Antonio Becerra Becerra
Expediente 415/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Becerra Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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En tres de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un escrito con registro 17455.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa el escrito signado por el quejoso ANTONIO BECERRA BECERRA, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, previa copia certificada que en su lugar se deje, devuélvasele el documento que refiere, asentando razón por su recibo en autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE
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Zacatecas, Zacatecas, diez de junio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito signado por Antonio Becerra Becerra, en su carácter de; como lo solicita, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele a su costa copia simple de la sentencia dictada dentro del presente juicio, teniendo como autorizado para recibirlas al licenciado José Rosas Aguilera, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Ahora bien, considerando que por ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja administrativo 31/2015, la cual constituye un hecho notorio para este Juez de Distrito, se determina que, en relación con lo anterior, no procede apercibir al promovente en los términos que establecen los numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, en vista de que podría traducirse en obstáculo al acceso a la Justicia. Y con independencia de lo anterior, conviene acotar que a fin de agilizar y dar una mejor atención al público, este Tribunal Federal ha adoptado la mecánica de la superioridad de entregar a las partes que lo soliciten un formato en el que pueden gestionar copias simples y reproducción a través de medios electrónicos de las actuaciones que conforman los expedientes que en esta instancia se integran. Notifíquese por lista a las partes. Lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Luis/ulises
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En ocho de junio de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado José de Jesús Martínez Torres, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para la parte quejosa transcurrió del veintidós de mayo al cuatro de junio de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el catorce de mayo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 415/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día catorce de mayo de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 415/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ANTONIO BECERRA BECERRA, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INFONAVIT EN EL ESTADO DE ZACATECAS A CARGO DEL LIC. LEOPOLDO ORTEGA ORTUÑO (DELEGADO) con domicilio ubicado en la Calle Francisco García Salinas No. 408 en Zacatecas, Zac. IV. ACTO RECLAMADO.- LA RESOLUCIÓN DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2015, DICTADA POR EL LIC. LEOPOLDO ORTEGA ORTUÑO DELEGADO REGIONAL DEL INFONAVIT EN EL ESTADO DE ZACATECAS, PRECISADAS EN EL OFICIO DR.XXIV.AD.035/2015, con motivo de la reclamación que realice para la Devolución del Fondo de Ahorro 1972-1992, y que determine en forma dogmática que el suscrito se me adeuda la cantidad de $1,223.27 (UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N.), sin anexar al presente las cuentas de mi ahorro para la vivienda, ya que estuve trabajando y cotizando para el INFONAVIT 20 años de mi vida como trabajador activo de 1972 a 1992. Para lo cual el suscrito no estoy de acuerdo con la insignificante cantidad que se me adeuda por 20 años de COTIZACIÓN Y AHORRO al rubro de la vivienda, por ende la Autoridad Responsable como informe Justificado deberá anexar los Estados de cuenta y las tabulaciones de cada año que trabajé y coticé para el INFONAVIT." Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales vulneradas, las que se consagran en los artículos 1, 14, 16 y 18, todos de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del amparo indirecto. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular, dictó proveído el veintitrés de marzo de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 415/2015; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver en esta instancia el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución de cuatro de marzo del 2015, dictada por el Delegado Regional del Infonavit en el Estado de Zacatecas, contenida en el oficio DR.XXIV.AD.035/2015, con motivo de la reclamación realizada por el quejoso para la devolución del fondo de ahorro 1972-1992. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La autoridad responsable Delegado Regional del Infonavit en el Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto que se le reclama. III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este Juzgador advierte actualización de la causal de improcedencia de la acción de amparo intentada, con sustento en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado ante esta instancia de control constitucional, se hace consistir en el oficio DR.XXIV.AD.035/2015, emitido previa solicitud del peticionario de amparo, en el sentido de que se le informara el monto de fondo de ahorro para la vivienda 1992 y en cual se le dijo que el saldo a su favor lo es de $1,223.27 (un mil doscientos veintitrés pesos 27/100 moneda nacional), por el Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado; en otras palabras, el acto reclamado fue emitido como contestación a una solicitud hecha en forma escrita, por un gobernado en ejercicio a su derecho de petición, previsto en el artículo 8° constitucional, el cual en forma alguna puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Sobre este aspecto, debe sentarse de forma inconcusa lo que se entiende por autoridad responsable, en ese sentido, el criterio prevaleciente en la jurisprudencia mexicana, lo conceptúa como todo operador de la Administración Pública, sea federal, local o municipal; de naturaleza centralizada o paraestatal, que en uso de las facultades que les son conferidas por las leyes, emiten, ordenan, dictan, promulgan, declaran o constituyen actos, los cuales pueden ser susceptibles de ocasionar afectaciones a los intereses jurídicos de los gobernados, al crear, modificar, extinguir o declarar derechos u obligaciones; o bien, crearles una situación de desventaja particular frente al resto de la colectividad, sin que sea necesario posean la titularidad de algún derecho, puesto que esa circunstancia les otorga un interés legítimo; como ejemplo de ello sobre la materia, podemos tener la clausura de un establecimiento comercial, la imposición de una multa o la aplicación forzosa de una medida sanitaria ante una contingencia epidémica. Sobre este tópico, resulta ilustrativa la tesis aislada Tesis: P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese contexto, el acto reclamado ante esta instancia constitucional, como se ha reiterado, se hace consistir en el oficio DR.XXIV.AD.035/2015, emitido por el Delegado Regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado el cuatro de marzo de dos mil quince, como resultado de una petición previa formulada por la quejosa, mediante escrito dirigido a la titular de esa institución, el cual fue presentado el veintiséis de febrero del año antes dicho. Pues bien, en la especie no le resulta el carácter de autoridad responsable al Delegado del instituto señalado como responsable, toda vez que en un primer momento, el acto per se no reúne las características de unilaterabilidad y coercibilidad, tampoco tiene una repercusión concreta sobre los intereses jurídicos de la quejosa, que todo acto administrativo debe poseer para ser considerado como tal; ni en un segundo aspecto, fue emitido por un ente administrativo en arbitrio de su potestad legal, en un plano de supra a subordinación. Esto es así, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por disposición constitucional, consagrada en forma específica en su numeral 123, apartado A, fracción II, primer y segundo párrafos, se creó como organismo descentralizado público, cuyo fin es primordialmente administrar los recursos de vivienda obtenidos por los trabajadores y patrones, con ello se permita crear un sistema de financiamiento asequible, que permita proveer de viviendas cómodas, amplias e higiénicas, a estos, siempre en un plano de coordinación con sus beneficiarios, tal como lo expresa el artículo 3º de Ley Del Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. . A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: . XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. . ARTICULO 3o.- El Instituto tiene por objeto: I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece. Bajo tesitura, en el caso en estudio el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no actuó con el carácter de autoridad, ya que de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.9/2013 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la circunstancia de que dicho instituto haya informado el monto del fondo de ahorro para la vivienda 1992, sobre los que figura como administrador, únicamente involucra una relación de coordinación propia de su naturaleza antes dicha; ello es así, porque la respuesta emitida no vincula ni afecta la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos; en otras palabras, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda. Efectivamente, cuando se reclama el oficio emitido por dicho instituto que dé respuesta a la solicitud del promovente, sobre el monto de fondo de ahorro para la vivienda 1992, que el quejoso estime de su propiedad, tal circunstancia únicamente le otorga el carácter de administrador, no de autoridad, pues solamente informó sobre el saldo total acumulado; en otras palabras, la vinculación trabajador-beneficiario con el aludido instituto, sólo involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, tal como ha quedado expuesto. Para arribar esa conclusión, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2012, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y que dio origen a la tesis antes descrita, tuvo que elucidar si, para efectos del juicio de amparo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores detenta el carácter de autoridad responsable, sentando medularmente las siguientes consideraciones, cuya síntesis a continuación se expone: I. El acto reclamado en los juicios de amparo fue el consistente en el oficio emitido por el Gerente de Servicios Jurídicos de la Delegación en Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que da respuesta en sentido negativo a la solicitud del promovente sobre la entrega de los recursos acumulados en las subcuentas de Vivienda '92 o '97, que el quejoso estima de su propiedad, bajo el argumento de que se trata de una persona pensionada conforme a un plan privado de su empleador que debía acreditar el registro de tal contratación colectiva ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, invocándose como apoyo el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. II. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado, a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales; es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. III. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Consideración que estima tiene origen en la tesis P. XXVII/97 y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. IV. De acuerdo con los parámetros de análisis jurídico expresados, en la especie interesa definir si existe una relación de supra a subordinación y las notas distintivas de autoridad señaladas, tratándose del vínculo que existe entre un trabajador o titular de recursos de la subcuenta de vivienda frente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto a la administración y disposición de tales fondos, específicamente, cuando éste exclusivamente informa que no existen fondos que restituir a la quejosa. V. Es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado, premisa que en la especie, dijo, no satisface el acto reclamado. VI. Ese extremo no se cumple cuando la negativa de devolución de fondos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no involucra una relación de supra a subordinación con un particular; es decir, en el que no esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, como lo es cuando el referido organismo descentralizado informa que no existen fondos que restituir a la quejosa. VII. Una controversia al respecto con el particular no la define por sí y ante sí el instituto de vivienda, porque no es quien decide con imperio en tales casos, sobre el destino y existencia de los recursos de vivienda, sino ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VIII. El oficio mediante el cual sólo informa que no existen fondos que restituir a la quejosa, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos. La relación jurídica que une al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los trabajadores inscritos o sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. IX. De los artículos 1, 2, 3, 65, 34 y 43 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte, entre otras cosas, que se crea un organismo de servicio social constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto administrar los recursos del Fondo; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones; construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean; o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores. X. A partir de lo anterior, cuando un trabajador solicita al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores un crédito o la información prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente administrador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. XI. El oficio mediante el cual el señalado instituto sólo informa que no existen fondos que restituir a la quejosa, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí, la situación jurídica de la parte quejosa, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos. XII. Bajo ese plano de ente administrador de fondos de vivienda frente al trabajador no actúa como autoridad que puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al destino o existencia de los señalados recursos en perjuicio del trabajador, al igual que lo conducente a su devolución, pues cualquier determinación que en ese sentido adopte es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral como lo prevé el artículo 53 de la legislación del Instituto. XIII. Como "organismo de servicio social" constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propios, que administra "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" no se encarga de administrar "bienes del Estado", sino "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", que se destinan a crear y operar el sistema de financiamiento a que se hizo referencia, así que como ente administrador sus actos u omisiones son susceptibles de control jurisdiccional por los órganos de justicia laboral en cuanto a esa esfera de su actuación, pues cuando dicho Instituto contesta a un trabajador o sus beneficiarios que no existen fondos que restituir a la quejosa, no modifica o extingue por sí y ante sí, ese derecho. XIV. Además, en ese plano, el Instituto tampoco actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al sujeto trabajador, ya que si no puede decidir en forma terminal sobre su devolución, lo que conteste dicho organismo para concluir que no existen tales fondos, tampoco obliga o vincula coactivamente al afectado, porque éste válidamente puede demandar a dicho ente administrador para conminarle a que cumpla, como organismo con personalidad y patrimonio propio, con el deber de su devolución, de acreditarse los extremos para ese efecto. XV. Lo anterior refleja que las relaciones jurídicas que se actualizan entre el trabajador o beneficiarios frente al mencionado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia del derecho de disponer sobre los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, es bajo un plano de coordinación entre el ente administrador y el interesado, desde el instante que pueden ser sometidas a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. XVI. Luego, una respuesta negativa sobre su entrega no comprende un acto de autoridad para efectos del amparo en tanto no fue elevada por un ente estatal con el cual estuviera comprendida una relación de supra a subordinación, ya que en la legislación que rige tal acto se prevé el procedimiento ordinario necesario para ventilar el conflicto entre el ente administrador y el administrado, como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. XVII. De ahí que el mencionado organismo descentralizado no pueda tener el carácter de autoridad cuando el acto reclamado tiene origen en su calidad de ente encargado de la administración de los recursos de vivienda, sin que esté de por medio el despliegue de una potestad administrativa irrenunciable, cuya naturaleza sea de derecho público. Esto es, en que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a estos, ni del consenso de la voluntad del afectado. Empero en la aludida contradicción de tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasó inadvertido que en la jurisprudencia 2a./J.149/2011, dicha sala había considerado que el propio Instituto está involucrado en el despliegue de una potestad pública imperativa, que tiene origen en una relación de supra a subordinación, como ha sido en la hipótesis en que aplica el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, esto es, cuando dicho instituto transfiere al Gobierno Federal los recursos de las subcuentas de vivienda posteriores al tercer bimestre del referido año, con motivo de que un trabajador hubiere accedido a una pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres. De allí que, cuando los gobernados, en ejercicio de su derecho de petición, soliciten a dicho instituto informe sobre el saldo del fondo de ahorro para la vivienda, que aportaron a lo largo de toda su vida laboral del trabajador, por diversos conceptos, como en el caso concreto lo son los recursos de la subcuenta vivienda 1992; montos que, si bien es cierto, legalmente le corresponden administrar, no se le puede considerar como autoridad responsable, al no colmarse los requisitos antes dichos, de allí que la acción de amparo intentada, en contra de actos de esta naturaleza y en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulte improcedente, conforme el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, como se hizo alusión en párrafos que anteceden, resulta aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2013 (10a.), por contradicción de tesis, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1283, Tomo 2, Libro XVIII, Marzo de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." Sin que pasen inadvertidas las tesis jurisprudenciales 2ª./J. 149/2011 y 2ª./J. 92/2011, de rubros "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, POSTERIORES AL TERCER BIMESTRE DE 1997." y "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA DE APORTACIONES FUNDADA EN EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.", puesto que en ellas la razón decisoria se circunscribe a establecer que, ante el supuesto que se reclame por vía constitucional concretamente el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, y como acto de aplicación de ese numeral la negativa de la devolución de los fondos de vivienda 97, únicamente bajo ese evento sí le resulta el carácter de autoridad responsable al multicitado instituto, al efectuar un acto unilateral con fundamento en el citado precepto, que limita la disposición de esos fondos a sus legítimos propietarios, que son los trabajadores-beneficiarios, produciéndose un menoscabo a su esfera jurídica, al ser remitidos al Gobierno Federal; jurisprudencias firmes y obligatorias que no resultan aplicables a la presente litis constitucional, toda vez que de la lectura completa de la demanda de garantías, no existe el mínimo bosquejo de alusión a esa situación, ni aún como acto destacado, al solo reclamarse la información dada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en cuanto al saldo del fondo de ahorro para la vivienda, como resultado de una petición previa y ser contestada por el instituto aludido, de una forma carente de fundamentación y motivación. Además, a fin de ser exhaustivos al dilucidar la presente controversia, es menester precisar que, aún y cuando todos los argumentos vertidos por el impetrante de amparo en su demanda, están encaminados a evidenciar una infracción de índole formal en el acto reclamado, relativa a su falta de fundamentación y motivación, es evidente que el trasfondo del asunto existe inconformidad en cuanto a que el saldo total del fondo de ahorro para la vivienda, es una cantidad mínima; siendo este una causal subsidiaria de improcedencia, como ya se vislumbró en las consideraciones anteriores. Así es, pues por disposición expresa de la Ley Del Instituto Del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, concretamente en su precepto número 53, establece toda controversia suscitada entre los beneficiarios o trabajadores y el Instituto Del Fondo Nacional de La Vivienda para Los Trabajadores se tendrá que dirimir ineludiblemente ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. ARTÍCULO 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Por ese motivo, la reclamación sobre la información del saldo total para el ahorro para la vivienda aportado por el trabajador por concepto de vivienda 1992, que no hubiesen sido utilizados en algún crédito de vivienda, como dispone el artículo 43 Bis del citado ordenamiento, al tener la naturaleza de prestación principal, y consistir en un menoscabo del patrimonio del referido instituto, no puede reclamársele directamente, ni mucho menos ante un tribunal constitucional, como lo es un Juzgado de Distrito. De allí que también se torne improcedente el juicio de amparo intentado en contra de ese tipo de actos, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Los Trabajadores, en su numeral 53, puesto que, como instancia previa, se debe de acudir a la potestad ordinaria, siendo en el caso concreto las aludidas juntas de conciliación y arbitraje federales. Hecha excepción ya referida, relativa a que se impugne la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la última de las legislaciones en cita, situación que se reitera, no acontece en la presente controversia. En ese sentido cobra aplicación la jurisprudencia, por reiteración de criterios, XV.4o. J/14, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 2986, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son transcritos: "INFONAVIT. SUBCUENTA DE VIVIENDA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE LA INTEGRAN, SI PREVIAMENTE NO SE PROMUEVE JUICIO LABORAL ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.144/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 327, de rubro: "INFONAVIT. CUANDO A ESTE ÓRGANO FEDERAL SE LE DEMANDA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS APORTADOS A LA SUBCUENTA DE VIVIENDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE LO REGULA, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LITIS SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PORQUE DICHA PRESTACIÓN ES PRINCIPAL.", sostuvo que cuando los trabajadores o sus beneficiarios demandan de ese organismo descentralizado, en términos del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la transferencia a la Administradora de Fondos para el Retiro de los recursos de la subcuenta de vivienda que no se hubiesen aplicado en términos del artículo 43 Bis del mismo ordenamiento, la prestación relativa tendrá el carácter de principal, por afectar el patrimonio del indicado instituto, de ahí que la competencia para conocer de la litis se surte a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, se concluye que, cuando en la demanda de garantías, el acto reclamado se hace consistir en la devolución de los recursos que integran la subcuenta de vivienda (Régimen 97), el juicio de amparo indirecto es improcedente, conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con el artículo 53, de la ley del referido instituto, por lo que procede su sobreseimiento con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque el agraviado, para cumplir con el principio de definitividad, debió formular su reclamación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia ordinaria de defensa a la que debió acudir, antes de promover el juicio de garantías. Salvo que se reclame la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contra el cual sí procede el amparo indirecto." En las relatadas condiciones lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme todas las consideraciones vertidas en esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO BECERRA BECERRA, contra la autoridad responsable señalada en resultando primero y en cuanto a los actos precisados en el considerando II.1, de este fallo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES.
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