Ana Olivia Salmoran Sanchez
Expediente 1109/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ana Olivia Salmoran Sanchez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito signado por Antonio Calderón Dogre, apoderado general de la moral quejosa "Autobuses de Oriente A.D.O", Sociedad Anónima de Capital Variable; y, en atención a su contenido, téngase al ocursante dando contestación a la vista otorgada mediante proveídos de veintiuno y veintidós de julio pasado (fojas 1000 y 1027, respectivamente), en relación a las constancias remitidas por el Director General de Autotransporte Federal, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto hace a la petición del ocursante en el sentido de que se requieran diversas constancias al Director General de Autotransporte Federal, así como al Secretario de Comunicaciones y Transportes; al respecto, resérvese proveer lo conducente hasta la celebración de la audiencia constitucional. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quienes deberá comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. Finalmente, dada la voluminosidad del expediente en que se actúa, previa certificación que se realice por conducto de la Secretaria que corresponda, se ordena formar el tomo II de este sumario constitucional; lo anterior, a efecto de facilitar el manejo del mismo.
- Incidental
(CAPTURA CITATORIO, INCIDENTE DE SUSPENSIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE JULIO DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el último párrafo del artículo 122 de la Ley de Amparo abrogada, con las copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1109/2016-III-A, promovido por ********************, contra actos de las autoridades responsables: 1. Juez Primero en Materia Penal de la ciudad de Puebla y 2. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta). En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, no obstante que la parte quejosa haya señalado autoridades en cuya jurisdicción ya se encuentra vigente el nuevo sistema penal acusatorio, pues las autoridades que fueron señaladas como ordenadoras conocen del sistema penal tradicional, lo cual hace evidente que el presente incidente de suspensión deba tramitarse con la Ley de Amparo abrogada. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial 1a./J. 32/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se le impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo en abrogada, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden aprehensión, así como su ejecución. Atento a lo anterior, se procede a proveer respecto a la suspensión provisional de los citados actos reclamados de la siguiente manera: Por cuanto hace a la orden de aprehensión reclamada por la quejosa, con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el delito atribuido a la peticionaria del amparo por el que se dictó la resolución combatida se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que la quejosa al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluida, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. a) Se requiere al juez penal responsable para que en el término de veinticuatro horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan ordenado la aprehensión de la parte quejosa y, de ser necesario, remitan copia certificada de las constancias conducentes, asimismo, para que manifiesten el origen del acto reclamado, y si éste se dictó para el cumplimiento de una sentencia firme en el ámbito penal, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se le impondrá una corrección disciplinaria equivalente a diez veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. b) Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días precise, bajo protesta de decir verdad, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe, con el apercibimiento de que de no hacerlo se fijará discrecionalmente el monto de la caución que corresponda. c) Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar al promovente en el reclusorio correspondiente. Signifíquese a la parte peticionaria del amparo que las obligaciones descritas en los párrafos precedentes, serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. d) Requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que a más tardar en la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, informen del cumplimiento dado a lo señalado en el inciso anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 55, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se les impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad de diez veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.. Con idéntico apercibimiento se les requiere para que informen si a la parte quejosa ya se le resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en éste. e) Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al Juez responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte inconforme que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas o si se sorprende a la parte inconforme en la comisión flagrante de delito. En caso de que el acto reclamado consista en una orden de reaprehensión dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, procede conceder la suspensión contra dicho acto para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 369/2009 de la Sala Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. Lo anterior no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento de la impetrante del amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresamente por la quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la tesis de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto no exhibe una garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 136 del ordenamiento legal en cita abrogado, cantidad que se fija de manera discrecional por no contar con la información para decretarla en términos del precitado numeral 124 bis, esto es: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; II. La situación económica de la parte quejosa; y, III. La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias en términos de los artículos 124 bis y 138 de la Ley de Amparo abrogada, a fin de que la quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que el inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que el promovente en su demanda de garantías no proporciona datos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. En otro orden, como lo solicita la ocursante, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada del presente proveído; previa razón que de recibo de las mismas se asiente en autos, en el entendido de que dicho trámite sólo podrán realizarlo en el horario correspondiente de diez a doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado. De conformidad con el numeral ********************del Código Federal de Procedimientos Civiles, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente"
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