discriminatorio y desigual. 2. Que el juez responsable debe realizar un análisis ex officio de la constitucionalidad y convencionalidad del citado ordinal. 3. Que se debe inaplicar el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en la multirreferida sentencia de amparo, se indicó que del análisis de los razonamientos esgrimidos por el juez responsable, se apreciaba que únicamente se pronunció en relación con los argumentos sintetizados con el arábigo 1, sin atender los restantes, esto es, en cuanto a la solicitud expresa de la parte quejosa de que realizara un control de convencionalidad y constitucionalidad ex officio de la norma y la consecuente inaplicación del artículo 325 del código adjetivo nacional de la materia. Ahora, de las documentales que hizo llegar la responsable en cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, se obtiene que: Mediante resolución pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 149/2022 de su índice, dejó sin efectos la diversa de nueve de junio del año en curso, emitida en ese proceso penal. Resolvió en el mismo sentido que la determinación combatida vía amparo, esto es, declaró infundado el recurso de revocación hecho valer por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, contra el proveído de dos de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 149/2022. Resolución en la que se aprecia que el juzgador responsable realizó, de manera fundada y motivada, el análisis de la regularidad constitucional del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de determinar si es constitucional o convencional, concluyendo que no trasgrede el principio de igualdad ni de debido proceso, pues no otorga una ventaja injustificada al órgano acusador, ni redunda en un trato discriminatorio para el imputado. Por lo que estimó que los argumentos planteados por la disconforme resultaban ineficaces para la inaplicación del ordinal en comento en favor de su defendido (fojas 112 a 119). Determinación que le fue notificada personalmente a ****, en su lugar de reclusión, y a su defensora pública federal por correo electrónico, el uno de los corrientes (fojas120 y 121). En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo (en concordancia con las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en ella) y el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso directo Antonio Rivera González, en el lugar de su reclusión, así como a su defensora; por lista a la moral tercera interesada *****-en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós- y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que se hubiera desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá de oficio si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, en los siguientes términos: OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Milton Moctezuma Vega), una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución que emitió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el proceso penal PUE/149/2022, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, contra el acuerdo de dos de ese mes y año. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de revocación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: -Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Martha Ramírez Altamirano, así como a su defendido Antonio Rivera González. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al resolver el medio de impugnación planteado. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. (.)" El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se declaró que la citada sentencia había causado ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo amparador a la autoridad responsable (fojas 79 a 81). Así, en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 28526 signado por 1. Milton Moctezuma Vega, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Juez de Control, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcribiendo en dicho comunicado el contenido de la resolución pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 149/2022 de su índice, y remitiendo copia certificada de las constancias de notificación de tal determinación, al quejoso directo Antonio Rivera González, y a su defensora. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este punto, conviene precisar que en el fallo amparador se estableció que los agravios hechos valer por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, en su escrito por el cual interpuso recurso de revocación contra la determinación de dos de junio de dos mil veintidós, fueron, en síntesis: 1. Que la resolución combatida viola el debido proceso porque contraviene el derecho a la igualdad de las partes, ya que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga una ventaja injustificada al órgano acusador, a través de un trato diferenciado, discriminatorio y desigual. 2. Que el juez responsable debe realizar un análisis ex officio de la constitucionalidad y convencionalidad del citado ordinal. 3. Que se debe inaplicar el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en la multirreferida sentencia de amparo, se indicó que del análisis de los razonamientos esgrimidos por el juez responsable, se apreciaba que únicamente se pronunció en relación con los argumentos sintetizados con el arábigo 1, sin atender los restantes, esto es, en cuanto a la solicitud expresa de la parte quejosa de que realizara un control de convencionalidad y constitucionalidad ex officio de la norma y la consecuente inaplicación del artículo 325 del código adjetivo nacional de la materia. Ahora, de las documentales que hizo llegar la responsable en cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, se obtiene que: Mediante resolución pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 149/2022 de su índice, dejó sin efectos la diversa de nueve de junio del año en curso, emitida en ese proceso penal. Resolvió en el mismo sentido que la determinación combatida vía amparo, esto es, declaró infundado el recurso de revocación hecho valer por Martha Ramírez Altamirano, defensora pública federal de Antonio Rivera González, contra el proveído de dos de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 149/2022. Resolución en la que se aprecia que el juzgador responsable realizó, de manera fundada y motivada, el análisis de la regularidad constitucional del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de determinar si es constitucional o convencional, concluyendo que no trasgrede el principio de igualdad ni de debido proceso, pues no otorga una ventaja injustificada al órgano acusador, ni redunda en un trato discriminatorio para el imputado. Por lo que estimó que los argumentos planteados por la disconforme resultaban ineficaces para la inaplicación del ordinal en comento en favor de su defendido (fojas 112 a 119). Determinación que le fue notificada personalmente a Antonio Rivera González, en su lugar de reclusión, y a su defensora pública federal por correo electrónico, el uno de los corrientes (fojas120 y 121). En consecuencia, es inconcuso que de la simple comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo (en concordancia con las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en ella) y el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso directo Antonio Rivera González, en el lugar de su reclusión, así como a su defensora; por lista a la moral tercera interesada Ferrosur, Sociedad Anónima de Capital Variable -en cumplimiento al acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós- y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.

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