Antonio Abarca Andrade

Expediente 839/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
839/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2016

Partes del expediente

  • Antonio Abarca Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que hubiera sido recurrido el auto de siete de julio del año en curso, que desechó la demanda de garantías promovida por Antonio Abarca Andrade; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    En siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un escrito de demanda registrado con el número 12564, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo que promueve Antonio Abarca Andrade, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 839/2016-1, y en atención a su contenido, la titular de este Juzgado, emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Ahora bien, los actos reclamados se hacen consistir en lo que enseguida se transcribe: 1.- CONTRA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO realizado en un domicilio diferente del autorizado en el auto de inicio de fecha 11 de mayo del año 2016 dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. 2.- LA ILEGAL E IMPOSITIVA ORDE DE ACUDIR AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO, ZACATECAS, en virtud de que no tengo el carácter de demandado. 3.- LA ILEGAL E IMPOSITIVA ORDEN DE AMEDRENTARME CON IMPONERME SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 162 los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: ." Sin embargo, apreciada íntegramente la demanda de amparo, así como las documentales que a la misma se acompañan, particularmente el acuerdo inserto en la cédula de notificación de veintiuno de junio pasado, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el juez responsable, en el expediente 175/2016, relativo a los medios preparatorios a juicio promovidos por ERNESTO ORTIZ ARECHAR, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Ángel Ortiz Soto, por medio del cual, luego de tener por promovidos dichos medios preparatorios, en primer término ordena citar a Antonio Abarca y otros, en el domicilio que se cita en la demanda relativa a dichos medios preparatorios, ubicado en calle Heroico Colegio Militar número catorce, de Loreto, Zacatecas, para que comparezcan ante la propia responsable, el antes mencionado a las doce horas con quince minutos del cinco de agosto del año en curso; y, en segundo lugar, se le apercibe que en caso de no ocurrir sin justa causa, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos cero centavos, moneda nacional, la que se duplicará en caso de reincidencia. Atento a lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, precepto este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor. La fracción III del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. [.]". A su vez, los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; y, que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, dentro de ellos se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En cambio, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, al precisar el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, conlleva a afirmar que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, los que, para ser calificados de esa manera, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Además, refirió que un acto es considerado de imposible reparación, cuando recae sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló dicho Tribunal que la interpretación de la referida porción normativa de la actual Ley de Amparo, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto, conforme a la fracción IV del numeral 107, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede, entre otros supuestos, en los siguientes: Tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido: a) Contra actos de dichos tribunales cuando se dicten fuera de juicio o después de concluido éste. b) Respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, presupuesto que establece la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el entendido que conforme al precepto invocado en el párrafo que antecede, la última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. c) Tratándose de procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por lo que, en el caso específico, como ya se dijo, el acto reclamado es el auto de auto de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el juez responsable, en el expediente 175/2016, relativo a los medios preparatorios a juicio promovidos por ERNESTO ORTIZ ARECHAR, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Ángel Ortiz Soto, por medio del cual tuvo por promovidos dichos medios preparatorios; ordenó citar al ahora quejoso Antonio Abarca y otros, en el domicilio que se cita en la demanda relativa, ubicado en calle Heroico Colegio Militar número catorce, de Loreto, Zacatecas, para que comparezcan ante la propia responsable, el antes mencionado a las doce horas con quince minutos del cinco de agosto del año en curso; y, se le apercibe que en caso de no ocurrir sin justa causa, se le impondrá una multa por la cantidad de quinientos pesos cero centavos, moneda nacional, la que se duplicará en caso de reincidencia; por lo cual, se concluye, que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios, que no constituyen la última resolución dictada en ellos; por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2º.C. 18 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Septiembre de 2014, página 2461, con registro IUS 2007389, cuyo rubro y texto son: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior la tesis XIX.1º.A.C.30 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1341, con registro IUS 162344, cuyo rubro y texto son: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA SI CON AQUÉLLOS SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS. La fracción III del artículo 114 de la ley de la materia establece que procede el amparo ante los Juzgados de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, por regla general, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De ahí que si bien es cierto que por identidad jurídica debe aplicarse la regla general para los actos de ejecución de sentencia a los actos intraprocesales fuera de juicio, en cuanto a que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución, también lo es que igualmente procede si con los medios preparatorios a juicio se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos. Por lo que el Juez de amparo debe atender en grado predominante esa situación, tomando en cuenta tanto los antecedentes, como el alcance del contenido de los actos reclamados. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ANTONIO ABARCA ANDRADE. Se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, al licenciado Arturo Baltierra Santos, con cédula profesional número 3868747, misma que se encuentra registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, requisito indispensable en el caso dada la materia del presente asunto; y, por no acreditarse lo anterior en cuanto a Edwin Oswaldo Morales Hurtado y J. Santos Cortés Cortés, únicamente, se les tiene para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del numeral y precepto legal citados, y como domicilio para tal fin el ubicado en avenida San Marcos número 110, de la colonia Lomas del Capulín de esta ciudad. Por otra parte, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. L'MCGJ

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