Antonio Aguilar Montes

Expediente 1672/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1672/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Antonio Aguilar Montes

Actuaciones

  1. Principal

    El ocho de octubre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del uno al cinco de octubre del año en curso; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  2. Principal

    El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICA: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambas del estado, del treinta de agosto al doce de septiembre, para el municipio de Zacatecas del treinta y uno de agosto al trece de septiembre y para la parte quejosa del cinco al diecinueve de septiembre del año en curso. c) Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. d) Que dentro del presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambas del estado, con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por otra parte, en atención al estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el síndico municipal de Zacatecas, con sede en esta ciudad, informó haber dado cumplimiento al fallo protector de derechos; luego, con los anexos que remitió la autoridad antes nombrada, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, atendiendo a su contenido exponga lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado conforme a las constancias que integran los presentes autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito de demanda y de la sentencia. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario existe documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera al quejoso, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este juzgado a recibir el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Brenda.

  3. Principal

    El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con números de folio 19496 y 19500. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense al sumario para que obren como correspondan los oficios con registro 491, que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta testimonio de la sentencia constitucional emitida en auxilio de este juzgado el once de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, este órgano jurisdiccional se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; personalmente. ..." "...El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con números de folio 19496 y 19500. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense al sumario para que obren como correspondan los oficios con registro 491, que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta testimonio de la sentencia constitucional emitida en auxilio de este juzgado el once de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, este órgano jurisdiccional se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; personalmente. ..." El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones registradas con números de folio 19496 y 19500. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense al sumario para que obren como correspondan los oficios con registro 491, que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta testimonio de la sentencia constitucional emitida en auxilio de este juzgado el once de mayo de dos mil dieciocho; asimismo, este órgano jurisdiccional se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; personalmente. ..." San Andrés Cholula, Puebla, a once de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 882/2017, promovido por Christopher Ávila Mier, contra los actos de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Christopher Ávila Mier, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y el acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La falta de notificación dentro de un presunto procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades seguido en contra del suscrito, su secuela y posible resolución, relativo a la revisión de la cuenta pública 2015". La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Prevención]. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 59 a 63), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró el juicio con el número 882/2017, y requirió al promovente para que manifestara si era su deseo tramitar el incidente de suspensión, y de ser así, acompañara una copia de la demanda para formar los cuadernos relativos; y, exhibiera las copias faltantes a efecto de correr traslado a las partes, apercibido que de no hacerlo, se admitiría la demanda de amparo sin tramitar el incidente de suspensión. TERCERO [Admisión de la demanda]. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 65 a 66), el quejoso desahogó el requerimiento ordenado; y, por auto de veinticuatro del mismo mes y año (fojas 67 a 69), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. CUARTO [Requerimiento]. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete (foja 225), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, apercibido que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del juicio en los términos inicialmente planteados. QUINTO [Ampliación de la demanda]. Mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 232 a 243), el quejoso desahogó el requerimiento ordenado, señalando como nuevos actos reclamados: ". la ilegal notificación (emplazamiento) realizado por edictos, del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, seguido en mi contra por la responsable, bajo el número de expediente ASE-PFRR-16/2017.- - - Por consecuencia, se reclama la secuela y posible resolución del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, seguido en mi contra por la responsable, bajo el número de expediente ASE-PFRR-16/2017"; y, por acuerdo de veintiuno del mismo mes y año (fojas 244 a 245), el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tuvo por ampliada la demanda de amparo y solicitó el informe con justificación. La audiencia constitucional se verificó el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 400. SEXTO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 33/2018, de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve cuarenta y cinco horas del día once del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 882/2017, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. SÉPTIMO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de once de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 212/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo y su ampliación (fojas 232 a 243), a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se tiene que los actos reclamados son: I. El emplazamiento al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017. II. Todo lo actuado en el citado procedimiento administrativo. Actos que se atribuyen a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos reclamados precisados en el considerando que antecede, pues de las constancias que obran en actuaciones, las cuales tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, instauró el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017, en contra de diversos servidores públicos y ordenó el emplazamiento por edictos al aquí quejoso (fojas 382 a 397). CUARTO [Causales de improcedencia del juicio]. La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas (fojas 73 a 81 y 259 a 263), plantea la actualización de las siguientes causales de improcedencia: 1. La prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, pues aduce sustancialmente que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas auditó a la Secretaría de Economía la cuenta pública 2015, la cual arrojó resultados imputables al quejoso, lo que motivo un procedimiento de responsabilidades administrativas ante la Secretaría de la Función Pública, existiendo una confusión del impetrante al invocar el artículo 40 de la Ley de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, pues el mismo se refiere a responsabilidades resarcitorias, que son diferentes a las responsabilidades administrativas; aduce la responsable que en el caso la Secretaría de la Función Pública está instruyendo al quejoso un procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, la Auditoría Superior no tiene el carácter de autoridad, pues es parte denunciante. Se desestiman por incongruentes los planteamientos sintetizados con anterioridad, ya que no guardan relación con la causal de improcedencia que invoca la autoridad responsable. En efecto, el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, siendo que los argumentos de la autoridad en modo alguno están encaminados a demostrar que los actos reclamados, es decir, el emplazamiento y todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017, no afectan la esfera de derechos del particular. Debe ponerse de manifiesto que si bien es cierto que el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público, por lo que el juzgador de amparo está obligado a analizar de manera oficiosa si el juicio constitucional es procedente y, por mayoría de razón debe analizar los planteamientos de improcedencia formulados por las partes; sin embargo, estos deben guardar congruencia con la litis en el juicio, coherencia con los actos reclamados, y relación argumentativa con la hipótesis de improcedencia invocada. Máxime que de las constancias que obran en actuaciones se advierte que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, instauró el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017, en contra del aquí quejoso, lo que indudablemente afecta su interés jurídico y permite concluir que la citada Auditoría Superior sí tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. 2. La prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues aduce medularmente que el quejoso no observó el principio de definitividad, ya que previo a la promoción del juicio de amparo debió agotar los medios ordinarios de defensa, a saber, el recurso de revocación en sede administrativa o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se actualiza la causal de improcedencia sintetizada con anterioridad, pues si bien es cierto que el juicio de amparo está regido por diversos principios, entre ellos el de definitividad, conforme al cual previo a la interposición del juicio de amparo deben agotarse los medios ordinarios de defensa; sin embargo, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de la materia, establece diversas excepciones a dicho principio, entre ellas la prevista en el inciso c), conforme a la cual las personas extrañas al procedimiento no están obligadas a promover los recursos o juicios ordinarios. Ahora bien, en la especie el quejoso comparece al juicio de amparo reclamando el emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, es decir, se ostenta como tercero extraño por equiparación. Luego, el principio de difinitividad que rige en el juicio de amparo no le es aplicable, por lo que válidamente puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2000428 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 18/2011 (10a.) Página: 170 "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Al ser una formalidad esencial en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias cuando el quejoso no es emplazado al mismo o es citado en forma distinta de la prevenida por la ley, -lo que le ocasiona el desconocimiento total del procedimiento-, debe equiparársele a un tercero extraño, debido a que esa situación constituye una violación manifiesta a la ley que le produce indefensión, siendo obligatorio para los tribunales de amparo suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, con fundamento en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En esta circunstancia es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente y, en ningún caso, a los terceros extraños por equiparación, pues en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo". Al no actualizarse las causales de improcedencia planteadas por los terceros interesados ni advertirse de manera oficiosa la actualización de una diversa, lo procedente es realizar el estudio del fondo del asunto. QUINTO [Estudio de fondo]. En esas condiciones, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El quejoso sustancialmente argumenta que el emplazamiento reclamado es violatorio de la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que dicho emplazamiento debió realizarse de manera personal en el domicilio que tenía registrado la autoridad responsable, por lo que si no se le localizó en dicho domicilio, la autoridad tenía la obligación de realizar todas las diligencias que estaban a su alcance a fin de localizarlo en un domicilio diverso y, sólo en caso de no encontrarlo, se justificaba que ordenara su emplazamiento por edictos. El concepto de violación es fundado, aunque para arribar a dicha determinación deba suplirse la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo, y de conformidad con la siguiente jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.), de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA"; transcrita con anterioridad en esta sentencia. Para considerarlo así, es necesario relatar los siguientes antecedentes: 1. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas tuvo por recibido el informe de solventación derivado del pliego de observaciones ASE-PO-AF-SEZAC-2015-016/2016, del que se desprendían observaciones que se consideraba habían causado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal, por recursos aplicados por la Secretaría de Economía durante el ejercicio fiscal 2015; por lo que se determinó iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del quejoso y otros servidores públicos, registrándose el asunto con el número ASE-PFRR-016/2017 (fojas 382 a 383). 2. Mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó citar a los presuntos responsables, a fin de que comparecieran a la audiencia de ley (fojas 384 a 385). 3. En diligencia de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, el notificador adscrito a la Auditoría Superior del Estado, pretendió notificar personalmente al aquí quejoso los acuerdos precisados en los puntos 1 y 2 que anteceden; asentando que la persona con la que entendió la diligencia le informó que no lo conocía, por lo que lo tuvo por no localizado (foja 390). 4. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecisiete, se determinó que ante la imposibilidad de realizar la notificación del inicio del procedimiento al aquí quejoso, con fundamento en el artículo 171 fracciones II y VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, de aplicación supletoria, lo procedente era realizar dicha notificación por medio de edictos (fojas 391 a 393). 5. Los citados edictos fueron publicados el trece, diecisiete y veinte de mayo de dos mil diecisiete el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas (fojas 271 a 276). De los antecedentes relatados con anterioridad se desprende, en lo que interesa, que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, inició procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del aquí quejoso y que al no localizarlo en el domicilio que tenía registrado, ordenó su emplazamiento por medio de edictos, los cuales fueron publicados por tres veces en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Ahora bien, los artículos 44 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, vigente hasta el dieciocho de julio de dos mil diecisiete -conforme a la cual se tramita el procedimiento administrativo de origen- y el artículo 171 fracciones II y VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas de aplicación supletoria -que sirvió de sustento a la autoridad responsable para ordenar el emplazamiento por edictos-, establecen lo siguiente: "Artículo 44.- El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente: I. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia en la sede de la Auditoría Superior del Estado, haciéndoles saber en el Informe de Solventación del Pliego de Observaciones, los hechos que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta Ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, el requerimiento para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en las ciudades de Guadalupe o Zacatecas; apercibidos que de no comparecer sin causa justificada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo". "171.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pida, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que se estará a lo dispuesto por el artículo 108. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentra la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificado hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; VI.- Si se ignorase el domicilio de la persona emplazada, el emplazamiento se hará por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación, por tres veces consecutivas y se fijarán además en la puerta del juzgado o tribunal, haciéndose saber al interesado que deberá presentarse en un término que no bajará de quince días ni exceda de sesenta, a partir de la fecha de la última publicación. En este caso, si el juzgado por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la persona emplazada, o apareciere que el que lo pidió indicó maliciosamente ignorar el domicilio, el emplazamiento se tendrá como no hecho, y se mandará practicar en el domicilio del emplazado, y.". De los preceptos legales transcritos se desprende, en lo que interesa, que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser emplazada, el emplazamiento se hará por edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación. Ahora bien, de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable, sólo se advierte que los edictos a través de los cuales se emplazó al quejoso, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas; sin embargo, no obra constancia de que también fueron publicados en un periódico de los de mayor circulación en esa Entidad Federativa; circunstancia que torna inconstitucional el emplazamiento combatido. Así mismo, es necesario destacar que si bien es cierto el artículo 171 fracciones II y VI del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, no establece de forma expresa que la autoridad que realice el emplazamiento, tenga la obligación de realizar procedimiento alguno cuando se ignore el domicilio de la persona a notificar, sin embargo, aunque ello no se desprende en forma expresa del artículo en comento, es obligación de la autoridad que instruya el procedimiento o juicio respectivo, investigar de alguna forma el domicilio de las personas que deben comparecer al mismo. En efecto, cuando como en el caso se desconoce el domicilio del presunto responsable en el procedimiento administrativo de origen, la Auditoría Superior, haciendo uso de su prudente arbitrio y para mejor proveer, debe ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarles, en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de las personas a las que se pretende comunicar el inicio del procedimiento de que se trata, pues en los tiempos actuales, así como el incremento de la población, imponen precisamente la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. Ahora bien, en la especie, la autoridad responsable no tomó ninguna providencia a efecto de conocer el domicilio del probable responsable aquí quejoso, siendo que debió girar oficios a diversas dependencias federales y estatales, públicas y privadas, que dada la naturaleza de sus funciones, se estime que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, como pudieran ser el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, pudiendo solicitar incluso el auxilio de los cuerpos de seguridad pública estatal o municipal. Cabe precisar que el realizar las diligencias necesarias a efecto de conocer el domicilio del presunto responsable en el procedimiento administrativo de origen, no puede estimarse como una facultad discrecional con la que cuenta la autoridad instructora, sino que en respeto a la garantía de seguridad jurídica de los particulares, debe considerarse como una obligación el realizar cuanto esté a su alcance, a efecto de investigar su domicilio cuando éste se desconozca; máxime tratándose del emplazamiento, el cual ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la violación de mayor magnitud en el procedimiento, cuando no se realiza con las formalidades previstas por la ley. En esas condiciones, es dable concluir que la actuación de búsqueda de la autoridad instructora del procedimiento, se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues se insiste, la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran magnitud al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Así es, la gran importancia que tiene en el procedimiento correspondiente el acto procesal denominado emplazamiento, es que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias, aun cuando no estén previstas expresamente en la ley, para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 181735 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 6/2004 Página: 304 "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso". En este orden de ideas, si no se encuentra acreditado que los edictos fueron publicados en un periódico de los de mayor circulación en el Estado de Zacatecas, y la autoridad responsable no realizó ninguna diligencia tendente a investigar el domicilio del presunto responsable en el procedimiento administrativo de origen, como girar oficios a las dependencias federales y estatales, públicas o privadas que cuenten con bases de datos electrónicos; debe concluirse que el emplazamiento combatido es inconstitucional, ya que esta notificación tiene especial relevancia, por lo que las formalidades previstas en la legislación aplicable para la práctica del emplazamiento, deben cumplirse estrictamente, pues el emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, por lo que la inobservancia de estas formalidades, por mínima que sea, torna ilegal el emplazamiento produciendo su nulidad total, dado que se trata de la violación procesal de mayor magnitud. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 192969 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 74/99 Página: 209 "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental". Las consideraciones que preceden conducen a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, reponga el procedimiento en el expediente de fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017, desde el emplazamiento al aquí quejoso, incluyendo todas aquellas diligencias y actuaciones que sean consecuencia directa e inmediata del defectuoso emplazamiento; hecho lo cual proceda conforme a sus facultades legales. En el entendido de que la reposición del procedimiento únicamente deberá decretarla respecto del impetrante del amparo. Dados los efectos de la concesión de amparo, resulta innecesario pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017, porque al dar cumplimiento a la presente sentencia, dichos actos quedarán insubsistentes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Christopher Ávila Mier, contra el acto consistente en el emplazamiento al procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias ASE-PFRR-016/2017; por las razones y para los efectos precisados en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. ...." ..."

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