Anahi Cortes Gonzalez

Expediente 941/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
941/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Anahi Cortes Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 426/2023/ACATLÁN, remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución, Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, Salvador Hernández Martínez, mediante el cual, acusa de recibo el oficio 1500 de nueve de mayo de dos mil veintitrés, al cual se adjuntó dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 17/2022/ACATLÁN, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. AVISO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó vía correo electrónico institucional. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de abril al ocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Anahí Cortés González, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver al 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, en Izúcar de Matamoros, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 17/2022/ACATLÁN, que obran en autos del presente juicio de amparo. Se requiere a la responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, apercibida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE. Finalmente, dado el estado procesal que guarda este sumario constitucional, se ordena entregar a la quejosa Anahí Cortes González, el billete de depósito N-896689 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), valido por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), debidamente endosado a su favor, previa razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo para los efectos legales correspondientes. En el entendido, que para la entrega del referido certificado bancario, la quejosa Anahí Cortes González, deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del horario comprendido entre las diez horas y las doce horas, únicamente los días martes y jueves de cada semana, para lo cual, deberá acompañar el original de su identificación oficial y copia simple de la misma. Apercibida, que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de abril al ocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y protección de la justicia federal, a Anahí Cortés González, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver al 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, en Izúcar de Matamoros, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), dos discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 17/2022/ACATLÁN, que obran en autos del presente juicio de amparo. Se requiere a la responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, apercibida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE. Finalmente, dado el estado procesal que guarda este sumario constitucional, se ordena entregar a la quejosa Anahí Cortes González, el billete de depósito N-896689 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), valido por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), debidamente endosado a su favor, previa razón de recibo que otorgue en autos y en el libro respectivo para los efectos legales correspondientes. En el entendido, que para la entrega del referido certificado bancario, la quejosa Anahí Cortes González, deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del horario comprendido entre las diez horas y las doce horas, únicamente los días martes y jueves de cada semana, para lo cual, deberá acompañar el original de su identificación oficial y copia simple de la misma. Apercibida, que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Al respecto, se tiene que por sentencia firmada y autorizada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a *** o ***, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a *** o A***, para que -de inmediato- la juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, en Izúcar de Matamoros, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), realice lo siguiente: 1. Cite a las partes a una nueva audiencia donde: - Dejará insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de agosto de dos mil veintidós, dictado contra a *** o ***, en el proceso penal 17/2022/ACATLÁN. - Enseguida, sin dar intervención a las partes y bajo los lineamientos precisados en esta sentencia, emitirá un nuevo fallo para resolver la situación jurídica de la imputada donde establecerá que los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía resultaron suficientes para establecer, en cierto grado de probabilidad, la comisión del hecho que la ley señala como delitos de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previstos y sancionados por el artículo 258, fracciones I y III, del Código Penal del Estado de Puebla, así como la probabilidad de que *** o *** haya participado en su comisión. -Que no obstante ello, en el caso se actualiza la causa de exclusión del delito prevista por el artículo 26, fracción XI, inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, relativa al error de tipo. - En consecuencia, emitirá un auto de no vinculación a proceso a favor de *** o ***, por lo que dejará insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva a ella impuesta y ordenará su inmediata libertad, sólo por cuando hace a la causa penal 17/2022/ACATLÁN. Cabe resaltar que la nueva audiencia, en que se dé cumplimiento al fallo protector deberá ser presidida por la juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, en Izúcar de Matamoros, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), pues de no hacerlo así, se corre el grave riesgo de quebrantar los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que rigen en el sistema acusatorio y oral. 2. Notificará dicha resolución a *** o ***, así como a su defensa. 3. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. La presente sentencia de amparo surte sus efectos de manera inmediata, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la ley de la materia, pues la concesión de amparo no se da por vicios formales y los hechos con apariencia de delitos que se imputan de forma probable a la imputada, no son de los que ameritan prisión preventiva oficiosa de acuerdo con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tal virtud, se ordena a la juez responsable que de manera inmediata cumpla con los efectos establecidos en la presente sentencia, sin perjuicio de que la misma pueda ser revocada o modificada por el Tribunal de alzada a través del medio de defensa legal que se legalmente se interponga. Para dar margen a lo anterior y a fin de que la quejosa no evada la acción de la justicia, conforme al último párrafo del citado artículo 77 de la ley de la materia, se fijan las siguientes medidas de aseguramiento: ( -La presentación periódica los viernes de cada semana ante la dependencia que el juzgado de origen designe y que sea la más cercana al domicilio de la quejosa, para recabar las firmas que acrediten la asistencia de ésta, a partir del viernes tres de diciembre de dos mil veintidós. -Dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente sentencia, la quejosa deberá exhibir una garantía económica, la cual se fija de forma discrecional por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera.), debiendo acompañar una fotocopia del documento donde conste ésta. Medidas de aseguramiento que tendrán vigencia hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el presente juicio de derechos fundamentales, en el entendido de que si el Tribunal de Alzada revoca la sentencia para sobreseer el amparo o negar el mismo, la quejosa deberá presentarse ante la juez de origen para la continuación del procedimiento. Signifíquese a la juez responsable que deberá informar el cumplimiento o incumplimiento de la quejosa la primera medida de aseguramiento decretada. Apercibida que de no cumplir con tal requerimiento, se le impondrá a la responsable una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. De igual modo, se apercibe a la quejosa que de no cumplir con las medidas de aseguramiento impuestas en los términos indicados, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase saber a la demandante constitucional que en caso de exhibir la garantía y no acatar con la medida de presentarse periódicamente ante la dependencia que para tal efecto señale el juzgado de origen, se harán efectivas dichas garantías en favor del Erario Federal." En acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio 214/20222-ACATLÁN y anexos, remitidos por la autoridad responsable, con los que informó las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y se reservó acordar lo conducente hasta que ésta adquiriera firmeza. Inconforme con el fallo protector, el agente del Ministerio Público de litigación adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó bajo el número R-345/2022, donde mediante resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, determinó confirmar la sentencia alzada. Así las cosas, en auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de referencia y, entre otras cosas, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias enviadas por la jueza responsable. Constancias de las que se observa que en el proceso 17/2022/ACATLÁN, la jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, en Izúcar de Matamoros, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto): -Mediante determinación de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, señaló las nueve horas del veintinueve siguiente, para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de amparo. - En dicha audiencia, en lo que interesa: 1. Dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso - dictado en contra de la parte quejosa- en audiencia oral pública celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós. 2. Emitió, sin dar intervención a las partes, una nueva resolución, en la que dictó a favor de la aquí quejosa ***, auto de no vinculación a proceso por los hechos con apariencia de delito de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes y condecoraciones, previsto y sancionado por el artículo 258 fracciones I y II, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la sociedad, al actualizarse la causa de exclusión de delito prevista en el artículo 26, fracción XI, inciso a), del Código Penal del Estado de Puebla, relativa al error de tipo. 3. Dejó insubsistente la medida cautelar impuesta a la citada quejosa, consistente en prisión preventiva justificada impuesta en audiencia de diez de agosto de dos mil veintidós y, por ende, ordenó su inmediata libertad, lo que ordenó comunicar al Director del Centro Penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla y, al Director de la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal, para los efectos legales procedentes. 4. En la propia audiencia celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la jueza responsable notificó a las partes intervinientes las determinaciones emitidas en ella 5. Se le hizo saber a la aquí quejosa, que con la finalidad que no evadiera la acción de la justicia, le impondría como medida de aseguramiento, la presentación periódica los viernes de cada semana, en un horario de ocho a quince horas, ante la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal más cercana al lugar de su residencia; por lo que se fijó la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal de la Región Judicial Sur, ubicada en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, Puebla. Lo que se obtiene de las documentales y registro audiovisual contenido en el disco versátil digital, glosados a fojas 347 a 353 de autos. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la jueza responsable, se obtiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

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