Antonio Baltazar Almeida
Expediente 436/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Baltazar Almeida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 10493. Conste. ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de cuenta signado por Eduardo Hernández Ramírez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida por lo que se procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Antonio Baltazar Almeida, respecto de los actos reclamados al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto que la citada responsable pronunciara de manera inmediata resolución dentro del recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la resolución número 349101910110/Pensiones404/2015 de cinco de noviembre de dos mil quince, emitida por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, la cual sería emitida con plenitud de jurisdicción. En auto de veintitrés de mayo del presente año, causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días acatara el fallo protector y remitiera las constancias que acreditaran su cumplimiento. En acatamiento a ello, mediante oficio con número de registro 10246, el Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en Representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha Institución, remitió copia de la resolución de inconformidad dictada el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, así como la notificación de dicha resolución realizada a la autorizada del quejoso. Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió al referido quejoso Antonio Baltazar Almeida, el amparo y protección de la Justicia federal solicitados, para que el Consejo responsable pronunciara de manera inmediata resolución dentro del recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la resolución número 349101910110/Pensiones404/2015 de cinco de noviembre del año pasado, emitida por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, la cual fuera emitida con plenitud de jurisdicción; luego, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado a que el veintiuno de marzo del año en curso, emitió la resolución de inconformidad; por tanto este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el oficio registrado con el número 10246 y anexo que se adjuntan.-CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el oficio de cuenta signado por el licenciado Víctor Hugo Martínez de la Rosa, en su carácter de Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas y en Representación del Consejo Consultivo Delegacional de dicha Institución, por el que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia de la resolución de inconformidad dictada el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, así como del acta de notificación de dicha resolución realizada a la autorizada de la quejosa. Con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio, resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veinte de mayo de dos mil dieciséis; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de mayo del año en curso, dentro del juicio de amparo número 436/2016-4. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con estado de autos, con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaría, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en se concedió al quejoso ANTONIO BALTAZAR ALMEIDA, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata, esto es, para que pronuncie de manera inmediata resolución dentro del recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la resolución número 349101910110/Pensiones404/2015 de cinco de noviembre del año pasado, emitida por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; e informe sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguiente a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acredite, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio 436/2016-4, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, asistido de la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en Funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, la Secretaria da cuenta con la documental, así como las diversas de instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio y se pasa a la etapa de alegatos. En el período de alegatos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que al no existir alegatos que tener por reproducidos, se cierra la presente etapa. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar y sin que exista pedimento presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de la Materia en consulta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 436/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el once de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO BALTAZAR ALMEIDA formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO La omisión de dictar resolución en el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso el veintitrés de noviembre de dos mil quince. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó su admisión y registro con el número 436/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar resolución en el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en contra de la resolución número 349101910110/Pensiones404/2015 de cinco de noviembre del año pasado, emitida por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La autoridad responsable Secretario del consejo consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis del concepto de violación planteado. El quejoso argumenta que la autoridad responsable desde el veintitrés de noviembre de dos mil quince, no ha dictado la resolución respectiva en el recurso de inconformidad, lo que genera transgresión al derecho humano contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es fundado el reseñado motivo de desacuerdo. Para evidenciar la trasgresión de garantías aquí destacada, es pertinente tomar en consideración el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, que dice: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. - - -Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. - - - Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". (lo subrayado es de este Juzgado). Por su parte, el Reglamento de la Ley del Seguro Social, en sus artículos 16, 22 y 23, señalan lo siguiente: "Artículo 16. Admitido el recurso, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional pedirá de oficio los informes conducentes a las dependencias del Instituto, las cuales deberán rendirlos en el término de diez días naturales. Dicho Secretario, en vista de las circunstancias, podrá señalar un término mayor dentro del cual habrá de rendirse el informe solicitado. Artículo 22. Concluido el término de desahogo de pruebas, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional elaborará, dentro del término de treinta días, los proyectos de resolución. Artículo 23. El Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de este Reglamento, someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo Consultivo correspondiente, el proyecto de resolución respectivo que servirá de base para la discusión y votación de la resolución, la que se pronunciará dentro del término de quince días. La apreciación de las pruebas se hará conforme a las reglas del derecho común". Así pues, el artículo 17 constitucional consagra la garantía de prontitud o expeditez en la administración de justicia; en congruencia con tal disposición, los preceptos legales transcritos establecen que el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional elaborará, dentro del término de treinta días, los proyectos de resolución; y que salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de este Reglamento, someterá a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo Consultivo correspondiente, el proyecto de resolución respectivo que servirá de base para la discusión y votación de la resolución, la que se pronunciará dentro del término de quince días. Así pues, de las anteriores manifestaciones, se desprende que conforme a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley del Seguro Social, el recurso de inconformidad debe resolverse dentro del término de quince días y toda vez que de las constancias que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda, se advierte que éste fue presentado ante la responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince. Sin embargo, a la fecha no se desprende que la autoridad responsable haya resuelto dicho recurso, por lo que resulta excesivo el tiempo que ha transcurrido sin emitir resolución, toda vez que el recurso de inconformidad fue presentado por el quejoso el veintitrés de noviembre de dos mil quince. Lo anterior, pone de manifiesto que la autoridad responsable, no acató los términos específicos para resolver el recurso de inconformidad promovido por el aquí quejoso, y por ende violó la garantía contemplada en el artículo 17 Constitucional, el que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Consecuentemente, al ser evidente la violación de la garantía consagrada por el artículo 17 de nuestra carta magna en perjuicio de la parte quejosa y en razón de que la autoridad responsable a la fecha persiste en la omisión, procede conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, pronuncie de manera inmediata resolución dentro del recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso en contra de la resolución número 349101910110/Pensiones404/2015 de cinco de noviembre del año pasado, emitida por el Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, la cual será emitida con plenitud de jurisdicción; o bien justifique el impedimento que tiene para ello; lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que el derecho humano en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al quejoso en el pleno goce del mismo, en términos del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo vigente. Cobra exacta aplicación, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.- El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a ANTONIO BALTAZAR ALMEIDA, contra el acto que reclama de la autoridad responsable, para el efecto precisado en el considerando último de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. mtm
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Antonio Aceves Flores496/2019
- Antonio Adán Acevedo Sánchez3225/2014
- Antonio Aguilar Montes1672/2018
- Antonio Alentín Argüelles Rivera168/2019
- Antonio Almaraz Rivas681/2022
- Antonio Ávila Martínez701/2018
- Antonio Bañuelos Rivera365/2019
- Antonio Becerra Becerra415/2015
- Antonio Bocanegra Quintero583/2017
- Antonio Cardona Salazar352/2019
- Antonio Carmona Martínez537/2015
- Antonio Carrillo Vera682/2021