Ana Paula Ramirez Espinoza

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Ana Paula Ramirez Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. SE ACUERDA ESCRITO DE CUENTA. Agréguese a los presentes autos, el escrito aclaratorio de demanda presentado por la quejosa Ana Paula Ramírez Espinoza, mediante el cual, desahoga el requerimiento preventivo formulado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. (...) Así, respecto del citado acto reclamado, el suscrito juzgador Federal advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto a vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) En ese tenor, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Javier Vázquez Fernández), dentro de la carpeta judicial administrativa NIC. 98/2021/CJP/PUEBLA; a través de la cual, se negó a conocer del recurso innominado interpuesto - en su carácter de víctima- en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada por el agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación CDI- 2314/2020/UVFYDG -en la que denunció hechos con apariencia del delito de violencia familiar-, por estimar que carece de competencia legal, sin que haya declinado su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional. Por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (...) Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, a efecto de que se examine nuevamente y se resuelva lo que conforme a derecho corresponda, pues se trata de un proveído de trámite, que no resuelve en definitiva el asunto, y que se resolvió sin sustanciación, es decir, sin debate previo de las partes. El trámite para impugnar tales determinaciones se encuentra previsto en el artículo 466 del Código antes indicado. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual la quejosa quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de Amparo; por lo que, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. (...)".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 20520/2021, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual remite el diverso oficio III-1807/2021, de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se acordó en autos el referido oficio del tribunal de alzada. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el oficio III-1807/2021, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 441/2021 de nuestro índice, toda vez que no aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda planteada por Ana Paula Ramírez Espinoza, por razón de vía, según lo expuesto en proveído de dieciocho de mayo del año en curso en el expediente D-52/2021 de su índice. Por tanto, el suscrito juez de Distrito se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo establecido por los artículos 108 fracción II, y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa Ana Paula Ramírez Espinoza, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Indique el domicilio actual y correcto del imputado Adrián Emmanuel Quiroz Bautista dentro de la carpeta de investigación CDI-2314/2020/UVFYDG, que dio origen a la carpeta judicial administrativa NIC. 98/2021/CJP/PUEBLA; ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercera interesada en este juicio. Toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que dicha indagatoria fue iniciada por la quejosa por posibles hechos constitutivos del delito de violencia familiar, siendo omisa en señalar el domicilio del inculpado Adrián Emmanuel Quiroz Bautista, lo que hace imposible su emplazamiento; aunado a que omitió manifestar, bajo protesta de decir verdad, que desconoce domicilio; requisito que, de conformidad a lo establecido por el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, constituye una de las cargas procesales que la parte quejosa debe cumplir. Lo que se traduce en que la parte quejosa debe señalar el nombre y domicilio de todas las partes a fin de que éstas puedan ser llamadas al juicio constitucional y tengan la oportunidad de probar y alegar en su favor sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues de lo contrario, los terceros interesados quedarían en estado de indefensión. Sustenta lo antes expuesto, el siguiente criterio: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Así como la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, el suscrito juez de Distrito se encuentra imposibilitado para suplir tal omisión, pues uno de los requisitos que prevé el artículo 108 de la Ley de Amparo, es indicar con precisión el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que la presente prevención es con el fin de que subsane las irregularidades ya precisadas, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y por oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

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