Antonia Monreal García
Expediente 760/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonia Monreal García
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso. Respecto del oficio de cuenta signado por el Subdirector de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, mediante el cual, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, entre otras constancias, remite copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de septiembre del año en curso, dentro de la licitación pública internacional LA-932057995-E11-2016, para la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos. Con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de TRES DÍAS manifiesten lo que a su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, así como por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Alicia
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "CUENTA. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con el escrito registrado con el folio 12236 y siete copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Antonia Monreal García, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veintinueve de agosto pasado, por el que manifiesta que la demanda de amparo la promueve en lo personal por no tener representación en la sucesión a nombre de su padre; asimismo, señala que el dieciséis de agosto del año en curso, el juez mixto de Pinos, publicó únicamente "no ha lugar", respecto a la petición que presentó el ocho de agosto pasado, e informa que el inmueble materia del litigio se ubica en calle González Ortega sin número del municipio de Pinos, Zacatecas y señala las medidas y colindancias. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Ahora bien, en el caso se estima que respecto del acto reclamado que la quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Pinos, Zacatecas: La falta de emplazamiento y notificación al juicio sumario civil proforma de otorgamiento de escritura 142/2015, promovido por Leoncio Monreal Arenas, contra el extinto Celso Monreal Arenas y todas sus consecuencias como la sentencia dictada en el mismo. Del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad de Pinos, Zacatecas: La ejecución material de los actos reclamados. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario pues la quejosa Antonia Monreal García, en su carácter de heredera de la sucesión a bienes de Celso Monreal Arenas carece de legitimación para promover el juicio de amparo. Los numerales en comento disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. Sobre esa base, de los preceptos 880 y 881 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, así como 761 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas deriva que: 1. Las únicas personas facultadas legalmente para salir en defensa del haber hereditario en juicio, son el albacea, o en su caso, el interventor judicial, según las circunstancias del caso en concreto; y 2. Para ello se requiere que la persona a la que le fue conferido dicho cargo lo acepte y lo proteste fielmente, pues de lo contrario no se está legitimado para ejercer las acciones o deducir excepciones, ya que es menester dicho discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por acreditada debidamente la personalidad y así estar en aptitud de comparecer a juicio. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia IV.3o. J/22, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Página 697, Materia Civil, Novena Época que dispone: "ALBACEA, EFECTOS DE LA FALTA DE ACEPTACIÓN Y DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE. La circunstancia de que se haya designado albacea a determinada persona, sin que exista actuación alguna en donde aparezca que haya aceptado el cargo conferido, ni que lo protestara fielmente, motiva a considerar que activamente no se está legitimado para ejercitar las acciones o deducir excepciones que pudieran surgir con la muerte del autor de la sucesión, ya que es menester la aceptación y discernimiento del cargo de albaceazgo, para que se tenga por acreditada debidamente la personalidad y así comparecer a juicio." De ahí que se advierta que la quejosa Antonia Monreal García no cuenta con facultades para promover el juicio, virtud a que las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo pueden ser ejercitadas por el representante legal de la sucesión. Entonces, quien se encuentra debidamente legitimado para promover el juicio de amparo, cuando algún acto de autoridad violente los derechos constitucionales correspondientes a la masa hereditaria de la sucesión, lo es el albacea de la misma y no algún heredero, como en el caso acontece, pues el simple hecho de que la ahora quejosa se considere una de las herederas del autor de la herencia, no significa que la convierta en propietaria del bien inmueble que defiende, sino que el derecho que reclama como un patrimonio común, es una mera expectativa de derecho del legatario de la herencia, que en su caso quedará definido con la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria que se verifique en el juicio sucesorio respectivo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia visible en la página 1462, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Agosto de 2004, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea." Así también, es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 1082, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Febrero de 2003, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual. Bajo esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por la quejosa Antonia Monreal García. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy"
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DER AMPARO: "CUENTA. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez con: Demanda de amparo promovida por Antonia Monreal García, registrada con el folio 11590, con dos anexos y ocho copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado David Nicolás Balderas Ávila, José Franco Covarrubias Vega y Dora Francisca Delgado Gallardo, tienen registradas sus cédulas profesionales 1813519, 4754758 y 5916212, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el diverso profesionista David Balderas Morales. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Antonia Monreal García, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 760/2017; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo a la letra dicen: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;. En el caso, atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de amparo que se constituye como un verdadero procedimiento de orden jurisdiccional autónomo y que, por ende, se rige por los principios de la teoría general del proceso (salvo las excepciones que la propia ley reglamentaria establece), consagra, entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes; principio regido en el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2º, por ende, el presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, ya que tiende a perfeccionar la actuación jurisdiccional y su estudio debe ser previo al de la cuestión de fondo propuesta. En efecto, tratándose del amparo, la personalidad no debe estudiarse en cualquier estado del juicio, sino que es indispensable que se provea oficiosamente desde el momento mismo en el que se presenta la demanda, con el propósito de evitar la tramitación de juicios inútiles y, de no encontrarse acreditada, se considera una irregularidad del escrito de demanda que ocasiona que el juzgador de amparo se encuentre obligado a prevenir al peticionario, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, del análisis acucioso de la demanda de amparo, este juzgado federal advierte irregularidad en ésta que provoca prevenir a la promovente, en términos del numeral 114 referido, en relación con el diverso 108, fracción I, de la ley de la materia. Ello porque la promovente Antonia Monreal García hace diversas manifestaciones en las que refiere que en el juicio sumario civil proforma 142/2015 de otorgamiento de escritura promovido por Leoncio Martínez Rangel contra su extinto padre Celso Monreal Arenas, se le pretende privar de un inmueble que pertenece a la masa hereditaria a la que tiene derecho y, por otra parte, también refiere que la responsable validó un supuesto emplazamiento y la prosecución de un juicio en perjuicio de quienes integran la sucesión intestamentaria, la cual nunca fue llamada al citado juicio; por tanto, existe incertidumbre en cuanto a la promoción del juicio de referencia, ya que es preciso conocer si la ocursante comparece por propio derecho, o bien, en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Celso Monreal Arenas. Por otra parte, los diversos preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisito entre otros, el que se exponga de manera clara el acto o actos reclamados que se reclamen de cada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Toda vez que la promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas. Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad de Pinos, Zacatecas. Actos reclamados: LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN en el Juicio Sumario Civil registrado bajo el expediente número 142 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas, con todas las consecuencias inherentes a la violación a la Garantía de Audiencia que sitúan a la suscrita y a la Sucesión de mi padre, en parte inaudita y tercero extraño. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado la ocursante refiere que el ocho de agosto de dos mil diecisiete compareció ante la responsable para solicitar información del juicio de donde emanan los actos reclamados y solicitó pusiera los hechos en conocimiento del Agente del Ministerio Público para que procediera de acuerdo a sus atribuciones, petición que fue desestimada sin una debida motivación y fundamentación, lo cual le causó una irreparable violación de garantías; luego, es necesario que la promovente precise la fecha exacta de la determinación de que se habla, así como que manifieste si también es reclamada en este juicio. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si comparece al presente juicio por su propio derecho, o bien, como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Celso Monreal Arenas y, de ser así, acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir original o copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Señale si es su deseo señalar como acto reclamado en el presente sumario la determinación emitida por el Juez responsable en la que desestimó la petición presentada ante su potestad el ocho de agosto del año en curso y de ser así manifieste la fecha exacta de su emisión; lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Proporcione concretamente la ubicación, medidas y colindancias del bien que es materia de litigio en el juicio sumario civil proforma 142/2015 de otorgamiento de escritura promovido por Leoncio Martínez Rangel contra su extinto padre Celso Monreal Arenas, de donde emanan los actos reclamados. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir seis copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: dos para las autoridades responsables, otra para ordenar el emplazamiento del tercero interesado, otras dos para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión y la última para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveerá lo procedente respecto a la admisión de la demanda únicamente respecto de la promovente y por el acto reclamado en el punto IV del libelo constitucional. AUTORIZADO Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados David Nicolás Balderas Ávila, José Franco Covarrubias Vega y Dora Francisca Delgado Gallardo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales 1813519, 4754758 y 5916212, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene al diverso profesionista David Balderas Morales, únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Real del Monte número veintinueve (29), fraccionamiento Camino Real, de Guadalupe, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy."
- Principal
CUENTA. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez con: Demanda de amparo promovida por Antonia Monreal García, registrada con el folio 11590, con dos anexos y ocho copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado David Nicolás Balderas Ávila, José Franco Covarrubias Vega y Dora Francisca Delgado Gallardo, tienen registradas sus cédulas profesionales 1813519, 4754758 y 5916212, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así el diverso profesionista David Balderas Morales. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda de amparo que promueve Antonia Monreal García, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 760/2017; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo a la letra dicen: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;. En el caso, atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de amparo que se constituye como un verdadero procedimiento de orden jurisdiccional autónomo y que, por ende, se rige por los principios de la teoría general del proceso (salvo las excepciones que la propia ley reglamentaria establece), consagra, entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes; principio regido en el artículo 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia según su numeral 2º, por ende, el presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, ya que tiende a perfeccionar la actuación jurisdiccional y su estudio debe ser previo al de la cuestión de fondo propuesta. En efecto, tratándose del amparo, la personalidad no debe estudiarse en cualquier estado del juicio, sino que es indispensable que se provea oficiosamente desde el momento mismo en el que se presenta la demanda, con el propósito de evitar la tramitación de juicios inútiles y, de no encontrarse acreditada, se considera una irregularidad del escrito de demanda que ocasiona que el juzgador de amparo se encuentre obligado a prevenir al peticionario, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, del análisis acucioso de la demanda de amparo, este juzgado federal advierte irregularidad en ésta que provoca prevenir a la promovente, en términos del numeral 114 referido, en relación con el diverso 108, fracción I, de la ley de la materia. Ello porque la promovente Antonia Monreal García hace diversas manifestaciones en las que refiere que en el juicio sumario civil proforma 142/2015 de otorgamiento de escritura promovido por Leoncio Martínez Rangel contra su extinto padre Celso Monreal Arenas, se le pretende privar de un inmueble que pertenece a la masa hereditaria a la que tiene derecho y, por otra parte, también refiere que la responsable validó un supuesto emplazamiento y la prosecución de un juicio en perjuicio de quienes integran la sucesión intestamentaria, la cual nunca fue llamada al citado juicio; por tanto, existe incertidumbre en cuanto a la promoción del juicio de referencia, ya que es preciso conocer si la ocursante comparece por propio derecho, o bien, en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Celso Monreal Arenas. Por otra parte, los diversos preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisito entre otros, el que se exponga de manera clara el acto o actos reclamados que se reclamen de cada autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Toda vez que la promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas. Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad de Pinos, Zacatecas. Actos reclamados: LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN en el Juicio Sumario Civil registrado bajo el expediente número 142 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas, con todas las consecuencias inherentes a la violación a la Garantía de Audiencia que sitúan a la suscrita y a la Sucesión de mi padre, en parte inaudita y tercero extraño. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado la ocursante refiere que el ocho de agosto de dos mil diecisiete compareció ante la responsable para solicitar información del juicio de donde emanan los actos reclamados y solicitó pusiera los hechos en conocimiento del Agente del Ministerio Público para que procediera de acuerdo a sus atribuciones, petición que fue desestimada sin una debida motivación y fundamentación, lo cual le causó una irreparable violación de garantías; luego, es necesario que la promovente precise la fecha exacta de la determinación de que se habla, así como que manifieste si también es reclamada en este juicio. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si comparece al presente juicio por su propio derecho, o bien, como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Celso Monreal Arenas y, de ser así, acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir original o copia debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER, para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Señale si es su deseo señalar como acto reclamado en el presente sumario la determinación emitida por el Juez responsable en la que desestimó la petición presentada ante su potestad el ocho de agosto del año en curso y de ser así manifieste la fecha exacta de su emisión; lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Proporcione concretamente la ubicación, medidas y colindancias del bien que es materia de litigio en el juicio sumario civil proforma 142/2015 de otorgamiento de escritura promovido por Leoncio Martínez Rangel contra su extinto padre Celso Monreal Arenas, de donde emanan los actos reclamados. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir seis copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: dos para las autoridades responsables, otra para ordenar el emplazamiento del tercero interesado, otras dos para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión y la última para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se proveerá lo procedente respecto a la admisión de la demanda únicamente respecto de la promovente y por el acto reclamado en el punto IV del libelo constitucional. AUTORIZADO Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados David Nicolás Balderas Ávila, José Franco Covarrubias Vega y Dora Francisca Delgado Gallardo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales 1813519, 4754758 y 5916212, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene al diverso profesionista David Balderas Morales, únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Real del Monte número veintinueve (29), fraccionamiento Camino Real, de Guadalupe, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Antonia Domínguez Medina573/2015
- Antonia Domínguez Medina4051/2014
- Antonia Elizabeth Román Mercado936/2023
- Antonia Guillén G.3898/2014
- Antonia Márquez de la Rosa3230/2014
- Antonia Martínez Ramírez595/2016
- Antonia Perez Cerros2582/2014
- Antonia Sánchez G.3202/2014
- Antonio Abarca Andrade839/2016
- Antonio Aceves Flores496/2019
- Antonio Adán Acevedo Sánchez3225/2014
- Antonio Aguilar Montes1672/2018