Ana Teresa Martinez Aguerrebere

Expediente 926/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
926/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Ana Teresa Martinez Aguerrebere
  • Juez de Control de la Región Judicial Sur Con Sede En Izúcar de Matamoros, Puebla (Juan Carlos Malpica Alandro)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Isaac** En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 926/2020-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Ana Teresa Martínez Aguerrebere, y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, turnado el mismo día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, Ana Teresa Martínez Aguerrebere, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "La Autoridad Responsable es el Juez de Control Juan Carlos Malpica Aladro adscrito a la Región judicial Sur del Poder judicial del Estado de Puebla. Los Actos Reclamados son las sanciones impuestas a mi persona en la audiencia de vinculación a proceso de fecha 21 de noviembre del 2020 dentro de la causa penal 104/2020/MATAMOROS y carpeta de investigación 817/2020/IZUCAR." (foja 1 vuelta). La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías vulneradas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del Juicio. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado registró la demanda de amparo indirecto bajo el número 926/2020-D, se previno a la parte quejosa para el efecto siguiente: "PRIMERO. Manifieste, si lo que reclama de la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Sur, en el Estado de Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro, es la sanción que refiere que se le impuso en la audiencia de vinculación a proceso celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 104/2020/MATAMOROS; o bien, el apercibimiento por parte de dicho juzgador de aplicarle una sanción. SEGUNDO. Indique a esta potestad Federal, en que consiste la "sanción" que refiere le "impuso" la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Sur, en el Estado de Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro, toda vez que fue omisa en especificar a cuál sanción se refiere, pues únicamente aduce que afecta su patrimonio y su libertad. (.)" (fojas 5 a 11) En proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte (fojas 13 a 16), con motivo de que la quejosa dio cumplimiento a la prevención, la demanda se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, entre otras determinaciones (foja 20). Tercero. Ampliación de demanda. Por auto de once de enero de dos mil veintiuno (fojas 32 a 34), se tuvo a la quejosa ampliando la demanda respecto del acto reclamado consistente en: Oficio número 951/2020-MAT de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 104/2020/MAT y carpeta de investigación 817/2020/IZUCAR que contiene la medida de apremio consistente en la vista al Fiscal General del Estado. Por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad judicial responsable, y se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Cuarto. Cita para audiencia constitucional. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 37) se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades penales con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa esencialmente reclama del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, en la causa penal 104/2020/MAT, lo siguiente: La medida de apremio consistente en multa o arresto impuesta a la quejosa en la audiencia de vinculación a proceso de veintiuno de noviembre de dos mil veinte. El oficio número 951/2020-MAT de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 104/2020/MAT, que contiene la medida de apremio consistente en la vista al Fiscal General del Estado de Puebla. Tercero. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado consistente en la medida de apremio consistente en multa o arresto en contra de la quejosa, pues informó que mediante oficio se dio vista a su superior jerárquico en relación a la irregularidad que se cometió en la diligencia de levantamiento de cadáver, para tal efecto remitió la copia del oficio 951/2020-MAT, de veintiuno de noviembre de dos mil veinte (fojas 24 a 26). En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad responsable, y toda vez que la quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." II. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el oficio número 951/2020-MAT, de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 104/2020/MAT, que contiene la medida de apremio consistente en la vista al Fiscal General del Estado de Puebla (foja 44). Lo que se corrobora con la documental citada, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene como cierto. Cuarto. Oportunidad de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues tuvo conocimiento del acto reclamado con motivo de la vista que se le dio con el informe justificado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte; por tanto, si presentó la ampliación de la demanda de amparo el ocho de enero de la presente anualidad, se estima que la promoción es oportuna. Quinto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que este Juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En principio se destaca que la quejosa reclama el oficio número 951/2020-MAT de veintiuno de noviembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 104/2020/MAT, que contiene la medida de apremio consistente en la vista al Fiscal General del Estado de Puebla. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al dispositivo 107, fracción V, del propio cuerpo normativo, este último interpretado en sentido contrario, al estimar que la determinación reclamada no tiene efectos de imposible reparación. Disposiciones legales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas fundamentales: como la vida, la integridad personal, la propiedad, entre otros, porque esta afectación o sus efectos, no se destruirían fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando solo afecten derechos adjetivos o procesales. Bajo ese marco, se estima que el juicio de amparo es improcedente contra actos de naturaleza procesal que no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos humanos de la quejosa. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), dela Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Ahora bien, es pertinente conocer el contenido del oficio reclamado, el cual contiene lo siguiente: Como se aprecia, el juez de Control responsable ordenó dar vista al Fiscal General del Estado, para que iniciara la investigación respectiva a fin de deslindar las responsabilidades, ante la irregularidad que se cometió en la diligencia de levantamiento de cadáver, al haberse movido el cuerpo, sin que se realizara dicha actuación; y, que esa diligencia la efectuó la perito Ana Teresa Martínez Aguerrebere, aquí quejosa, y no por la persona asignada por el Agente del Ministerio Público. Cierto, no obstante que se recurre una determinación emitida en una audiencia de vinculación, se considera que no es de aquellos que sean de imposible reparación, que pueda causar daño o perjuicio a la quejosa. Lo anterior es así, ya que aun cuando el juez de Control ordenó dar vista al Fiscal General del Estado respecto de determinada conducta de alguna de las partes que auxiliaron en la investigación, que pudiera ser constitutiva de un hecho con apariencia de delito, es solo un aviso y cualquier afectación se condiciona a la actuación del Ministerio Público ya sea en una carpeta de investigación o procedimiento administrativo, en donde cuenta con oportunidad probatoria previo a que se actúe en su contra. Sin que tal evento deje a la parte quejosa en estado de indefensión, porque como se dijo, de efectuarse una investigación por parte del representante social aquélla tendrá oportunidad de exponer su defensa y en su caso, acreditar que no incurrió en alguna responsabilidad administrativa o de carácter penal. Aunado a que la posible afectación a su esfera jurídica, estaría sujeta a la apreciación del Fiscal General del Estado, para determinar si la conducta denunciada amerita o no se formule imputación en su contra, o en su caso, el inicio de un procedimiento administrativo; lo cual tampoco restringe los derechos de la ahora recurrente, sino que el acto que pudiera afectarle lo sería en todo caso, el que dictara la autoridad judicial, acogiendo las pretensiones que el Ministerio Público llegare a formularle, acto contra el cual quedarían expeditos para la recurrente, todos los recursos y medios de defensa que la ley confiere. Máxime, que el pronunciamiento que al respecto pudiera emitir este resolutor implicaría que el Poder Judicial determinara sobre la procedencia de la acción persecutoria o administrativa, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social, lo cual se traduciría en una invasión a la esfera competencial de ésta. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido inverso de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Ana Teresa Martínez Aguerrebere, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, en términos de los considerandos tercero, apartado I, y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable, así como a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por Mario Eduardo Bernal Vázquez -autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo- y anexo. Al respecto, primero debe decirse que dicho escrito se encuentra firmado electrónicamente porque cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que el promovente Mario Eduardo Bernal Vázquez -autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentran vigente. Sentado lo anterior y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de Amparo, téngase al ocursante ofreciendo como pruebas de su parte, las que refiere en su escrito de cuenta (documental publica), mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de once de enero pasado, se tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda de la parte quejosa, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que el termino de quince días, rindiera su respectivo informe justificado. Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data no transcurren los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la referida autoridad responsable 1. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla: Juan Carlos Malpica Aladro, remita su informe justificado. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la misma. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

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